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Январь
2025

Un equipo de fiscales que incluye Anticorrupción centraliza las diligencias de la DANA en un juzgado de Catarroja

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El Ministerio Público coordina a cinco fiscales especializados en medio ambiente, penal y anticorrupción

Un centenar de afectados por la DANA se querella contra cargos del Gobierno de Mazón y la Confederación Hidrográfica

El Ministerio Fiscal ha acordado centralizar las diferentes diligencias seguidas hasta ahora por la DANA del pasado 29 de octubre en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, cuya titular es la magistrada Nuria Ruiz Tobarra. Se trata de la localidad situada en el partido judicial que más víctimas mortales acumula a consecuencia de la barrancada. La magistrada es la decana del partido judicial de Catarroja.

La Fiscalía Provincial de València también ha informado sobre la creación de un equipo de cinco fiscales para proporcionar una “respuesta coordinada” desde el Ministerio Público y trabajar en colaboración con el juzgado de instrucción. El equipo incluye a fiscales especialistas en medio ambiente, penal y, lo más llamativo, anticorrupción.

Las denuncias por la DANA se encuentran en una suerte de limbo, a tenor del excepcional desafío judicial que suponen por la cantidad de partidos judiciales afectados y la complejidad jurídica. La causa judicial, en el caso de que prospere una instrucción, se antoja larga y con una severa carga de trabajo para cualquier juzgado de instrucción, con antecedentes como la pantanada de Tous en 1982.

Por un lado, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJ-CV) remitió a los juzgados de instrucción las siete querellas y denuncias iniciales contra el president Carlos Mazón. El titular del Juzgado de Instrucción número 15 de València archivó una denuncia del pseudosindicato Manos Libres, al considerar que planteaba una causa general.

Además, Podemos también presentó una denuncia por la DANA, aunque sin dirigirse contra ningún responsable en concreto.

Esta semana, un centenar de afectados (incluidos tres familiares de fallecidos), agrupados en la Asociación de Damnificados Horta Sud de València, se querelló contra miembros del Consell de Mazón (ninguno de ellos aforado) y contra el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Miguel Polo, por los presuntos delitos de homicidio imprudente, lesiones, daños, prevaricación omisiva y omisión del deber del socorro.