El borrado masivo del fiscal abre fisuras en la defensa férrea del Gobierno
El Gobierno ha ligado políticamente su destino al devenir judicial del fiscal general del Estado. El propio Pedro Sánchez llegó a asumir en primera persona su defensa, exigiendo una petición pública de «perdón» para Álvaro García Ortiz de todos aquellos que habían exigido su dimisión en «horas de tertulias». Una dimisión que desde Moncloa no solo descartan, sino que han presionado para evitar. Al menos, hasta ahora.
Hay un punto de inflexión: la apertura del juicio oral a la que parece encaminada la causa. Ver a la persona que encarna la cúspide jerárquica del Ministerio Público sentado en el banquillo del Tribunal Supremo es una eventualidad que hace que las fuentes consultadas «no quieran avanzar pantallas». No se atreven a anticipar el mismo respaldo férreo que se ha evidenciado hasta el momento y que ayer volvió a hacer visible la portavoz gubernamental, Pilar Alegría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. «Este Gobierno mantiene su confianza absoluta en el fiscal general», aseguró. Sin embargo, ya surgen voces que abren fisuras en este frente de defensa y se protegen de cara al futuro: «Todos los escenarios están abiertos».
El cuestionamiento surge en privado y se produce también a cuenta de las nuevas evidencias que han ido trascendiendo y que revelan el exhaustivo borrado que hizo el fiscal de sus terminales. El «cero mensajes» que Sánchez blandió como defensa a García Ortiz ha quedado superado por la destrucción de los mismos. En el Ejecutivo asumieron como propia la causa del fiscal general, acusando incluso al Supremo de investigarle «sin pruebas» porque tangencialmente el Alto Tribunal también apuntó a Moncloa en la trazabilidad de la filtración que llegó al teléfono de Juan Lobato. Una implicación que desde el Gobierno despacharon como meras «elucubraciones». Desde el punto de vista político, en el Ejecutivo entienden que los ataques que está recibiendo García Ortiz son como mero intermediario porque el objetivo real es el presidente. Creen que la figura del fiscal general, que Sánchez ha patrimonializado con declaraciones lapidarias exhibiendo su dependencia, se ha convertido en una pieza de caza mayor para la oposición: dejarle caer supone tanto como permitir que se la cobren para debilitar al Gobierno. Por eso le sostienen.
Además, en Moncloa genera una profunda frustración que la causa del fiscal general haya opacado la que afecta a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, con la que esperaban debilitar a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Incluso reconocen en privado la habilitad política de Miguel Ángel Rodríguez para darle la vuelta a la tortilla. Esto no evita que, públicamente, se martillee con la idea de centrar el tiro en «los delitos fiscales» de Alberto González Amador. «Esta instrucción se abre por una supuesta filtración de los datos de un presunto defraudador y estamos viendo una filtración de datos personales de fiscales y periodistas. Es muy preocupante que esto esté sucediendo», dijo Alegría.
Cuestionada por el borrado «sospechoso» del móvil de García Ortiz, la portavoz volvió a la carga: «Es mucho más sospechoso que un presunto defraudador todavía no haya declarado en este país, ni ha hecho ninguna declaración desde hace un año». En el Ejecutivo siguen defendiendo que «la Fiscalía cumplió con su trabajo cuando desmintió –en una nota de prensa– un bulo», en alusión a Miguel Ángel Rodríguez.