CEI casa Allende: encargada de revisar decreto supremo reconoce que conocía inhabilidad de senadora Allende y ministra Fernández

Tras el histórico fallo del Tribunal Constitucional que cesó del cargo a la senadora Isabel Allende, se realizó este lunes una nueva sesión de la Comisión Especial Investigadora por la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende. Instancia donde fueron citados el ministro del Interior, Álvaro Elizalde; la jefa de la división jurídica-legislativa de la Segpres, Francisca Moya; y al asesor de dicha cartera, Lucas Vera.

Entre los objetivos de la sesión, presidida por el diputado de Renovación Nacional, Andrés Longton, se buscó esclarecer por qué, luego de que dos ministras dejaran su cargo en el Gobierno, los funcionarios que revisaron y no advirtieron la inhabilidad siguen aún en funciones.

Sobre el decreto 38 que autorizaba la compra de la casa, Elizalde, quién asistió en calidad de ex ministro de la Segpres al momento de la fallida compra, explicó que el proceso inició en el Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio, luego de la aprobación de la glosa respectiva, y después se radicó en el Ministerio de Bienes Nacionales. Por tanto, la elaboración del acto administrativo, estuvo radicado en el ministerio respectivo, señaló el secretario de Estado.

Además, Elizalde destacó en la instancia que “el decreto que se aprobó por el Presidente de la República fue revisado y fue tomado razón por la Contraloría General de la República, dando cuenta que no había ningún vicio, ningún problema de juridicidad o problema administrativo”.

Por su parte, Francisca Moya expuso acerca del funcionamiento de la división jurídica-legislativa de la Segpres y su rol en la polémica. Allí, recalcó que les corresponde efectuar, sin competencia resolutiva, la revisión técnico legal de los decretos supremos, entre otras materias.

Específicamente de la revisión del decreto que firmó el Presidente de la República, Moya sostuvo que “respecto de la legalidad del acto en particular, nuestra evaluación de ese acto fue que este se ajustaba a derecho, y por eso fue suscrito al Presidente de la República”.

De la misma manera, defendió la labor de Lucas Vera, egresado de Derecho que estuvo a cargo de la revisión del decreto. “En relación a la carga de trabajo que teníamos, el decreto fue reasignado y es así como a Lucas le tocó revisarlo durante el día 27 de noviembre. Luego de que hiciera una revisión del decreto, fue revisado por mí”, reconoció Moya.

“Una vez que concluimos que el decreto se ajustaba al ordenamiento jurídico y estaba en condiciones de pasar la toma de razón que realiza la Contraloría General de la República, el decreto fue presentado ante el Presidente de la República para su fin”, continuó.

No obstante, Moya reconoció que sí estaban al tanto de la normativa de inhabilidad de la senadora Allende y la ministra Maya Fernández. “Yo efectivamente, al igual que mi equipo, conocía la norma, pero como hemos explicado, a nosotros nos toca una tarea muy específica en este caso. Nosotros realizamos solo aquellas labores que nos corresponden en este caso particular, que son aquellas que de hecho nos exige la ley, que es la revisión de la legalidad de los decretos supremos que firma el Presidente de la República”, aseguró.

Defensa de la política de adquisición de casas

El ministro Elizalde detalló en la comisión la política instada por el propio Presidente Gabriel Boric de preservación de la memoria. Así, considerando los inmuebles como un patrimonio histórico, se inició el proceso de adquisición de las casas de los expresidentes Salvador Allende y Patricio Aylwin.

“En los países democráticos es común, es corriente, que la memoria de los exmandatarios se preserve. Se destaca lo que ha sido su vida, su trayectoria pública”, defendió respecto de la decisión.

De hecho, el secretario de Estado recordó que esta política fue aprobada a través de una glosa de presupuesto en la Ley de Presupuestos de 2024, con un apoyo transversal en el Parlamento. “En Chile podríamos decir que recién hace poco tiempo hemos tomado conciencia de la importancia de preservar el patrimonio histórico”, insistió Elizalde.

En la instancia, también se habló de invitar al Presidente Gabriel Boric a la comisión, pero se acordó, tal como en la Comisión del caso Monsalve, emitir un cuestionario.