El TC se adelanta a la Justicia Europea y acelera su respuesta sobre la amnistía a Puigdemont
Comienza la cuenta atrás para que el Tribunal Constitucional sentencie si la amnistía del Gobierno vulnera o no la Constitución. El órgano que preside Cándido Conde-Pumpido ha acelerado la respuesta del órgano sobre la polémica norma en pleno acercamiento de Moncloa con Junts. La prioridad ahora es resolver sobre el recurso de inconstitucionalidad planteado por el Partido Popular contra la ley que borró el procés.
Fuentes del tribunal de garantías confirman a LA RAZÓN que Conde-Pumpido ha atribuido la ponencia de este recurso a la vicepresidenta del órgano, Inmaculada Montalbán. La 'número dos' del TC, de corte progresista, tomará las riendas después de que el Pleno apartara formalmente al magistrado José Marías Macías, sobre quien recayó la ponencia inicial.
Las voces consultadas explican que se ha creado un grupo de trabajo en relación con el recurso de los 'populares' y que se les ha dado un plazo aproximado de dos meses para remitir su informe. La decisión ha generado malestar en el sector conservador, que ha tenido conocimiento de este movimiento a través de la prensa. También muestra su recelo en relación con la atribución de la ponencia a la vicepresidenta Montalbán, ya que se entiende como un gesto de Conde-Pumpido para granjearse un aval favorable al aval de la amnistía.
Prioridad al recurso del PP
Con todo, lo que parece claro es que el Constitucional va a resolver el recurso interpuesto por los populares antes que la cuestión de inconstitucionalidad que planteó el Tribunal Supremo. La Sala de lo Penal promovió la cuestión en julio al examinar el recurso de uno de los condenados por desórdenes públicos agravados por altercados ocurridos en Gerona en el marco de las protestas contra la sentencia del procés.
La Sala Segunda que entonces presidía el magistrado Manuel Marchena preguntó al Tribunal Constitucional si el artículo primero de la norma que busca amnistiar a Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, vulnera el derecho constitucional a la igualdad ante la ley. Los magistrados que juzgaron y condenaron el procés plantearon que el texto podría vulnerar igualmente el principio de seguridad jurídica y, subsidiariamente, el de exclusividad jurisdiccional.
En un primer momento, el tribunal de garantías dio prioridad a la resolución de la cuestión planteada por el alto tribunal, pero ahora los movimientos apuntan que se resolverán antes los recursos de inconstitucionalidad planteados por el Partido Popular y una quincena de comunidades lideradas por esta formación (a excepción de Castilla-La Mancha).
A diferencia de la cuestión promovida por el Supremo -que se ciñe expresamente a una presunta inconstitucionalidad de los desórdenes públicos- estos recursos plantean la inconstitucionalidad de la norma en su totalidad. Esta dimensión general podría haber inclinado la balanza para darles prioridad, ya que su respuesta determinará si la normal, en su conjunto, vulnera o no la Constitución.
Montalbán marcará el camino
Al respecto, las fuentes consultadas indican que lo relevante en este caso es lo que se acuerde en el recurso del PP, ya que para los de las comunidades se plantearon en los mismos términos y, por lo tanto, se aplicará el criterio resultante de la primera deliberación. De esta forma, es muy probable que el bloque progresista vuelva a imponer su mayoría en el órgano y avale la ponencia de Montalbán.
Este acelerón a las respuestas sobre la ley de amnistía se produce en paralelo al estudio que se sigue sobre al norma en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). En paralelo a la batería de recursos interpuestos ante el TC, el Tribunal de Cuentas decidió preguntar a la Justicia Europea si la parte de la norma relativa al perdón de la malversación del procés afecta a los intereses de la UE.
El máximo órgano fiscalizador fue el primero en dar un paso al frente y planteó una cuestión prejudicial ante las sospechas de que no es factible amnistiar la condena por las partidas que la Generalitat de Puigdemont desvió al referéndum ilegal. El órgano, que sospecha que la ley de amnistía es incompatible con la jurisprudencia del TJUE, dejó en punto muerto el procedimiento por la responsabilidad contable de una treintena de encausados (entre los que se encuentran Carles Puigdemont y Oriol Junqueras) por los gastos del 1-O y su promoción en el extranjero.
Adelanto al TJUE
El propio Tribunal Constitucional ha establecido en fallos recientes que el TJUE debe pronunciarse antes de que este órgano resuelva las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas. Visto de este modo, la respuesta del órgano a la amnistía no debería producirse antes de que la Justicia Europea diga si afecta o no a los intereses de la UE. Sin embargo, no parece que vaya a ser así.
Al respecto hay que recordar que no solo tiene sobre la mesa la cuestión planteada por el Tribunal de Cuentas, ya que la Audiencia Nacional hizo lo propio con el delito de terrorismo, en el marco de la causa por la que se investigó a una docena de miembros de los CDR. Este procedimiento se instruyó y se estaba la espera de dictar fecha para juicio por lo que un aval del TC a este grave delito borraría toda la instrucción y les libraría del banquillo.
En paralelo al estudio sobre el fondo del recurso del PP, el TC ya se prepara para admitir a trámite los recursos de amparo planteados por Oriol Junqueras, Raül Romeva y Dolors Bassa. Se trata de dos recursos (los dirigentes de ERC actúan conjuntamente) cuya admisión a trámite se estudiará en el Pleno previsto para esta próxima semana. Las fuentes consultadas dan por hecha su admisión, aunque vaticinan conflictos con las recusaciones.
Al margen de lo que discurra con los recursos de amparo, en lo relativo a los recursos de inconstitucionalidad queda claro que se resolverán sin un magistrado del bloque progresista y otro del conservador. En el primero de ellos se acusa la baja de Juan Carlos Campo. El exministro de Justicia anunció su abstención de todos los asuntos que tengan que ver con la amnistía, puesto que siendo ministro del ramo expuso, en los documentos de los indultos, que la amnistía era inconstitucional. También lo dijo en una entrevista de televisión.
En el caso del bloque conservador, el que se queda fuera es Macías. En su caso no ha sido voluntario, sino que el TC ha impuesto su mayoría progresista para apartarlo de las deliberaciones por sus comentarios sobre la norma en varias entrevistas mientras fue vocal del CGPJ. Del mismo modo se ampararon en el informe de un sector del órgano de gobierno de jueces en el que se arremetía duramente contra la ley de Monloa. Macías respaldó dicho informe.