Contra la delincuencia, la educación es la mejor arma, pero hay otras
Costa Rica enfrenta una de las mayores olas criminales de los últimos treinta años, y las organizaciones transnacionales del crimen organizado se asientan en el país, donde encuentran terreno propicio para el tráfico de armas, drogas, personas, mercancías ilícitas y dinero. Para sus fines, reclutan infantes, adolescentes y jóvenes, quienes se convierten en consumidores, distribuidores, integrantes y víctimas.
Por tanto, es prioritario diseñar políticas sociales para atacar la pobreza y la desigualdad, que constituyen causas estructurales del crimen y la delincuencia.
Las cárceles no intimidan a los miembros de las organizaciones criminales. Por el contrario, representan un premio o incentivo, ya que son espacios donde se gestan nuevos grupos con vínculos nacionales e internacionales, como ocurrió con el Tren de Aragua.
En las cárceles costarricenses, se cometen estafas, secuestros y distribución de drogas; además, se lideran asociaciones delictivas, como bandas de sicariato.
La sociedad está lamentablemente indefensa. El Estado carece de políticas integrales que abarquen educación, cultura, salud, vivienda, bienestar social, redes de cuidado, políticas de equidad e igualdad de género, empleo, o el fomento de iniciativas emprendedoras y empresariales.
Las políticas de seguridad aún están ancladas en el siglo XX, caracterizadas por el punitivismo, el androcentrismo, el adultocentrismo y una visión localista.
Qué se puede hacer
- Diseñar políticas sociales con la educación como aliada principal. La reducción de desigualdades estructurales está ligada a un sistema educativo inclusivo, gratuito y de calidad, que abarque desde la infancia hasta la universidad.
- Diseñar una política de prevención del delito. Es esencial fortalecer valores, principios, sanas costumbres, fomentar la vida saludable, la protección comunitaria y educar para la convivencia pacífica en entornos libres de violencia, desde la infancia hasta la adultez.
- Repensar el modelo punitivo. Las cárceles ya no disuaden. Las leyes de “mano dura” solo alcanzan a las jerarquías menores, mientras que las élites de las organizaciones criminales permanecen protegidas por los Estados, facilitadores de la corrupción y el resguardo de capitales ilícitos.
- Erradicar paradigmas limitantes. Las mujeres, aunque contabilizadas como víctimas, están ausentes en la toma de decisiones públicas de alto nivel. Son esenciales como educadoras en sus hogares y comunidades, pero siguen siendo socialmente marginadas. La feminización de la pobreza, el desempleo y la violencia persisten sin medidas eficaces.
El crimen organizado y el tráfico de personas y mercancías ilícitas no pueden tratarse como un fenómeno exclusivamente nacional. Sus tentáculos son transnacionales, y se extienden desde Asia hasta el Cono Sur. Las políticas públicas no deben ignorar que las poblaciones más afectadas son la infancia, la adolescencia y la juventud, quienes necesitan atención prioritaria.
- Promover una inversión social inclusiva, amplia y sostenida. Erradicar la pobreza requiere inversión constante en educación, iniciativas emprendedoras y empresariales, y la reducción de desigualdades. Además, es fundamental priorizar a mujeres en condición de pobreza, víctimas de violencia, y aquellas con responsabilidades de cuidado infantil, personas con discapacidad, personas mayores, infantes abandonados o jóvenes en situación de calle o consumidores de drogas.
Los programas de reinserción social para personas privadas de libertad y poblaciones vulnerables por condiciones estructurales o coyunturales son igualmente esenciales.
Educar no es solo llenar de conocimientos teóricos. Educar es proporcionar herramientas teórico-prácticas para que las personas desarrollen una vida digna, segura y en convivencia pacífica.
Tania Molina Rojas es consultora en criminología y seguridad, tiene una especialidad en crimen organizado y redes ilícitas en las Américas por el Centro Hemisférico de Defensa William J. Perry con sede en Washington.