Legal Ocean Watch: proyecto con Chile a la cabeza busca combatir la pesca ilegal en América Latina

La pesca en aguas continentales enfrenta una creciente amenaza: la pesca ilegal. Según las Naciones Unidas, esta práctica prohibida ha causado pérdidas económicas entre 10.000 y 23.000 millones de dólares anuales. No solo esto, sino que también ha impactado en ecosistemas marinos, generando pérdida de biodiversidad. Pero también tiene una oscura realidad: su vínculo con violaciones a Derechos Humanos, la trata de personas y el trabajo forzado.

Su impacto en América Latina, donde ha generado afectación a las economías costeras y a comunidades que dependen de la pesca artesanal, por ejemplo, ha llevado al surgimiento del Proyecto Legal Ocean Watch (LOW). Cuatro organizaciones latinoamericanas especializadas se han unido en torno a la problemática. Defensa Ambiental del Noroeste de México; Centro de Incidencia Ambiental de Panamá; Derecho, Ambiente y Recursos Naturales de Perú y la líder del proyecto, la ONG FIMA de Chile, integran esta iniciativa.

A través de herramientas satelitales que permiten detectar la presencia de embarcaciones ilegales, que a su vez les permite presentar estas pruebas en litigios, buscan mejorar la legislación en los países de la región y atacar el problema de la pesca ilegal. “Hoy en día es posible seguir y observar casi en tiempo real la actividad marina humana y si eso no se acompaña de un esfuerzo institucional que permita hacer cumplir la ley en esos lugares, la tecnología no logra su objetivo”, planteó Antonia Berríos, coordinadora general de ONG FIMA, en diálogo con Radio y Diario Universidad de Chile.

“Nuestra observación acá es que hay un espacio donde, no solamente las agencias estatales de persecución de delitos, sino que también la sociedad civil con el acceso a la información que es cada vez más amplio y democratizado, podemos contribuir con nuestro grano de arena para poder poner fin a esta actividad tan dañina para el medioambiente”, prosiguió la también coordinadora para Latinoamérica del proyecto Legal Ocean Watch.

Herramientas para proteger los océanos

El proyecto Legal Ocean Watch utiliza sistemas de monitoreo satelital como el Sistema de Identificación Automática (AIS) y los Sistemas de Monitoreo de Buques (VMS), facilitados por la plataforma tecnológica Global Fishing Watch (GFW).

Más allá de estas innovaciones tecnológicas, Antonia Berríos explicó que en la actualidad “los mecanismos que hoy existen para proteger los océanos y detener la pesca ilegal se crean a partir de acuerdos de colaboración y multilateralismo entre los Estados”.

“Eso significa que son los diferentes países los que hacen seguimiento al recurso pesquero, se comparte esa información y al mismo tiempo se establecen mecanismos comunes para imponer sanciones a barcos que realizan actividades ilegales. Eso significa limitaciones para recalar o zarpar de los diferentes puertos y obligaciones de denuncia y notificación a los demás Estados”, prosiguió detallando la representante de ONG FIMA.

Sin embargo, expone que estos esfuerzos no son suficientes, razón por la que se recurre a la tecnología propiciada por Global Fishing Watch. “Crea un mapa de libre acceso público en internet, que hace seguimiento en tiempo real a las naves que realizan esfuerzos de pesca en altamar y aguas territoriales”, comentó Berríos.

Los problemas derivados de la pesca ilegal

La pesca ilegal ha generado diversas complicaciones tanto para pesqueros, comunidades como a los propios ecosistemas. Antonia Berríos describió los dos principales problemas de esta práctica.

“Las cuotas capturadas de forma ilegal exceden la planificación de la autoridad y por lo tanto impiden asegurar la sostenibilidad del recurso. Explotar más de lo que se planifica para asegurar que el recurso se mantenga vivo, que las distintas especies se reproduzcan en un tiempo apropiado, hace que amenace la disponibilidad futura de este alimento”, indicó abordando las consecuencias para la industria.

Pero por otro lado, está el impacto ambiental, ya que este tipo de pesca es “descontrolada” y “no tiene ningún tipo de control sobre los residuos que se depositan en el mar, las mallas, redes de plástico”.

“El volumen de plástico que se está acumulando en los océanos está llegando a un punto en que empieza a ser insostenible, y empezamos a encontrar microplásticos en casi todas las cadenas alimentarias”, apuntó Berríos.

Acerca del impacto en el ecosistema, la también abogada enfatizó en como la pesca ilegal desencadena una reacción en que los océanos no son capaces de reproducir otras especies. Las especies inciden entre sí, asegura Berríos, por lo tanto la pérdida de una de ellas implica una afectación a la salud y desarrollo de otras especies más.

De trasfondo, surge otra problemática necesaria de detener y evitar que ha generado la pesca ilegal. Esta es la falta de fiscalización en el espacio de altamar. “Al ser un espacio internacional de libertad de tránsito, gobernado por tratados internacionales pero por ningún Estado específico, ha servido de escenario para vulneraciones de derechos humanos”, denunció.

“Muchas personas en situación de vulnerabilidad suelen terminar arrastradas hacia el trabajo forzado o trata de personas en altamar. Casos que muchas veces hemos relacionados a industrias de pesca ilegal”, complementó Berríos.