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Una abogada explica lo que debes hacer al alquilar tu casa para evitar que sea okupada por tus inquilinos: «Están mejor asesorados»

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Abc.es 
Pocas situaciones pueden ser más frustrantes para un propietario que descubrir que los inquilinos en los que había depositado su confianza han dejado de pagar el alquiler y, además, se niegan a abandonar la vivienda. Este fenómeno, conocido como 'inquiocupación', está convirtiéndose en una verdadera pesadilla para muchos arrendadores en España. Sobre este tema ha hablado Ana Quiroga, conocida como @abogada.tiktok, una profesional que ha ganado popularidad por ofrecer consejos legales a través de las redes sociales. En uno de sus últimos vídeos, Quiroga aborda el problema de los inquilinos que dejan de pagar y se amparan en vacíos legales para permanecer en las viviendas sin ser desalojados. Quiroga explica que una de las claves para protegerse ante este tipo de situaciones es incluir una cláusula específica en el contrato de arrendamiento. En dicha cláusula se debe estipular que, en caso de que el inquilino deje de pagar las rentas durante la primera anualidad del contrato, el propietario podrá ejercer acciones penales basándose en el artículo 248 del Código Penal , que regula el delito de estafa. Esto incluye la posibilidad de solicitar medidas cautelares al juez de instrucción, como la expulsión inmediata del inquilino y, en los casos más graves, la detención. La abogada también destaca que, con el auge de la inquiocupación , los ocupas están cada vez mejor asesorados legalmente, lo que dificulta aún más la posición de los propietarios. Por ello, insiste en que es crucial añadir esta cláusula en todos los contratos de alquiler para evitar problemas mayores. Según Quiroga, esta medida protege al arrendador porque facilita la actuación judicial en caso de que el inquilino incumpla sus obligaciones. Además, Quiroga anima a propietarios e inmobiliarias a compartir esta información y a incluir esta cláusula en todos los contratos que gestionen. Según ella, este pequeño detalle puede marcar la diferencia entre enfrentarse a un largo y costoso proceso judicial o solucionar rápidamente un problema de impago.