Congresogate: el acta ilegal que devolvió la bancada a Semilla
Haber entregado parte del presupuesto 2025 a la corrupción y hasta el crimen organizado, tiene costos políticos para Samuel Pérez y el partido Semilla. Sus pretensiones alcanzaron al presidente del Congreso Nery Ramos, y a cuatro diputados, que ahora tendrán que enfrentar una investigación del Ministerio Público. Los delitos que habrían cometido pueden terminar con su carrera política, y hasta llevarlos a prisión, tal como ocurrió hace 51 años con el caso Watergate en EE. UU., pero acá no habrá indultos.
El lunes 13 de enero de 2025, un día antes de culminar su trabajo como Comisión Permanente del Congreso de la República, esta instancia, por mayoría, decidió reconocer a los 23 diputados del partido Movimiento Semilla como bloque legislativo.
En la reunión que tardó 43 minutos, participaron Nery Ramos, presidente del Organismo Legislativo; Darwin Lucas Paz, vocal primero; César Amézquita del Valle, vocal segundo; Nery Rodas Méndez, vocal tercero, y lo secretarios Raúl Solórzano Quevedo, Juan Carlos Rivera Estévez y Sonia Marina Gutiérrez Raguay.
Esta fue la sesión número diez que incluyó cuatro puntos en la agenda, pero el tercero es el más relevante porque es el que llevó a los magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC), a ordenar que se investigue a los diputados de la Comisión Permanente. Los congresistas habrían desobedecido una orden judicial y posiblemente cometido otro delito: falsedad.
Los integrantes de la Comisión Permanente, excepto Amézquita y Gutiérrez, avalaron reconocer como bloque legislativo a los 23 diputados de Semilla. El punto fue discutido y analizado con base en la información del Registro de Ciudadanos y la resolución del Juzgado Séptimo que ordenó cancelar en definitiva al partido oficial.
La siguiente decisión de esta comisión fue ordenar “de modo expreso” a la Dirección Legislativa del Congreso, “realizar la actualización de la base de datos interna de Bloques Legislativos vigentes en el Congreso de la República, incorporando en la misma al Bloque Legislativo Movimiento Semilla”.
Eso fue lo que ocurrió en la sesión del 13 de enero. Se respondió de manera favorable a la petición que hizo el 20 de diciembre de 2024 el diputado de Semilla, Samuel Pérez. El viernes 24 de enero de 2025, 11 días después de aquella decisión, el portal del Congreso cambió la condición de “independiente” a “Movimiento Semilla” a los legisladores de ese partido, que celebraron el reconocimiento.
No hubo ninguna duda de que habían recuperado su estatus de bancada. Incluso, el presidente de la República, Bernardo Arévalo, aplaudió la decisión. “Feliz sábado a todos, en especial a la bancada Semilla, que recupera su lugar en el Congreso, como el pueblo se lo dio en las urnas”, escribió en X.
La oposición en el Congreso no se quedó de brazos cruzados y presentó acciones legales en la CC. La resolución de la CC, por la vigencia de una orden del Juzgado Séptimo del 27 de noviembre de 2024, prohibió al Congreso reconocer como bloque legislativo a los 23 diputados independientes. Y advirtió que “en caso de incumplimiento, se certificará lo conducente al Ministerio Público, en contra de quienes resulten responsables, sin perjuicio de las demás responsabilidades en que pudieran incurrir".
Pero la Comisión Permanente ignoró esta orden. Es más, cuando la CC requirió información al Congreso de la República sobre lo resuelto el 13 de enero, la Junta Directiva (JD) le dio vueltas al requerimiento. Fue necesario que los magistrados hicieran tres solicitudes para contar con información que les permitiera resolver la acción planteada el 27 de enero por el partido Vamos contra el reconocimiento de Semilla como bancada.
En la primera respuesta, el Congreso informó que al lunes 27 de enero “no ha emitido Acuerdo Legislativo en donde se restablezca como bloque legislativo al partido político Movimiento Semilla, ni tampoco se ha emitido Acuerdo Legislativo que distribuya las Comisiones de Trabajo y la designación de diputados independientes como presidentes de dichas comisiones”. Agregó que la acción legal de Vamos era contra decisiones de la Comisión Permanente, no de la JD.
El 28 de enero la CC envió tres preguntas más directas, pero de nuevo el Congreso volvió a negar lo resuelto a favor de Semilla. “Si la Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó como bloque legislativo al partido político Movimiento Semilla”, “si los diputados que fueron electos por el partido político Movimiento Semilla continúan, o no, en su calidad de diputados independientes” y “si se ha restablecido, o no, en sus funciones al bloque legislativo del partido político Movimiento Semilla”. La respuesta fue un “no”. Se afirmó que los diputados siguen como independientes.
Sobre la actualización de la condición de “independientes” a “Bloque Semilla” en el portal del Congreso, se indicó: “únicamente significa poner al día la referida base de datos, incorporando en la misma la nueva información recibida. Es oportuno señalar que esta situación no implica el restablecimiento del estatus del bloque legislativo del partido político Movimiento Semilla…”. Esto contradice lo que en su momento celebraron los diputados oficialistas y hasta el propio Arévalo.
La CC hizo otro requerimiento. El 29 de enero solicitó copia certificada de la totalidad del acta de la Comisión Permanente número 5-2025 en la que consta que se reconoció a Semilla como bloque legislativo. De nuevo no se atendió la petición. La JD solo envió “certificación de la transcripción de la referida acta, sin constar en esta las firmas de quienes suscribieron el referido documento”.
Pero una diputada del propio partido Semilla le puso la tapa al pomo para evidenciar la posible ilegalidad y falsedad de la Comisión Permanente y directivos. El 29 de enero la legisladora Laura Fabiola Marroquín Cordón “solicitó su intervención como tercera interesada y, a la vez, que se certifique lo conducente por los delitos que correspondan en contra del Mandatario Judicial del Congreso de la República de Guatemala, Mynor Rafael Prado Jacinto, quien, a su decir, faltó a la verdad al ampliar el informe que fue requerido por esta Corte dentro de las presentes diligencias”, indicó la legisladora, según el expediente de la CC.
“Lo anterior, por razón de que, a su juicio, lo informado por el referido mandatario es ‘FALSO’, puesto que la Comisión Permanente del Congreso de la República en acta número 5-2025 de 13 de enero de dos mil veinticinco (que acompañó en copia simple) ‘suscrita por la mayoría de los diputados miembros de dicha comisión', contiene en su punto tercero, literal B, una instrucción dirigida a la Dirección Legislativa del Congreso de la República para actualizar la base de datos interna de bloques legislativos vigentes en el Congreso de la República, incorporando en la misma al bloque legislativo Movimiento Semilla”.
La CC no accedió a la petición de Marroquín, pero la “copia simple” del acta 5-2025 del 13 de enero que incluyó en su solicitud, le permitió advertir que faltan las firmas de dos diputados y destacó ese punto en su resolución del 31 de enero, porque la JD no envió copia certificada de la totalidad del acta, solo una transcripción parcial. Es decir, la CC no puede dar veracidad al documento enviado porque no es lo que requirió y, menos, si no está firmado por todos diputados que asistieron a la sesión.
Para los magistrados de la CC está claro que se incumplió una orden legal. “Se denota la intención de diputados —de la Comisión Permanente-— de restablecer como Bloque Legislativo a legisladores independientes del partido político Movimiento Semilla”.
Las respuestas de la JD dejan entrever que podrían ocultar el acta que sí aceptó la petición de Samuel Pérez. ¿Cómo es posible que en la transcripción remitida por el Congreso se indique que no se accedió a la solicitud del diputado, pero en ese documento conste que se ordenó incorporar como bloque legislativo a Semilla?, ¿por qué no se envió la certificación completa de acta 5-2005 como demandó la CC?, ¿por qué la diputada Marroquín intentó responsabilizar al mandatario judicial del Congreso, al asegurar que la bancada sí fue reconocida por la Comisión Permanente?, ¿por qué la supuesta acta 5-2025 que remitió la diputada Marroquín no tiene todas las firmas de los diputados, pero el documento asegura que todos firmaron?
El Ministerio Público ya inició las investigaciones y pronto se podrían conocer las respuestas a estas preguntas que apuntan a delitos como falsedad, una irregularidad que habría cometido Semilla en el pasado. Su cancelación responde a supuestas ilegalidades como esta, cuando, en la conformación del partido, se falsificaron firmas, según la acusación de la fiscalía.
Nery Ramos se adelantó para aceptar la culpa. Dijo a los periodistas que asume la responsabilidad por los hechos. Tal como lo ocurrido en el famoso caso Watergate de EE. UU., la investigación podría terminar con la carrera política del presidente del Congreso y de los otros diputados que avalaron y encubrieron las probables ilegalidades.
Por el lado de Samuel Pérez y Semilla, entenderían —muy tarde—, que haber “negociado” el presupuesto para entregarlo a la corrupción y hasta el crimen organizado, a cambio de la presidencia del Organismo Legislativo y mantener el control sobre algunas comisiones, tiene un costo político y hasta penal.