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Venezolanos pertenecientes al grupo 'Tren de Aragua' podrían ser deportados de EE. UU. y llevados a cárceles de El Salvador

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El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Donald Trump, ha intensificado sus medidas contra la inmigración ilegal y el crimen organizado transnacional. En este contexto, la pandilla venezolana Tren de Aragua ha sido señalada como una de las principales amenazas a la seguridad nacional. Con la posibilidad de que Venezuela no acepte a los extraditados, el gobierno salvadoreño de Nayib Bukele podría recibir a estos criminales en sus cárceles de máxima seguridad.

La congresista republicana María Elvira Salazar reveló que Bukele está dispuesto a colaborar con la administración estadounidense en la lucha contra el crimen organizado. "Sabemos que en las cárceles de El Salvador hay espacio y que el presidente Bukele ha demostrado ser eficaz en su estrategia de seguridad", afirmó en la Conferencia Republicana en Miami.

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El Tren de Aragua: una amenaza regional

El Tren de Aragua nació en Venezuela y ha expandido su influencia a países como Colombia, Perú, Chile y Bolivia. Su accionar delictivo abarca el tráfico de personas, el secuestro, la extorsión y el narcotráfico. Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU., se trata de una organización criminal transnacional con presencia en suelo estadounidense.

Algunos datos relevantes sobre el Tren de Aragua:

  • Se originó en la prisión de Tocorón, en Venezuela.
  • Ha sido vinculado a redes de tráfico sexual y explotación de migrantes.
  • Su influencia ha alcanzado a comunidades vulnerables en varios países de América Latina y EE. UU.

El exvicepresidente de Colombia y exdirector de la Policía Nacional, Óscar Naranjo, ha calificado al Tren de Aragua como "la organización criminal más disruptiva que opera actualmente en América Latina".

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Política migratoria y extradición de criminales de Tren de Aragua

Desde el inicio del segundo mandato de Donald Trump, la Casa Blanca ha endurecido las políticas migratorias y ha enfatizado la necesidad de deportar a criminales extranjeros. En este marco, el Departamento de Estado ha iniciado el proceso para designar al Tren de Aragua como una organización terrorista extranjera.

El 20 de enero, un decreto presidencial incluyó al Tren de Aragua y a la MS-13 en una lista de amenazas para la estabilidad hemisférica. Además, se han realizado operativos en diversas ciudades de EE. UU. para capturar a miembros de estas organizaciones criminales.

Las recientes acciones incluyen:

  • Arresto de un alto miembro del Tren de Aragua en Nueva York.
  • Captura de dos integrantes en Atlanta.
  • Refuerzo de la cooperación internacional para frenar el avance de estas pandillas.

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El mandato de Bukele y su política de seguridad

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, ha implementado una estrategia de seguridad basada en el encarcelamiento masivo de pandilleros, lo que ha convertido al país en uno de los más seguros de la región. Su "guerra contra las pandillas" ha resultado en la detención de más de 70.000 presuntos criminales.

María Elvira Salazar destacó que Bukele "tiene la infraestructura y la voluntad de ayudar" a la administración de Trump en la lucha contra el crimen organizado. Su modelo carcelario, con megaprisiones de alta seguridad, se ha convertido en una referencia en América Latina.

Algunas características del sistema penitenciario salvadoreño:

  • Megacárceles con capacidad para más de 40.000 reclusos.
  • Régimen de máxima seguridad y aislamiento para líderes criminales.
  • Reducción significativa de homicidios y delitos violentos en el país.

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Implicaciones regionales y controversias con respecto a el manejo de cárceles en El Salvador

La posible deportación de miembros del Tren de Aragua a El Salvador ha generado debates en la comunidad internacional. Mientras algunos sectores aplauden la estrategia de Bukele, organizaciones de derechos humanos han cuestionado las condiciones carcelarias y los procesos de detención masiva.

Las principales preocupaciones incluyen:

  • Posibles violaciones a los derechos humanos en las cárceles salvadoreñas.
  • Falta de debido proceso para algunos detenidos.
  • Expansión del modelo Bukele a otros países de la región.

Mientras el panorama sigue en desarrollo, la cooperación entre EE. UU. y El Salvador en materia de seguridad podría marcar un precedente en la lucha contra el crimen organizado en América Latina.