Atraso en alcantarillado de San José provoca sentencia contra el presidente del AyA
La Sala Constitucional declaró con lugar un recurso de amparo contra el presidente ejecutivo de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Juan Manuel Quesada, por la demora en el plan de Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José, el cual debe proveer una solución al tratamiento de aguas residuales en la capital.
Este plan es del 2002, cuando el AyA determinó la necesidad de invertir $685 millones para atender un grave problema sanitario y ambiental, producto de la incorrecta recolección de aguas y sedimentos de tanques sépticos domiciliarios en San José.
Las autoridades determinaron que camiones cisterna descargaban los desechos sin control en zonas no autorizadas.
Desde el año 2007, Acueductos y Alcantarillados comenzó a ejecutar el Proyecto de Mejoramiento Ambiental del Área Metropolitana de San José. Mediante esta iniciativa, se construyó la planta de tratamiento Los Tajos, inaugurada en el 2015, y la conexión de los colectores de aguas residuales en los ríos Torres, Rivera y María Aguilar, entre el 2015 y el 2016.
Sin embargo, el pasado 26 de agosto, un ciudadano presentó un recurso de amparo en el que acusó al presidente ejecutivo del AyA y a la gerente general de la institución, María Alejandra Mora, por incumplimiento de sus labores.
El recurrente aseguró que Quesada no gestionó el financiamiento para garantizar la continuidad del proyecto pese a que, en la sesión del 31 de mayo del 2022, la Junta Directiva del AyA autorizó al presidente ejecutivo para buscar los recursos con ese fin.
El denunciante añadió que la gerente no ha garantizado que este plan concluya en el 2028 sin posibilidad de prórrogas, como lo ordenó la Junta Directiva.
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Magistrados declaran recurso parcialmente con lugar
Tras analizar el recurso de amparo, la Sala IV lo declaró parcialmente con lugar.
Los magistrados rechazaron pronunciarse sobre el presunto incumplimiento de deberes, ya que este tipo de quejas, al tratarse de un posible delito, no se discuten en un tribunal constitucional, sino que competen a las instancias judiciales.
Sin embargo, los magistrados sí declararon con lugar el recurso respecto a la demora del AyA en la elaboración de un informe sobre el estado de los proyectos actuales.
Al ser consultado por la Sala IV, Juan Manuel Quesada argumentó que este análisis se encontraba en desarrollo y que cuando finalizara se tomarían las acciones necesarias para conseguir el financiamiento y garantizar la continuidad de los proyectos.
No obstante, los magistrados señalaron que el informe no tiene un fecha de finalización y, por lo tanto, esto genera incertidumbre en la ciudadanía que, según el artículo 50 de la Constitución Política, tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Además, esta incertidumbre aumenta al considerar que hay dificultades para conseguir el financiamiento.
“(De la respuesta del AyA) no se extrae que exista una fecha cierta para la finalización (del proyecto), de manera que se pueda considerar que la ejecución no sufrirá mayores contratiempos pese a la situación expuesta. Por lo anterior, este extremo del recurso debe acogerse”, determinaron los magistrados.
La Sala Constitucional dio a Juan Manuel Quesada y a María Alejandra Mora un plazo de seis meses para finalizar el informe del estado de los proyectos y el plan de acción que garantice la continuidad del plan de mejoramiento sanitario de San José.
El AyA deberá pagar las costas, daños y perjuicios causados.
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