Junts insiste a Sánchez en trocear el decreto ómnibus y dejar fuera la moratoria contra los desahucios
La formación de Carles Puigdemont asegura que "la pelota está en la mesa de la Moncloa"
Un año de tensión con Junts: tumbó cinco leyes al Gobierno pero le apoyó el 75% de las veces
Junts no se mueve en su choque de posiciones con el Gobierno respecto al decreto ómnibus tumbado la semana pasada, y que incluía la revalorización de las pensiones o la rebaja del transporte público. En una comparecencia este lunes, la formación que lidera Carles Puigdemont ha insistido en que solo aprobarán algunas de sus medidas sociales si se llevan por separado el Consejo de Ministros.
Josep Rius, vicepresidente y portavoz de Junts, ha concretado un este lunes las condiciones que su partido ya manifestó poco después de tumbar el real decreto ley. Su exigencia a Sánchez, que aseguran que ya han trasladado al PSOE, es que aprueben un decreto individualizado con las medidas sociales, que ellos consideran que son cuatro: la revalorización de las pensiones, la del ingreso mínimo vital, la bonificación de los abonos del transporte público y las ayudas a los afectados por la DANA.
En este sentido, Junts ha dejado fuera la moratoria contra los desahucios de familias vulnerables. “Saben la posición que tiene Junts y la mantenemos”, ha contestado Rius a las preguntas de los periodistas sobre su voluntad de que Sánchez deje incluya el escudo social. El secretario general de Junts, Jordi Turull, ya dejó claro que se oponían a esta medida al considerar que amparaba y no resolvía la problemática de las “ocupaciones delincuenciales”.
“La pelota está en el tejado del PSOE”, ha repetido Rius durante la breve comparecencia. Con todo, Sánchez no ha desvelado todavía si recuperará el decreto ómnibus o si lo hará. La intención de entrada de Moncloa es no trocear el decreto precisamente por miedo a que decaiga el escudo social.
La decisión de Junts de oponerse al escudo social contra los desahucios, vigente desde la pandemia y que impide los desalojos de hogares vulnerables sin alternativa habitacional, ha causado la indignación de entidades sociales y por el derecho a la vivienda. Por contra, desde la formación independentista se quejan de que la medida no se plantee incluir su propuesta de poder desalojar ocupaciones en 48 horas.