Un terrorista en el Congreso por exigencia de Junts y el visto bueno de la izquierda

Los hechos probados de la sentencia que condenó a los terroristas vivos de la célula que mató a 16 personas en el atentado de la Rambla de Barcelona y a una más en Cambrills la tercera semana de agosto de 2017 señalan que Houli C. pertenecía desde dos años antes al comando que se creó en torno al imán de Ripoll Abdelbaki E.S. Que junto a otros miembros de la célula, Houli C. compró grandes cantidades de material explosivo “con el fin de perpetrar diversas actividades terroristas”. Que el 16 de agosto de 2017, en torno a las 23.00 horas, se produjo una gran explosión en la casa de Alcanar, donde se preparaban los explosivos, y que costó la vida al líder espiritual de la banda, el imán de Ripoll, y cuyas réplicas hirieron al día siguiente de gravedad a varios bomberos y agentes de policías que investigaban el origen de la deflagración. 

Por todo lo anterior, Houli C. fue condenado a 43 años de cárcel por una ristra de delitos gravísimos: “Pertenencia a organización terrorista; tenencia, depósito y fabricación de sustancia o aparatos explosivos e inflamables de carácter terrorista y estragos en grado de tentativa de carácter terrorista”.

Las diferentes sentencias (la de la Audiencia Nacional y la del Supremo, que confirma la pena de 43 años de prisión) no le atribuyen a Houli participación directa en los atentados porque no fue informado por el resto de la célula de la matanza que se iba a llevar a cabo al día siguiente de la explosión en Alcanar. Pero ratifican que participó en la compra de los explosivos para perpetrar actos terroristas. 

Siete años y medio después de aquella masacre, cuando el caso ya ha agotado todas las instancias judiciales, Houli acudió este jueves el Congreso a contar su supuesta verdad. Escoltado por cuatro agentes, dos uniformados y otros dos de paisano, entró esposado en la sala donde se sigue la comisión de investigación de los atentados del 17-A. Atrás quedaba un viaje en furgón policial de varias horas desde la prisión de Córdoba, donde cumple condena.

Sentado en esa sala del Congreso, esposado por las muñecas y con una chaqueta de chándal, Houli vertió durante 50 minutos una serie de conjeturas, sin pruebas, que no había esgrimido en el juicio ni cuando fue detenido. Dijo, para regocijo de los diputados de Junts, el único partido en el Congreso que sigue y alienta esa teoría de la conspiración, que el Centro Nacional de Inteligencia pudo frenar los planes terroristas del imán de Ripoll y que no lo hizo. Su declaración fue vaga, no aportó prueba alguna, aseguró que no lo había contado antes por temor a represalias y que lo dice ahora porque no tiene nada que perder. Los informes del propio CNI explican que Es Satty no estaba en su lista de colaboradores.

Nadie salvo una diputada de Junts le siguió el juego en el Congreso. Los diputados del PP abandonaron la sala. Y los que se quedaron, desde el portavoz de EH Bildu, Jon Iñarritu, hasta los del PSOE, Sumar o ERC desdeñaron sus revelaciones.

Ni siquiera fuera de allí, quien ejerció su defensa concede credibilidad a su testimonio. Su abogada durante el proceso dijo tras oírle que Houli nunca le había contado tal cosa, que se trata de una persona influenciable con un coeficiente intelectual de 90 y que uno no puede acudir al Congreso a hacer esas afirmaciones políticas sin aportar pruebas.

Sea como fuere, esa declaración fue celebrada a miles de kilómetros de distancia por el expresidente catalán y líder de Junts, Carles Puigdemont. A través de sus redes sociales, dijo que el terrorista “no podía hablar más claro”. La teoría conspirativa según la cual el Centro Nacional de Inteligencia, y, por tanto, el Gobierno de Mariano Rajoy, pudo evitar la muerte de 17 víctimas inocentes tiene hoy los mismos adeptos que antes de que el terrorista acudiese al Congreso. Nada moverá a la verdad judicial, que está plasmada en sendas sentencias de la Audiencia Nacional y el Supremo. 

¿Cómo se explica entonces que un terrorista condenado a medio siglo de cárcel haya disfrutado de 50 minutos de propaganda en la sede donde reside la soberanía popular? La culpa es de Junts, que exigió la convocatoria de la comisión en el pacto para investir presidente a Pedro Sánchez, pero la responsabilidad puede extenderse a los grupos que apoyan al Gobierno: desde el PSOE a Sumar, pasando por ERC y Bildu (el PNV decidió abstenerse sobre la lista de comparecientes que incluyó a Houli, entre sospechosos habituales como el comisario Villarejo y otros testigos en la misma línea). 

¿De verdad no había alternativa a dar semejante altavoz a un terrorista, integrante de la célula que segó la vida de 17 personas? 

¿Alguien ha pensado en qué habrán podido sentir las víctimas?

¿No había ningún otro modo de conseguir el sí de Junts a la investidura?

El Gobierno puede alegar que los indultos contribuyeron a pacificar Catalunya y que la ley de amnistía es otro instrumento para normalizar la situación política. Y es una evidencia que las políticas de distensión adoptadas por Sánchez han ayudado a salir de la peor crisis institucional vivida en democracia. 

Pero, ¿a qué han ayudado los 50 minutos de un terrorista compareciendo ante el Congreso sin nada que aportar? ¿Cómo lo puede explicar la izquierda? ¿Alguien piensa pedir perdón?

Siendo justos, tampoco puede decirse que fuese la primera vez que un terrorista alienta teorías de conspiración en el Congreso. Hace ahora dos décadas, las ensoñaciones de otro condenado por comprar explosivos que sirvieron para perpetrar el mayor atentado de la historia del país, José Emilio Suárez Trashorras, que sigue cumpliendo su pena de 34.715 años de cárcel, ocuparon decenas de horas en las dos cámaras legislativas y muchas más en radios y televisiones. 

Como Houli con Junts, el cooperador necesario de 192 asesinatos tuvo también a un partido a su servicio, el Partido Popular, con el expresidente del Gobierno, José María Aznar, a la cabeza, para dar rienda suelta a sus hechos alternativos. Trashorras no pisó el Congreso, pero el PP y una serie de medios afines alentaron una conspiración según la cual en los atentados del 11M no fue solo obra del terrorismo islámico, sino que también participó ETA, con algunas complicidades de policías españoles y hasta de dirigentes socialistas. 

Fueron meses interminables de supuestas revelaciones incontestables sobre el ácido bórico, la furgoneta Kangoo, la cinta de la Orquesta Mondragón y el dinitrotolueno. Con el paso del tiempo, se conoció una conversación de Trashorras donde contaba a su madre que mientras el diario El Mundo siguiese pagando, él estaría dispuesto a contar hasta la guerra civil.

Ni medios ni políticos pidieron perdón por aquello y pese a todo poco a poco aquella teoría de la conspiración se fue difuminando y ya casi nadie se atreve a sembrar dudas sobre la autoría del 11M.

Que veinte años después de aquello, otro partido de derechas aliente una teoría de la conspiración y apele a los más bajos instintos tras perder el poder, no es algo nuevo. Lo sorprendente es que haya sido la izquierda quien le haya facilitado como escenario, nada menos que el Congreso de los Diputados.