Sobre Pablo Muñoz Hoffman: el asedio permanente

La detención en La Paz, Bolivia, de Pablo Muñoz Hoffman, encendió las alertas en Chile por tratarse del último de los cuatro miembros del FPMR que había escapado desde la Cárcel de Alta Seguridad en un helicóptero el 30 de diciembre de 1996, operación que se denominó “Vuelo de Justicia”.

Muñoz fue condenado por su participación en el atentado contra Jaime Guzmán Errázuriz, además del asalto a un camión de transporte de valores y el posterior secuestro que siguió a ese hecho. En enero de 1992 junto a su hermano Alexis y otro integrante del FPMR, Fabián López, al ser sorprendidos en el atraco al camión de valores, tomaron una vivienda en la comuna de Ñuñoa, donde mantuvieron de rehenes al abogado Erick Riveros y su familia. La trama se saldó 14 horas después con la muerte de Fabián y Alexis y el posterior ingreso de Carabineros del Grupo de Operaciones Especiales que dejó herido a Pablo Muñoz quien fue trasladado a un recinto asistencial luego de la golpiza propinada por los funcionarios, según él mismo refirió posteriormente.

También fue condenado por el atentado que costó la vida a Luis Fontaine, un coronel en retiro de Carabineros que en 1985 oficiaba como director de la Dicomcar, el organismo que detuvo, torturó y degolló a tres profesionales comunistas en marzo de ese año. Otro hecho que se le endosó a Muñoz Hoffman fue el fallido atentado contra Gustavo Leigh Guzmán, el comandante en jefe de la Fuerza Aérea al momento del golpe de Estado en septiembre de 1973 y que apretaba el puño contra la palma de su mano frente a las cámaras de televisión para decir que extirparían “el cáncer marxista”.

Pablo Muñoz formaba parte de ese grupo de militantes que por la vía de las armas había cuestionado a la dictadura y el monopolio del uso de la fuerza. Mientras el régimen civil y militar lo usaba para aterrorizar al pueblo, los integrantes del FPMR lo usaban para espolonear al terrorismo de Estado que se había instalado en Chile con Augusto Pinochet y todo su séquito de militares y civiles que le daban sustento ideológico y a través de las armas.

Hacia fines de los años ’80 del siglo XX, el FPMR concluía que la salida pactada con la dictadura no iba a ser la solución a los problemas que tenía el país y que sería un consenso con quienes la sustentaban. La historia daría la razón a ese análisis al ver la existencia de mecanismos antidemocráticos como el sistema binominal que sólo se modificó en mayo de 2015, es decir 25 años después del término de la dictadura. En términos aún más profundos, el sistema económico, político, social y cultural que instaló a fuego la dictadura, aún se mantiene sin modificaciones sustanciales. Baste comparar los niveles de desigualdad en 1990 y en 2020 donde, si bien se registra una variación, aún mantiene un ingreso concentrado en un 1% de la población que accede al 49,6 por ciento de la riqueza. Mientras, el 50 por ciento de los hogares de menores ingresos tiene un 2,1% de la riqueza del país. Por lo tanto, la alegría no llegó y sólo se dio paso a un sistema que profundizó el sistema heredado y se dedicó a combatir a fuego a las organizaciones político-militares como el FPMR autónomo del que formaba parte Pablo Muñoz que lo cuestionaban. Para ello se creó la “Oficina” bajo las órdenes del Ministerio del Interior que encabezaba Enrique Krauss. Años más tarde, él mismo como presidente de la Democracia Cristiana se oponía a reformar el binominal, bloqueando así la elección de candidatos que no fueran de la derecha o la Concertación al Parlamento.

El contexto no deja de ser importante para explicar el mundo al cual pertenecía Pablo Muñoz, donde se percibía que el camino que tomaría Chile sería el de profundizar el sistema dejado por la dictadura. Y resultó que de tanta desigualdad se llegó a una serie de movilizaciones que no pueden ser vistas como hechos aislados y sin conexión. Porque el movimiento estudiantil de 2006, la Revolución Pingüina, apuntó a una de las bases de la Constitución de 1980, la LOCE. Mientras, los movimientos sociales posteriores ratificaron que esa carta fraudulenta era el origen de muchos de los problemas que aún persisten en Chile. Hasta que llegamos al estallido social de 2019. Y ahí el reclamo principal fue cambiar la Constitución… que finalmente, por razones que aún se debaten, no se modificó.

Tantas volteretas tiene la historia de Chile que no llama la atención que el Poder Judicial si bien ordenó levantar las alertas y órdenes de detención contra Muñoz Hoffman en 2020, ayer miércoles decidiera que se debía proceder con la solicitud de extradición desde Bolivia. Más llama la atención el hecho de que en 2020 no se levantara la alerta en la base de datos de la PDI y que fueran funcionarios de su dependencia los pidieran a las autoridades bolivianas su detención en La Paz cuando iba al consulado al que ya había concurrido sólo días antes.

Tampoco puede dejarse pasar la actitud de varios parlamentarios oficialistas. Ejemplo de ellos es el diputado del Partido Socialista Tomás de Rementería, quien pidió “más esfuerzos diplomáticos” para que Pablo Muñoz sea extraditado a Chile por estar “prófugo” durante mucho tiempo. “Esperemos que pronto se concrete un proceso de extradición”, agregó el legislador. De Rementería está claramente en las antípodas de los parlamentarios de su propio partido que décadas atrás fueron a recibir a los guerrilleros que acompañaban a Ernesto Guevara de la Serna en la selva de Bolivia para darles inmunidad y que fueran llevados de vuelta a Cuba y no ante las autoridades bolivianas que, bajo las órdenes de los Rangers estadounidenses habían cazado al líder revolucionario. Ciertamente no es fácil estar a la altura de un hombre como Salvador Allende.

Como señaló el abogado de Pablo Muñoz, el jurista Alberto Espinoza, la decisión de la Corte Suprema de impulsar la extradición desde Bolivia “es vergonzosa” y debe ser revertida.