Comisión por la Paz y el Entendimiento: ni el primer ni el último paso

Este miércoles está venciendo el plazo para la entrega del informe de la Comisión por la Paz y el Entendimiento y aún hay incertidumbre sobre si sus integrantes podrán consensuar un texto. A la luz de las expectativas que autoridades e integrantes del sistema político habían explicitado, se hace necesaria una pregunta que ha pesado desde el inicio del proceso y puede ser que hoy más que nunca: ¿Se le pidió demasiado? 

Porque si se espera de este trabajo una solución final al conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, el error no es del informe ni del trabajo de sus integrantes, sino de una mirada que no comprendió o prefirió omitir la complejidad histórica, cultural y política del problema. En un país que ha tendido a buscar soluciones administrativas para cuestiones estructurales, parecería más conveniente valorar este documento como un paso más, un aporte en un proceso que ha sido y será necesariamente largo y que requiere paciencia, escucha y voluntades permanentes.

Parte de la complejidad recién descrita tiene que ver con el dilema de la composición de la Comisión, que ha procurado ser representativa de los distintos intereses y sensibilidades en la zona, pero que ha optado por la exclusión de los grupos que han actuado en la región al margen de la legalidad vigente. Desde la lógica institucional, podría parecer razonable no sentar a estos grupos en una mesa oficial, pero si se acepta que el conflicto es político —y no meramente delictual—, entonces resulta evidente que no habrá solución estable sin abordar esa dimensión, de alguna manera y en algún momento que no es necesariamente aquí y ahora. La experiencia internacional lo ha demostrado: en Irlanda con el IRA, en Colombia con las FARC, la paz se construyó también con quienes inicialmente parecían los más distantes del diálogo. No se trata de legitimar métodos, sino de reconocer su lugar en la ecuación real del conflicto.

Durante las últimas décadas, la cuestión mapuche se ha vuelto cada vez más importante y ha interpelado a autoridades e instituciones de distintos modos. Por ejemplo, en los fallidos procesos constitucionales. En septiembre de 2022, el rechazo a la plurinacionalidad pudo parecer para algunos el cierre del proceso, pero en una perspectiva más larga evidentemente no iba a borrar la percepción de que existe una deuda histórica con el pueblo mapuche. Ese fracaso, leído con el paso del tiempo, puede mostrar con mayor claridad que hubo un voluntarismo que no conectó con el estado del sentido común nacional. Pero eso no implica que el problema se haya esfumado.

Negar el conflicto o creer que basta con estrategias de control territorial —como el estado de excepción que se ha vuelto rutina en el sur— a la larga no hará más que agravar la fractura. Es el Estado el que debe avanzar, incluso si la sociedad no lo exige con claridad en determinadas coyunturas, y por eso la valoración de esta instancia. Pero, por lo mismo, sabio sería ponderar su aporte en la justa medida y no pedirle solucionar, por sí solo, un conflicto que es demasiado grande y complejo para una sola instancia.