Marlaska se refugia en los tribunales para no cumplir el acuerdo de equiparación salarial de policías y guardias civiles
Los tribunales se han convertido en el refugio del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para no cumplir con el acuerdo de equiparación salarial de policías y guardias civiles con el resto de Policías del Estado. En un intento por dilatar los asuntos aún pendientes, recurre a artimañas judiciales para no llevar a término lo pactado en 2018.
Tres son, a día de hoy, los incumplimientos más flagrantes del titular de Interior: el reingreso de los agentes de segunda actividad al servicio activo; una auditoría externa que analice puesto a puesto la diferencia salarial entre policías y guardias civiles con mossos y ertzainas, por ejemplo; así como el desarrollo de una ley de retribuciones para evitar desigualdades entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Las dos primeras se encuentran en los juzgados y de la tercera no hay visos de que se produzca.
En este punto hay que recordar que el PSOE y sus socios de Gobierno han votado en reiteradas ocasiones en contra de la equiparación salarial. Tanto el Congreso como el Senado han sido testigos del "desprecio" del Ejecutivo hacia los agentes, cuyos sindicatos, al menos tres de ellos (CEP, EYA y JUPOL), ya han declarado un conflicto colectivo contra Interior. Y es que los socialistas no solo han bloqueado hasta en 18 ocasiones la jubilación anticipada de policías y guardias civiles y reconocimiento como profesión de riesgo, sino que han pedido tramitar de urgencia la Ley de Seguridad Ciudadana pactada con EH Bildu, que tanto malestar e indignación ha provocado entre los agentes. Por no hablar del informe que entregó en la Cámara Alta negando que exista la profesión de riesgo.
Al banquillo por 100 millones
En definitiva, humillación tras humillación, el Ejecutivo ha ido evadiendo el cumplimiento de un acuerdo rubricado en 2018, con claras deficiencias. Así lo refleja la sentencia de la Audiencia Nacional de 2023, en la que se obligaba a Interior a renegociar ese acuerdo de equiparación salarial, sobre todo en lo que respecta a las cláusulas incumplidas. En concreto, la tercera, por la que debía destinar 100 millones de euros durante tres ejercicios (en total 300 millones) para incentivar el reingreso de los agentes en Segunda Actividad y Reserva al servicio activo. Y la octava, que recoge la aprobación de una ley para garantizar que en el futuro no se pueda producir una disfunción salarial entre policías que realizan las mismas funciones y que incluiría la asistencia a juicios y horas extra remuneradas.
En 2022, el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo de Madrid admitía a trámite un recurso contra Interior por el incumplimiento de la cláusula tercera (el impago de 100 millones) y hacía hincapié en que su "cuantía" era "indeterminada". Asimismo, establecía que la demanda sería tramitada por las normas del "procedimiento abreviado". Cabe destacar que contra esta resolución cabía interponer recurso de oposición, como así ocurrió.
Sobra decir también que Marlaska, a espaldas de los agentes, recurrió la sentencia de la Audiencia Nacional y se negó a renegociar con los sindicatos policiales y asociaciones profesionales de la Guardia Civil los asuntos pendientes por cumplir del citado acuerdo. Para ser exactos, la Abogacía del Estado cargaba contra el fallo de la Audiencia Nacional y argumentaba que "incurre en infracción del ordenamiento jurídico, incongruencia interna y falta de motivación". Es más, a su juicio, "no estamos ante prestaciones concretas" y "no existe plazo legal alguno para la adopción de las medidas del acuerdo, sin perjuicio de que no es un acuerdo jurídicamente exigible".
Y da un paso más allá al asegurar que la cláusula tercera de ese acuerdo es "manifiestamente ilegal" y que la octava es "contraria al ordenamiento jurídico". Por todo ello, en su recurso de apelación manifiestan que el Ministerio del Interior, dirigido por Marlaska, "ha cumplido con creces sus obligaciones en lo que a la buena fe negocial, derivada del acuerdo (en su parte no ilegal) se refiere".
Polémica con las auditorías
Finalmente, queda pendiente la elaboración de una auditoría externa que analice puesto por puesto las diferencias salariales con otras Policías del Estado como los Mossos d'Esquadra y la Ertzaintza. Hay que recordar que polémico fue también el proceso de auditorías para cuantificar la cantidad exacta para cumplir con la equiparación. El ministerio que dirige Marlaska se negó en varias ocasiones a entregar el expediente con todas las actas, informes de auditorías, así como cuanta documentación de relevancia se confeccionó y aprobó en las reuniones celebradas durante el Acuerdo de Equiparación Salarial firmado el 18 de marzo de 2018 entre Interior, los sindicatos policiales y las asociaciones de la Guardia Civil existentes en ese momento.
Una negativa que llegó a los tribunales, siendo el Juzgado Central de lo Contencioso Administrativo quien exigió, sin éxito, la entrega del expediente con todas las actas e informes de auditorías que Interior se niega a proporcionar a los agentes. Apenas un año después de rubricarse el acuerdo, sindicatos policiales y asociaciones de guardias civiles exigieron ver esas auditorías, pero Marlaska se limitó a entregarles un CD.
En ese CD había un apartado de "conclusiones" donde la consultora Ernest & Young manifestaba que "en su opinión, la citada cifra de 807 millones es insuficiente para alcanzar la equiparación retributiva". Sin embargo, en su segundo informe este hecho cambió completamente. En este segundo documento, la consultora externa aseguraba que los 807 millones acordados entre las partes firmantes del acuerdo, eran "el marco total y absoluto" del que debía partir la auditoría. De este modo, certificaba que esa cantidad era "correcta" y "ajustada" a la realidad retributiva existente.
Una explicación que no convenció a los agentes, quienes acusaron al ministro de presentar una "auditoría a la carta". Los distintos sindicatos y asociaciones recriminaron a Interior la vulneración de sus derechos y se preguntaron si pudo haber algún tipo de "presión" a la consultora para hacer un informe "a medida". Así, decidieron emprender acciones jurídicas, con el objetivo de averiguar si en el informe de la consultora se aplicaron "criterios profesionales" o si, por el contrario, hubo "injerencias o presiones" que lo hubieran condicionado.