UDI exige urgencia a proyectos que rebajan la edad penal y endurecen sanciones a jóvenes reincidentes

Los legisladores Henry Leal, Cristhian Moreira, Eduardo Cornejo y Daniel Lilayu de la bancada UDI, llegaron hasta el Palacio de La Moneda para entregar una carta dirigida al Presidente Gabriel Boric solicitando urgencia a dos proyectos de ley en materia de seguridad.

Una de las iniciativas busca rebajar la edad de responsabilidad penal a los 13 años y que sanciona como adulto a los jóvenes de 16 y 17 que sean reincidentes. Mientras, el otro proyecto establece un régimen penitenciario de aislamiento para los reos considerados de “alta peligrosidad”.

La primera propuesta, presentada precisamente por la UDI en el 2018, cobró relevancia tras el reciente homicidio en la comuna de Chicureo de Dimitri Weiler, un ciudadano francés, realizado por una banda criminal con participación de menores. El Juzgado de Garantía de Colina decretó el pasado lunes la prisión preventiva de un adulto y la internación provisoria de tres adolescentes.

A propósito de la participación de menores de edad en hechos delictivos, el diputado Henry Leal señaló que: “El año recién pasado, cerca de 40 mil jóvenes adolescentes fueron involucrados en delitos graves, por lo que creemos que los mayores de 16 años que se hagan reincidentes deben ser juzgados y sancionados como un adulto. Eso requiere una modificación legal para dar una señal clara a los chilenos que estamos preocupados de la delincuencia y no hacerlo es seguir fomentando la impunidad”.

En la misma línea, Daniel Lilayu, apuntó a la falta de urgencia a estos proyectos por parte del Ejecutivo, ya que este jueves “amanecimos con cuatro chilenos fallecidos, un carabinero herido y la verdad que Chile ya no aguanta más el fracaso de este Gobierno en materia de delincuencia. Yo creo que todos estos proyectos de ley y todo lo que queremos en estos momentos es que realmente hagamos algo contra la delincuencia, esperemos que el ministro que llegue pueda hacer algo con este problema por que Carolina Tohá se fue sin solucionar nada“.

El proyecto, en detalle, propone aumentar la pena máxima a 10 años para delitos graves, eliminar la reducción automática de penas para jóvenes mayores de 16 años y endurecer sanciones a reincidentes, asegurando el cumplimiento total de las condenas. Además, busca prevenir la impunidad procesal al exigir que menores imputados permanezcan detenidos hasta que la Corte resuelva, evitando fugas o reincidencias, y fomentando la rapidez en los procesos judiciales.

Asimismo, se eliminaría la posibilidad de que los jueces atenúen la sanción ante el quebrantamiento de condena según su “gravedad”, estableciendo que el menor deberá cumplir un período adicional equivalente al tiempo evadido, con un máximo de un año.

Por otra parte, Leal también tuvo palabras para el proyecto de ley presentado por su bancada en mayo del año pasado referido a modernizar el sistema de cumplimiento penitenciario cuando quienes delincan sean jefes del narcotráfico o pertenecientes al crimen organizado, en donde destacó que “se busca que estas personas tengan consecuencias muy severas, cumpliendo sus condenas en celdas individuales, que tengan sólo derecho una vez al mes a visitas, máximo dos horas de patio al día e impedir el contacto físico con el exterior”.

Cabe destacar que surge el sistema penitenciario de Italia como modelo ya que incluye cárceles de alta seguridad diseñadas para combatir el crimen organizado. Este régimen aísla completamente a los líderes de organizaciones criminales para evitar que sigan operando desde prisión.