La impunidad como norma
Mientras el país se enfoca en disputas entre presidenciables y especulaciones sobre el nuevo Papa, en una casa de San Joaquín un joven presencia cómo el hombre que lo dejó sin un ojo queda libre porque su caso fue cerrado.
Esta es la realidad de cientos de víctimas de trauma ocular en Chile, que, desamparadas por el Estado, ven cómo la impunidad se impone sobre la verdad y la justicia que tanto hemos demandado desde la Revuelta Popular.
La impunidad se ha convertido en norma. El camino entrampado de mentiras y desinterés de las grandes autoridades ha cimentado una práctica que se repite. Lo dijo Amnistía Internacional Chile en su último informe anual: en el país impera la impunidad y el abandono. “No hubo ningún proyecto de ley en relación con la reparación a las víctimas de las violaciones de derechos humanos cometidas durante las protestas”. Esto, pese a la existencia de un proyecto que como víctimas creamos y presentamos en diciembre del año pasado, y que aún no tiene respuesta.
A cinco años del Estallido Social, la justicia ha actuado solo en casos muy particulares. Otros siguen en juicio, como el de Gustavo Gatica, quien recibió el apoyo de toda la Mesa de Derechos Humanos por una Vida Digna, sus agrupaciones y muchas personas que entendieron lo que aquí pasó. Mientras tanto, más de 450 víctimas siguen esperando.
Los registros de Claudio Crespo, revelados hace más de una semana por Ciper, confirman nuestra tesis como víctimas: la violencia policial existió, atacó y cegó; amenazó con arrancar los ojos, y lo concretó. La respuesta institucional ha sido el silencio o el abandono.
También es impunidad lo que ocurrió la semana pasada con el proyecto que regula el uso de la fuerza. Desde el Senado se despachó a tercer trámite sin artículos tan relevantes como la proporcionalidad o la prohibición de disparar al rostro. El Ejecutivo no logró organizar a sus parlamentarios y ni siquiera defendió estos principios en Sala. Esa omisión también es impunidad.
Y no hablamos solo de inacción. Hay sectores que justifican abiertamente la violencia estatal. Johannes Kaiser y José Antonio Kast, hoy aspirantes a La Moneda, no dudaron en decir —una vez conocidos los videos— que Carabineros y militares “debieron haber disparado a la gente con munición real”, como si eso no hubiese ocurrido.
No estamos pidiendo buenas voluntades. Exigimos verdad, justicia y reparación integral. Esa es la deuda que el Estado tiene con las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el Estallido Social. Una deuda que sigue creciendo ante la ausencia de respuestas y de voluntad política.
Ante esta realidad desoladora, recobra el valor la noticia de la Corte Suprema que dictó que el militar culpable de su asesinato de Romario Veloz cumpla cárcel efectiva. Un triunfo para su familia, en especial para su madre, Mery Cortez, quien no ha cesado en la lucha por justicia para su hijo.
No debemos dejar de luchar. Tal como lo hacemos en la Mesa de DD.HH. por una Vida Digna, junto a las organizaciones del ayer y del hoy, seguiremos hasta conseguir que el respeto irrestricto de los Derechos Humanos sean la norma.