Al banquillo el "caso mascarillas": Medina y Luceño se enfrentan a más de 9 años de cárcel

Arranca este martes el juicio al "caso mascarillas" en que están acusados Luis Medina y el empresario Alberto Luceño de una supuesta estafa en el suministro de mascarillas al Ayuntamiento de Madrid durante la primera quincena de marzo de 2020, en los primeros y peores momentos de la Covid.

El hijo menor de Naty Abascal y Luceño de sientan en el banquillo de la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid y se prevé que quede visto para sentencia el próximo 26 febrero tras siete jornadas judiciales.

Según el relato del escrito de acusación de la Fiscalía Anticorrupción, el empresario Luceño "aprovechado que conocía a un empresario en Malasia que podía suministrar" productos sanitarios, se puso en contacto con Medina, dado que "era una persona conocida en la vida social española", para que buscara y le facilitara el contacto con instituciones públicas que pudiesen estar interesadas en adquirirles este material.

Fue Medina -relata el Ministerio Público- quien a través de una amiga en común logró ponerse en contacto con un familiar del alcalde de Madrid, concretamente Carlos Martínez-Almeida, que fue quien le proporcionó una dirección de correo a la que el 18 de marzo de 2020, este acusado escribió un mail a la coordinación general del Ayuntamiento en el que puso sobre la mesa su oferta de suministro de trajes de protección, mascarillas, test Covid y desinfectantes.

En el mensaje de presentación, Medina, apunta Anticorrupción, aseguró que estaba vendiendo material a varios gobiernos europeos y que trabajaba directamente con las fábricas, lo cual "resultó no ser cierto".

La intención desde la que -da por probado el fiscal- actuaron Medina y Luceño fue "enriquecerse exageradamente a costa de la situación de extrema necesidad y carencia de materiales sanitarios, vendiendo los productos por un precio muy superior a lo que lo compraron. Convencieron al Ayuntamiento que "actuaban movidos por razones altruistas, sin obtener ningún beneficio", cuando la realidad es que percibieron "unas comisiones desorbitadas que mantuvieron ocultas en todo momento" a las autoridades locales.

Firmaron, ya el 20 marzo, un convenio con la empresa municipal de servicios funerarios y cementerios para proveerles actuando como intermediarios de la empresa malaya Leno un millón de mascarillas por más de seis millones de euros; dos millones y medio de guantes de nitrilo por cinco millones de euros, y 250.000 test rápidos de Covid por 4.250.000 euros.

En el escrito del Ministerio Fiscal se advierte que estos precios fueron impuestos por Luceño al Ayuntamiento de Madrid afirmando que "era el precio fijado por el exportador" asiático. Cuando la realidad es que de media alrededor del 60% de esos más de 11 millones de euros que reclamaban por la operación "correspondía a comisiones que los acusados iban a percibir".

El dinero fue abonado en varios ingresos directamente por el consistorio madrileño a la empresa de Malasia y esta última transfirió -siempre según Anticorrupción- tres millones de dólares a una cuenta de Luceño y, por otro lado, un millón de dólares a Medina. Estas cantidades son, por tanto, se especifica en el escrito de acusación, las "mordidas" que habrían percibido.

La Fiscalía Anticorrupción solicita 9 años de prisión para Medina por un delito continuado de estafa agravada y otro continuado de falsedad en documentos mercantil. Para el que fuera su socio en este negocio de venta de material sanitario al consistorio de José Luis Martínez-Almeida, el fiscal reclama una sentencia de 15 años de prisión por la supuesta comisión de un delito continuado de estafa agravada, otro continuado de falsedad en documento mercantil y un más de falsedad continuado en documento oficial.

Así como una multa de casi medio millón de euros para Luceño y para ambos, que indemnicen al Ayuntamiento de la capital indemnicen con casi 8 millones de euros a la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y de Cementerios de Madrid.

De igual modo, el fiscal pide que Luceño indemnice a la Agencia Tributaria, en el caso de que se considere que las comisiones que obtuvo en las operaciones relatadas están sujetas a tributación, en la cantidad de 1.351.386,29 euros.