Cristián Riego: “Los políticos deben renunciar a entender que el aparato del Estado es un botín”

El caso Convenios, el caso Audios e incluso la situación de algunas municipalidades han remecido a la política y afectado a su legitimidad por el mal uso de fondos públicos, lo que desde la perspectiva del abogado y académico de la Universidad Diego Portales, Cristián Riego, responde a la visión que tiene la clase política del mismo Estado. 

El abogado asegura que es necesaria una reforma que represente un pacto entre la sociedad civil y la política en que “los políticos deben renunciar a entender que el aparato del Estado es un botín”. 

Parte de lo que ha marcado los últimos escándalos de corrupción que han estado en la palestra pública, son los vínculos estrechos entre autoridades y quienes trabajan con ellos, lo que propiciaría irregularidades, según explicó Riego.

“Se compite para llegar al Estado y una vez en el Estado se distribuyen fondos y cargos entre amistades y aquellos que te hicieron la campaña. Lo cual hace que sea muy ineficiente, que el Estado no aprenda nada (…) además, donde estos mismos funcionarios se prestan para la corrupción porque empiezan a favorecer con contratos a personas externas”, cuestionó.

Para el académico, el desafió es que el Estado sirva a las personas y se gaste el dinero de manera eficiente: “Eso supone que creemos un Estado profesional, en el cual se reclute a las personas por mérito y donde la política no tenga nada más que decir que definir las líneas políticas”.

A lo anterior, agregó que se requiere una discusión seria con representación ciudadana y política para acotar el nombramiento de funcionarios por gobierno, porque, además “el Estado crece y crece y sabemos que no es más eficiente. No es más eficiente que cuando tenía la mitad del personal que tiene, porque la mayoría de las personas que ahí está o un porcentaje muy alto, son personas que se dedican a la política más que a servir a los ciudadanos”.

Fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende 

Una controversia que ha destacado en la agenda de las últimas semanas es la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende por parte del Estado. Entre los coletazos que ha generado está la solicitud de la oposición al Tribunal Constitucional (TC) para que se pronuncie sobre la permanencia de la senadora Isabel Allende (PS) en su cargo, comprendiendo que es copropietaria del inmueble y esta transacción no sería permitida por la Constitución. 

Si bien esta situación está siendo investigada desde varios flancos, el abogado aseguró que hay un problema de deslegitimación de la actividad política frente a la ciudadanía. 

Hay una discusión abierta sobre cómo podría resolver el TC. Por su parte, Riego dijo: “Yo pienso que al TC no le queda alternativa más que destituir a la senadora Allende, porque la Constitución dice que los senadores tienen una prohibición absoluta de celebrar contratos con el Estado”. Además, sostuvo que el contrato se celebró a pesar de no haberse concluido la inscripción en el conservador de Bienes Raíces. 

Democracia Viva y diputada Pérez 

Una nueva arista del caso Convenios o caso Democracia Viva fue abierta a finales de la semana pasada apropósito de la filtración de chats entre la diputada Catalina Pérez y su expareja, Daniel Andrade. Desde el mundo político, exigen que la parlamentaria sea desaforada para que la Fiscalía pueda avanzar en su formalización por su eventual participación en la causa vinculada con el delito de fraude al Fisco.

Al respecto, el académico de la Universidad Diego Portales opinó que las conversaciones recién reveladas “dan cuenta de que ella, más allá de que haya cometido o no el delito de fraude al fisco, sin duda que está involucrada en el intento por conseguir dinero para financiar la política, para favorecer a su pareja. Y está involucrada tanto en hacer lo necesario para conseguir este tipo de dinero, como para encubrir su mal uso”.