El presidente de Denaria defiende el efectivo como medio para evitar la exclusión financiera

El presidente de la plataforma Denaria, Javier Rupérez , ha alertado sobre la dificultad que encuentran los ciudadanos para acceder al efectivo, como consecuencia del cierre de oficinas bancarias y la reducción de cajeros , afectando especialmente a colectivos vulnerables y zonas rurales. Así, Rupérez afirmaba ayer, ante la Comisión de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 del Senado que «los ciudadanos siguen encontrando en España constantes dificultades para acceder y pagar con efectivo» . De igual forma, el presidente de Denaria ha citado el «Estudio sobre hábitos en el uso del efectivo» del Banco de España (BdE) y la encuesta sobre «Accesibilidad y permanencia del dinero en efectivo en España» realizada por GAD3, así como las denuncias recibidas en el canal de denuncia de Denaria, para exponer el acceso cada vez más limitado de los ciudadanos al efectivo. El estudio en el que se apoya Rupérez recoge que un 59% de la población emplea este método de pago como el principal y un 57% lo usa a diario. Además, los métodos   cash-back y cash-in-shop han mejorado sus estadísticas en 2024 respecto al año anterior, aumentando tanto el nivel de conocimiento por los ciudadanos, de un 14% a un 20%, como la población que ha utilizado estos servicios, de un 3% a un 4%. Adicionalmente, la encuesta elaborada por GAD3 revela que cada vez más españoles encuentran un mayor número de dificultades en el acceso a cajeros. Dicho nivel en la percepción de dificultad de acceso al dinero en efectivo llega al 61%, nivel más alto alcanzado en 2024 , lo que equivale a que de cada 10 encuestados, 6 creen que su uso se ha visto entorpecido en el último año. En el mismo sentido, la encuesta señala que el 80% de los españoles están en contra de la desaparición del efectivo , siendo los usuarios habituales de efectivo (96%), seguido de las personas mayores (89%) y de las personas con menores ingresos (88%), los que muestran un sentimiento más reticente. En su comparecencia, el presidente de Denaria ha denunciado el descenso continuado del número de oficinas bancarias y cajeros automáticos como uno de los problemas más graves en la actualidad, «cada vez hay menos sucursales y cajeros, y aunque se han mejorado las cosas, todavía muchos ciudadanos se ven obligados a recorrer kilómetros para disponer de su propio dinero en efectivo», explicaba. Un problema que fomenta la exclusión financiera , afectando especial y directamente a las zonas rurales y a colectivos vulnerables . El mismo ha expuesto que las administraciones públicas siguen imponiendo trabas al pago en metálico, a pesar de la existencia de leyes que garantizan su aceptación y que, por tanto, a su juicio genera una contradicción con el marco legal vigente , hecho que ha corroborado gracias al canal de denuncias de Denaria. A partir de los datos recopilados en este, Rupérez resaltó que «los ciudadanos envían quejas por las negativas a aceptar efectivo en servicios esenciales como el transporte público, la administración, los peajes y algunos establecimientos comerciales«. Por todo ello, el presidente de Denaria ha insistido en la relevancia del efectivo para la seguridad ciudadana , así como la necesidad de garantizar la accesibilidad y la neutralidad de los medios de pago a la población, evitando la imposición de barreras al empleo del mismo. Entre las propuestas que planteaba ante la Comisión de Consumo del Senado, ha resaltado la ampliación de la red de cajeros y puntos de acceso al efectivo, con especial atención en zonas rurales; ofrecer una mayor transparencia en los costes de los diversos métodos de pago al objeto de garantizar el conocimiento de los usuarios del impacto real de las transacciones digitales; y el endurecimiento de las sanciones para aquellos que se nieguen a aceptar el efectivo según la normativa vigente. Finalmente, Rupérez ha concluido advirtiendo sobre la necesidad de tomar medidas urgentes para evitar la completa e irreversible desaparición del efectivo y ha insistido en la importancia de que sean los poderes públicos quienes protejan este medio como método de pago esencial.