Un informe jurídico pone en duda la legalidad de ceder las competencias de inmigración a Cataluña
Un informe jurídico del Sindicato Unificado de Policías (SUP) pone en duda la legalidad de la cesión de las competencias en materia de inmigración a Cataluña. El documento resalta que en caso de que se lleve a cabo esta medida se podría incumplir la normativa nacional y europea, según el texto al que ha tenido acceso LA RAZÓN.
El archivo, que consta de más de una veintena de páginas, resalta que transferir estas competencias a Cataluña es un proceso que implica "desafíos legales y constitucionales significativos". El Tribunal Constitucional, en las sentencias 31/2010 y 137/2010 sobre el Estatuto de Autonomía de Cataluña, afirmó que sería "claramente inconstitucional" atribuir competencias de inmigración a una comunidad autónoma.
Estas competencias se ejercen dentro del marco de la legislación estatal y no incluyen el control de fronteras ni la gestión de permisos de residencia, que siguen siendo competencias exclusivas del Estado. Las negociaciones actuales buscan "explorar fórmulas" para una posible delegación compartida de ciertas funciones, como la participación de los Mossos d'Esquadra en el control de fronteras terrestres, aéreas y marítimas, así como la tramitación del Número de Identidad de Extranjero (NIE) y la gestión de documentos.
"Es importante destacar que cualquier transferencia de competencias en esta materia debe respetar el marco constitucional vigente y las competencias exclusivas del Estado en inmigración y extranjería. Además, la participación de las comunidades autónomas en la gestión de la inmigración debe coordinarse adecuadamente para garantizar una política migratoria coherente y efectiva en todo el territorio nacional", subrayan.
Obstáculos constitucionales
La transferencia integral de competencias en materia de inmigración a la Comunidad Autónoma de Cataluña, tal como se plantea en las negociaciones entre el Gobierno de España y Junts per Catalunya, enfrenta "serios obstáculos constitucionales". "El control de fronteras y la gestión de la inmigración son competencias exclusivas del Estado según la Constitución Española, y su transferencia podría generar conflictos legales tanto a nivel nacional como europeo", enfatizan.
El informe elaborado por el Área Jurídica del SUP analiza la "viabilidad jurídica y constitucional" del posible traspaso de competencias acordado por Junts y el Gobierno. Asimismo, evalúa los riesgos de seguridad asociados a esta medida y su posible impacto en la política migratoria española y europea.
Asimismo, el sindicato policial subraya que Vulneración el traspaso integral de competencias en materia de inmigración a Cataluña, tal como lo plantea Junts, sería "contrario a la Constitución". "Si Cataluña gestionara la inmigración de forma independiente, podría interpretar de manera diferente las condiciones para la expulsión y repatriación de inmigrantes en situación irregular, generando inseguridad jurídica y un riesgo de trato desigual en comparación con el resto de España", añaden.
Terroristas y mafias de inmigración
Y es que, además, en el ámbito de la Unión Europea no existe precedente de transferencia integral de competencias en materia de inmigración a una región dentro de un Estado miembro de la UE. "En diversos casos se puede apreciar una distribución competencial en materia de inmigración semejante a la establecida por la Constitución Española y la interpretación del Tribunal Constitucional", remarcan.
La asunción de competencias en inmigración por parte de los Mossos d'Esquadra podría generar desafíos en el control de fronteras. "Expertos en seguridad han señalado que la falta de experiencia inicial en estas funciones podría ser aprovechada por redes de inmigración irregular y organizaciones terroristas. La coordinación efectiva con las fuerzas de seguridad estatales sería esencial para mitigar estos riesgos", concluyen.