El PP defiende hoy en el Parlamento extender la vida de la nuclear: "Es estratégica"
El Pleno del Congreso debate hoy la propuesta del PP para extender la vida útil de las siete centrales nucleares españolas, una iniciativa que se votará al día siguiente y que obligará al resto de partidos a fijar posición.
Los populares buscan revocar el cierre de las nucleares previsto entre 2027 y 2035 con una proposición no de ley en la que se recuerda que la industria nuclear española emplea a unas 28.500 personas -más de 8.500 de ellas de forma directa- y tiene un impacto significativo tanto en el Producto Interior Bruto, al que aportó 3.685 millones de euros en 2023, como en la balanza exterior.
La iniciativa del PP se registró el pasado mes de octubre en la Cámara Baja y su debate llega en pleno choque entre el Gobierno y el Ejecutivo extremeño por el cierre de la central de Almaraz (Cáceres).
El PP recuerda también que la nuclear es "estratégica" para el equilibrio del sistema eléctrico español. De hecho, fue la segunda fuente de generación eléctrica tras la eólica, con una aportación del 19,57% al "mix" eléctrico en 2024 y ha sido considerada "sostenible" por la Comisión Europea y clave en la reindustrialización y competitividad europea, según sostiene el denominado "informe Draghi".
Para los populares, mantener operativas las centrales nucleares "contribuye a la autonomía energética de España, reduce la dependencia de fuentes de energía externas y, por tanto, la vulnerabilidad a las fluctuaciones del mercado internacional".
Asfixia para la España vaciada
En la PNL se subraya que el cierre de todos los reactores entre 2027 y 2035 implicaría la pérdida de entre el 50% y 70 % de los ingresos para los municipios cercanos a las centrales, por lo que se demanda promover un diálogo comprometido con los municipios, diputaciones y comunidades autónomas que se verían afectadas por el cierre de las centrales nucleares, así como con los diversos sectores económicos que también sufrirían su impacto.
En este sentido, el PP insta al Gobierno a solicitar los informes pertinentes a la Comisión Nacional de Mercados y la Competencia (CNMC) y al operador del sistema eléctrico (REE) para evaluar el impacto económico del cierre nuclear programado, así como las implicaciones para la garantía del suministro, atendiendo a las nuevas previsiones contenidas en la revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).
Rebaja fiscal
Asimismo, el PP recuerda que la planta nuclear estadounidense de North Ana, hermana de las Unidades I y II de Almaraz, ha obtenido el visto bueno por parte del regulador para operar otros 40 años, hasta los 80 en total, por lo que se exige facilitar la "sostenibilidad económica" de las instalaciones nucleares, de modo que se refleje el papel fundamental de esta tecnología en la transición energética, en la garantía de suministro eléctrico seguro y estable y en su contribución a la reducción de los precios del mercado eléctrico y de las emisiones de gases de efecto invernadero.
Dergar el veto a nuevos permisos
Otro de los puntos que el Grupo Popular quiere someter a votación es la derogación del artículo 10 de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética, según el cual no se admiten nuevas solicitudes para el otorgamiento de permisos de exploración, de investigación o concesiones directas de explotación, ni sus prórrogas, ni tampoco se admiten nuevas solicitudes de autorización de instalaciones radiactivas del ciclo del combustible nuclear para el procesamiento de minerales radiactivos.
Por último, el PP pide que se revise el 7.º Plan General de Residuos Radiactivos, el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030 y el Protocolo de cierre de las centrales nucleares aprobado en marzo de 2019 y también que se traslade todo lo anterior al Comité Especializado para la Seguridad Energética Nacional y le requiera para la presentación de su propuesta de revisión de la Estrategia de Seguridad Energética nacional atendiendo a dichas consideraciones.