El Bundestag rompe el «cordón sanitario» contra la ultraderecha

El Parlamento alemán aprobó ayer una moción a propuesta de la Unión conservadora para endurecer la política migratoria. La proposición, que contó con el apoyo de los ultras de Alternativa para Alemania (AfD), pide el rechazo total de los solicitantes de asilo en las fronteras alemanas y, para muchos, es el culmen de una escalada política que, zozobrada por la campaña electoral, desató el ataque con cuchillo en la ciudad de Aschaffenburg, en el sur del país, que se saldó con dos muertos –uno de ellos un niño de dos años– y por el que se detuvo a un solicitante de asilo afgano al que se había ordenado abandonar el país. Un suceso que ha hecho tambalear el cordón sanitario erigido contra los populistas de AfD y que ha llevado la controversia sobre la inmigración en Alemania hasta el centro del debate político. Una segunda solicitud de la Unión con propuestas de reforma integral para una política migratoria restrictiva y poderes adicionales para las autoridades de seguridad fue, en cambio, rechazada por el Bundestag.

Uno de los puntos de la aprobada moción prohíbe la «entrada de facto para las personas que no tienen documentos de entrada válidos», lo que, según la prensa alemana, debería aplicarse explícitamente a las personas que quieran solicitar asilo en Alemania. También debería ser detenida cualquier persona que esté legalmente obligada a abandonar el país, lo que obligará a la Policía federal a desempeñar un papel más importante en los retornos. En su solicitud, la Unión conservadora también exige que los

delincuentes y todos aquellos «deportables» sean detenidos indefinidamente hasta que abandonen el país voluntariamente o hasta que se pueda llevar a cabo la deportación. También se requieren controles fronterizos permanentes algo que, sin embargo, ya se estaba ejecutando desde hace algunos meses en todas las fronteras terrestres alemanas.

La segunda propuesta, que fue rechazada en el Pleno, exigía medidas para el reconocimiento facial electrónico, incluso en estaciones de tren y aeropuertos, o exigir a las empresas de telecomunicaciones el almacenamiento de las direcciones IP para identificar dispositivos en internet. Asimismo, se debería poner fin a la reunificación familiar con quienes tienen derecho a protección subsidiaria, a menudo refugiados de la guerra civil, o a todos los programas de admisión voluntaria. El líder de la Unión y candidato a canciller por la Unión Cristianademócrata (CDU), Friedrich Merz, no pudo ocultar su satisfacción tras haber conseguido la mayoría para su primera propuesta, pero, en un intento de silenciar las voces que le acusaron de acercarse demasiado a los ultras de AfD, tendió la mano a nuevas negociaciones con los socialdemócratas del canciller Olaf Scholz y a Los Verdes. «No quiero más mayorías que las del centro democrático de nuestro Parlamento», aseguró Merz en una sesión inusualmente acalorada. El Bundestag votará mañana la llamada ley de limitación de la afluencia, con la que la Unión quiere poner fin a la reunificación familiar de los refugiados con un estatus de protección limitado.

Tras el anuncio de los resultados de la votación, el líder del grupo parlamentario del SPD, Rolf Mützenich, expresó sus dudas en mantener un encuentro con el líder de la CDU. Después de una votación de este tipo, no se debería «volver a la normalidad», aseguró. La Unión ha «salido del centro político». Por su parte, Los Verdes hablaron de un día negro para la democracia. La líder del grupo ecologista, Katharina Dröge, dijo que «la moción solo obtuvo la mayoría porque la facción de extrema derecha estuvo de acuerdo». La pregunta que surge ahora es si este plan es jurídicamente viable, ya que, según expertos, podría chocar con la legislación alemana y de la UE. De hecho, en el espacio Schengen no se prevén controles fronterizos permanentes o de haber excepciones, como ocurre actualmente, solo pueden aplicarse durante un período de tiempo limitado. En este aspecto, la CDU defiende que Alemania tiene el deber de dar prioridad a la aplicación de la legislación nacional, porque las normas europeas no funcionan. La base de este argumento es el artículo 72 del Tratado de Funcionamiento de la UE, que permite a los Estados, excepcionalmente, ignorar la ley europea en estas cuestiones de asilo y migración si el «mantenimiento del orden público» y la «protección de la seguridad interna» están en peligro. Hasta el momento, el Tribunal de Justicia Europeo no ha fallado a favor de todos los Estados que han esgrimido este artículo.