Para la izquierda delitos, para la derecha derechos

Los enchufes existen, por desgracia. No hablamos de puestos de asesores de libre discrecionalidad, sino enchufes de familiares, nepotismo, en plazas a las que debería poder aspirar en igualdad de condiciones cualquier ciudadano. Imaginemos que el asunto del hermano de Pedro Sánchez es un caso flagrante de plaza convocada ad hoc y que se manipuló todo el proceso para que fuera él el elegido. No me extrañaría que algo así ocurriera porque sucede cada día en ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas y sería una gran noticia que la justicia de este país comience a perseguir los tratos de favor de las administraciones públicas con los familiares de quienes ostentan el poder. Pero eso no ocurre ni ocurrirá porque sería una catarsis de dimensiones solo comparables al hecho de devolver el patrimonio robado en el franquismo por las familias “bien”. 

Investigar judicialmente que una administración cree una plaza o un puesto para colocar a alguien determinado solo en el caso del hermano de Pedro Sánchez es una broma de mal gusto en un país donde Isabel Díaz Ayuso creó la Oficina del español solo para ponerle a Toni Cantó el cargo de director general con más de 75.000 euros al año. La broma alcanza dimensiones incalculables cuando la misma Ayuso acabó cerrando la ocurrencia en cuanto Toni Cantó abandonó el chiringuito. Pero no es el único que ha disfrutado de estos regalos con nuestro dinero. Esperanza Aguirre hizo lo mismo con Santiago Abascal al darle una paguita a través de la Fundación para el Mecenazgo y el Patrocinio Social que tenía como único objetivo darle más de 80.000 euros al año al ahora líder de VOX para que pudiera seguir viviendo sin trabajar, como hasta el día de hoy y desde que se hizo concejal. 

El caso del hermano de Pedro Sánchez o el de Begoña Gómez tienen su réplica con familiares de Juanma Moreno Bonilla. Solo con la hermana y la pareja del presidente de la Junta de Andalucía se pueden encontrar casos de igual calado que jamás se investigaron, no ya con el celo con el que se lo proponen de manera prospectiva jueces de parte como el juez Peinado, sino de ninguna manera. Pongamos sobre la mesa que a Begoña Gómez se la está investigando por hacer negocios incompatibles con su condición de esposa del presidente del gobierno. Es el mismo caso que tendría que afrontar Manuela Villena, esposa de Juan Manuel Moreno Bonilla, que como alto cargo de la cooperativa Bidafarma recibió contratos por parte de la Junta de Andalucía por valor por encima de los siete millones de euros. El asunto es más llamativo porque los negocios se dieron con la administración que preside su marido. Pero no teman, jamás ningún juez iniciará un proceso prospectivo investigando toda la vida de Manuela Villena para buscar algún ilícito e ir cambiando el proceso sobre la marcha si no encuentra nada en lo que comienza a investigar. 

Las similitudes entre los casos del hermano de Pedro Sánchez y la de Juan Manuel Moreno Bonilla son un espejo con más gravedad en el caso de la familiar del presidente de la Junta de Andalucía sin que nunca ningún juez se inmiscuyera de manera tan procelosa en el proceso de adjudicación. María Dolores Moreno Bonilla es la hermana del presidente de la Junta de Andalucía y fue nombrada el 14 de junio de 2019 directora del Conservatorio Superior de Danza Ángel Pericet de Málaga con una puntuación de 38,20 puntos sobre 50. No sería una noticia demasiada extraña si no fuera porque Esperanza Utrera logró 49,20 sobre 50. La afectada denunció y la Fiscalía se opuso a la denuncia porque avaló que en el proceso se produjese “una cierta discrecionalidad”. Se archivó y a otra cosa. Nunca importó que se reconociera que en el proceso la puntuación y los méritos no fueran lo más relevante sino el hecho de que se la pusiera con discrecionalidad y reconocido por la fiscalía. 

Perseguir el hecho de que una empresa privada contrate a un político o a su familiar por el simple hecho de serlo es una de las cosas más divertidas que ha hecho el juez Peinado, y mira que el tipo no tiene miramientos en hacer el ridículo y enterrar su escasa credibilidad como jurista, pero esa es de las mejores. El caso de la imputación a Juan José Güemes como responsable de una empresa privada por haber contratado a Begoña Gómez por ser la mujer del presidente del gobierno es de aurora boreal. No me voy a quejar de que ahora el capital social sea motivo de delito porque eso sí que influiría de manera estructural en la meritocracia. Lo que está encausando el juez Peinado es que las puertas giratorias sean delito y se contrate a la gente por el apellido. Ningún problema con eso. Los bufetes de abogados y las empresas del IBEX 35 se van a quedar sin consejos de administración y socios como eso se extienda. Pero no se va a extender, porque no se persigue un hecho, se persigue a la persona con cualquier excusa peregrina. 

Una de las últimas ocurrencias del juez Peinado es encausar a la asesora de Begoña Gómez, la que tienen asignadas todas las esposas del presidente del Gobierno, en Moncloa por ayudarla en asuntos privados. Yo entiendo que eso pueda considerarse como malversación si eso se hubiera considerado malversación cuando se producía con el resto de esposas que tuvieron asesores ayudándole en esas tareas e incluso con el uso de fondos públicos para atender a familiares. Esos son los casos que sucedieron con Mariano Rajoy, ya que su esposa tenía al ahora diputado Jaime De Los Santos como asesor y la acompañaba por el barrio de Salamanca a hacer compras y el propio presidente utilizó los recursos públicos para atender en Moncloa a su padre enfermo poniéndole atención especial a nuestro cargo. No creo que ambas cosas debieran ser delito, creo que es algo que ambos deben poder hacer. Pero es indicativo del proceso en el que nos vemos inmersos cuando lo tolerado para la derecha es perseguido penalmente cuando gobierna la izquierda. 

El problema no es que se fiscalice al hermano de Pedro Sánchez o a su esposa, eso es lo que tendría que hacerse siempre, esa es la clave, siempre. Pero la conclusión que solo queda sacar de esta relación de causas, procesos y sucesos es que hay hechos que para la izquierda son delitos que para la derecha son derechos. Y eso sin que se haya certificado en caso alguno que haya algún delito en lo investigado. Una justicia que no es igual para todos solo es represión ideológica.