El juez prorroga seis meses de la instrucción por el naufragio del buque Villa de Pitanxo
El juez Ismael Moreno ha prorrogado seis meses más la instrucción de la causa en la que investiga el naufragio del buque gallego Villa de Pitanxo, el 15 de febrero de 2022 en aguas cercanas a Terranova (Canadá), al quedar pendientes "diligencias esenciales" para el esclarecimiento de los hechos.
En un auto, al que ha tenido acceso EFE, el magistrado de la Audiencia Nacional considera pertinente esta nueva prórroga al estar aún pendiente la emisión de un informe pericial por parte de la Comisión Permanente de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM), "así como aquellas otras diligencias que puedan derivarse de las anteriores relevantes para el esclarecimiento de los hechos".
Dado que el plazo de instrucción vencía este próximo 2 de marzo, el titular del Juzgado Central de Instrucción consultó a las partes si cabía una nueva prórroga, y tanto la Fiscalía como los herederos de las 21 víctimas que fallecieron en el naufragio aprobaron que la investigación se extienda otros seis meses.
En el naufragio del Villa de Pitantxo, una de las mayores tragedias de la navegación española, solo hubo tres supervivientes: el patrón del buque, su sobrino y un marinero de origen ghanés.
El patrón es uno de los investigados en la Audiencia Nacional, junto a varios directivos de la armadora, Pesquerías Nores.
La Fiscalía ve en el naufragio del Villa de Pitanxo indicios de delitos de homicidio por imprudencia grave y contra los derechos de los trabajadores; y las familias de las víctimas, que se querellaron contra el patrón y la armadora, también incluyeron la posibilidad de que se incurriese en otro delito de falsedad documental.
En el marco de esta causa, dos peritos acompañaron a la expedición que examinó el pecio y que meses después, enviaron un informe al juez en el que apuntaban a que un "error humano" del capitán por la "falta de percepción cabal del riesgo de hundimiento" del buque al hacer una maniobra sería la "causa más probable" del naufragio.
La portavoz de los familiares de las víctimas, María José de Pazo, señaló la semana pasada que durante todo este tiempo la Audiencia Nacional ha llevado a cabo una instrucción "rigurosa" que impulsó el envío de drones subacuáticos para grabar el barco hundido.
Esa misión de bajada al barco, según De Pazo, ha sido "crucial" para que los investigadores de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM) elaboraran un informe "muy contundente y muy demoledor" sobre las causas de la tragedia.
Una de las conclusiones de ese informe es que el naufragio se habría producido "por una negligencia del patrón", determinación que, a juicio de las familias, no hacía necesario prorrogar por otros seis meses de investigaciones.
"No hay ninguna diligencia crucial por hacer", sostuvo Pazo, ya que solo queda por emitir el informe definitivo de la CIAIM "que no es vinculante y podría adjuntarse a los autos más adelante".
El juez sin embargo, a instancias de las acusaciones, ha optado finalmente por esperar a dicho informe.