El PSCL evita un acuerdo de las Cortes para incluir la despoblación en la financiación autonómica

Están de acuerdo en el fondo, pero no en la forma . Una situación que no es nueva en las Cortes de Castilla y León, donde en el pleno de la próxima semana no podrá salir adelante una declaración institucional presentada por Soria ¡Ya! en la que el Parlamento «manifiesta la necesidad de incluir el criterio de la despoblación como variable en el sistema de financiación autonómica».   Todos los partidos con representación en la Cámara, con la única excepción del PSOE, se mostraron este jueves de acuerdo con una iniciativa que no podrá aprobarse , ya que se necesita el acuerdo unánime de todos los grupos. Sin embargo, para los socialistas, según explicó su portavoz, Luis Tudanca, en el texto los sorianos «mienten» porque «echan la culpa a María Jesús Montero y al Gobierno de España» , por lo que rechazó asumir dicha declaración con la que «quieren desgastar al nuevo PSOE», en alusión a su secretario autonómico electo Carlos Martínez. Así que Tudanca optó por presentar una alternativa que, en su resolución final es exactamente la misma, pero que en su exposición parte de postulados como que «el Gobierno de España ha manifestado en reiteradas ocasiones que es necesario incluir el criterio de despoblación en todas sus actuaciones». Así que, en este caso, fue Soria ¡Ya! quien no la aceptó, según indicó su portavoz, Ángel Ceña, para quien «es un enredo» de propuesta . Al resto ya ni llegó. Así que, salvo que las cosas cambien de aquí al martes, no habrá consenso para algo en lo que hay unanimidad, como es que se incluya el criterio de despoblación en el nuevo modelo de financiación autonómica que se debatirá en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del 26 de febrero. Salvo Tudanca, todos los portavoces se mostraron de acuerdo en firmar la iniciativa de los sorianos. «Hemos entendido la necesidad» , señaló el popular Ricardo Gavilanes al finalizar la Junta de Portavoces, por lo que acusó al PSOE de «recibir instrucciones de Pedro Sánchez ». Ceña incidió en ello y se preguntó cómo va a mantener su postura Carlos Martínez y si va a ser capaz de «defender a los ciudadanos de su tierra o a quien le ha puesto en el sillón». También miró al nuevo líder socialista el procurador del Grupo Mixto, Francisco Igea , quien ante la negativa del PSOE afirmó con guasa que «no me gustaría que acabase siendo Carlos Martínez Soria», mientras que el parlamentario de Podemos, Pablo Fernández, se refirió al «Page 2.0» para hablar del socialista soriano después de tachar al PSOE de «casa de tócame Roque» por no apoyar la declaración institucional. El portavoz de Vox, David Hierro , anunció su apoyo a la iniciativa y aprovechó para denunciar que «la despoblación es consecuencia de las políticas nefastas del bipartidismo». Y mientras, el aludido alcalde soriano , que no tiene plaza en las Cortes de Castilla y León y, por lo tanto, no podrá defenderse ni hacer labores de oposición, señaló desde su municipio que existe una voluntad del Gobierno central por incluir el «criterio de población ajustada» para el reparto de la financiación autonómica y aseguró que Fernández Mañueco tiene el problema en su casa , ya que son las comunidades gobernadas por el PP las que rechazan que las inversiones se repartan en base a ello. Por su parte, el portavoz y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo, se refirió al mismo asunto al término del Consejo de Gobierno para señalar que sería «importante» llevar una «postura de comunidad» -anteriormente ya se llegó a un acuerdo al respecto en las Cortes- y así intentará hacerlo a través de «la mano tendida» y el «diálogo» al resto de grupos políticos de la Cámara. Al respecto, añadió que Castilla y León está «muy interesada» en que se incluyan las «variables vinculadas al territorio» como la orografía o la despoblación, frente a la propuesta enviada del Ministerio de Hacienda en la que no se añaden en el nuevo sistema de financiación autonómica estas dos cuestiones. «Estamos convencidos de que el coste efectivo de los servicios públicos tiene que ver con eso», defendió Carriedo. «Es una realidad que requiere poca demostración que es más caro prestarlos en una población dispersa», incidió. El modelo actual, detalló, ya incluye algún criterio vinculado al territorio - superficie y densidad - que, a juicio de la Comunidad, es «insuficiente», tal y como ya dejó plasmado y enviado por escrito la Junta en 2022. Pero «no es novedad» que haya «debate» sobre qué variables deben incluirse en el nuevo modelo de financiación, consideró, para añadir después que sí lo es que el Gobierno central « ya lleve una posición previa» y bajo el brazo con una « firma de acuerdos que ha firmado con los separatistas» que buscan «la salida de un territorio del régimen común y una agencia tributaria propia al margen de la estatal». «Eso sí es un perjuicio general para toda España y para Castilla y León», zanjó.