Mazón cambia la Ley de la Huerta para quitar trabas y presionar al Gobierno con las obras «urgentes» en los barrancos

El Gobierno de Carlos Mazón ha aprobado este martes un decreto ley que modifica la Ley de la Huerta de Valencia y el Plan de Acción Territorial de Ordenación y Dinamización ante «la necesidad urgente de abordar carencias y obstáculos que han surgido desde su aprobación en 2018 y que se considera que se han visto agravados» por la dana del 29 de octubre. A partir de ahora, los informes medioambientales de la Generalitat Valenciana en materia de paisaje ya no serán vinculantes. Una forma de presionar al Gobierno central para que mueva ficha, a través de la Confederación Hidrográfica del Júcar, y lleve a cabo «con urgencia» la rehabilitación de infraestructuras hidráulicas , evitando «demoras en el inicio de obras que podrían afectar negativamente a las zonas más afectadas» por la riada. Se refiere así el Ejecutivo autonómico a dos viejos proyectos -retrasados durante años por distintos motivos- que podrán desbloquearse y que chocaron en su momento con esta normativa impulsada por el Consell de PSPV y Compromís liderado por Ximo Puig: la conexión del barranco del Poyo con el nuevo cauce del Turia y el acondicionamiento del barranco de la Saleta en Aldaia. Actuaciones que habrían paliado la dimensión de la catástrofe, pero que también deberán actualizarse ante futuras inundaciones. «Desde hoy, ya no habrá informes negativos que impidan ninguna obra», ha aseverado el conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus, sin especificar cuántos recibieron estos proyectos. «Es uno de los objetivos del decreto, que no haya ninguna duda, porque dejan de ser vinculantes, por lo tanto, se podrá evaluar y no supondrá nunca ningún obstáculo como ya se sabe de sobra que han supuesto los informes en aplicación de la Ley de l'Horta», ha sostenido, al tiempo que ha calificado de «fracaso» esta norma, pues solo hay constancia de un único expediente aprobado para la recuperación de los enclaves de huerta y no prosperó. Otro de los principales cambios es la eliminación del Consell de l'Horta -compuesto por la Generalitat, la Diputación, municipios y organizaciones agrarias- cuyas competencias pasan ahora a las consellerias de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio y Agricultura, Agua, Ganadería y Pesca. Además, se va a permitir el uso residencial dotacional en la zona de huerta «más degradada» o con árboles, la calificada como grado 3, tanto en los municipios directamente afectados por la dana como en otras poblaciones que también precisen soluciones frente a la emergencia habitacional. Si no hay sorpresas, el decreto se convalidará en las Cortes Valencianas con los votos de PP y Vox.