Los socios de Sánchez frustran su blindaje judicial

Las investigaciones judiciales que cercan al entorno del jefe del Ejecutivo se han convertido en el motor principal del impulso legislativo del Gobierno. Después de que los cinco días de reflexión de Pedro Sánchez alumbraran un «Plan de acción para la democracia» con el que se pretendía aumentar el control y fiscalización de los medios de comunicación bajo el pretexto de la lucha contra las «fake news»; ahora, se avanza en una reforma de las reglas del juego judiciales para desactivar las causas que afectan a su mujer o al fiscal general del Estado. Sin embargo, los intereses de Sánchez para avanzar en su blindaje procesal necesitan del aval de sus socios para prosperar, entre los que existen ya suspicacias por las formas en las que se desenvuelve el Gobierno y anticipan que serán muy exigentes en la negociación.

Con el pretexto de «plantar cara al acoso de los ultras» –Félix Bolaños dixit–, el PSOE registró ayer en el Congreso de los Diputados [[LINK:EXTERNO|||https://www.larazon.es/espana/psoe-registra-congreso-limitacion-accion-popular-plena-investigacion-entorno-sanchez_202501106780df2a4f1fb7000183e782.html|||una proposición de ley para acabar con lo que califica de «acoso judicial» al Gobierno]] auspiciado por sectores extremistas, lo hizo bajo el eslogan de garantizar la «protección de los derechos fundamentales frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas». Esto es, se propone legislar para limitar el papel de las acusaciones populares, aquellas que han iniciado las investigaciones que, a día de hoy, cercan judicialmente a familiares de Sánchez.

La fórmula de la proposición de ley, en lugar del proyecto de ley, no es baladí, ya que permite esquivar los informes preceptivos –no vinculantes– de órganos consultivos como el Consejo de Estado o el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y acelera la tramitación parlamentaria de la norma. De este modo, la iniciativa se hace a través del Legislativo (Grupo Parlamentario Socialista) y no del Ejecutivo (Consejo de Ministros) bajo el argumento de que cuenta con el favor de otros grupos políticos. Nada más lejos de la realidad. La primera aproximación de varios de los aliados parlamentarios ha sido muy crítica, frustrando las aspiraciones del presidente de lograr el blindaje judicial.

Los socios del Ejecutivo recibieron la iniciativa con cierta sorpresa. Según confirman a este diario, el PSOE inició los contactos apenas unas horas antes de registrar la propuesta. Un «mero tanteo», según confirman varias fuentes, que no presupone un apoyo cerrado del resto de grupos. La crítica habitual de los aliados del Gobierno también opera en este caso. Se quejan de que los socialistas se desenvuelven con cierta «soberbia», dando por hecho su apoyo sin apenas negociar, «como si fueran lentejas». La situación de debilidad del Ejecutivo abre aquí también una ventana de oportunidad para que los distintos socios saquen rédito político.Varios partidos ya avanzan que serán «muy exigentes y ambiciosos» y critican que el PSOE pida ahora una adhesión inquebrantable cuando, en su día, miraron para otro lado mientras ellos sufrían casos similares. En este sentido, Junts anunció ayer que presentará «una enmienda a la totalidad con texto alternativo a la propuesta del PSOE» por considerarla «insuficiente, limitada y que no aborda el problema de fondo». También hay dudas sobre el contenido de la norma y la contaminación por el contexto en el que surge. «No puede ser la ley Begoña», advierten.

En ERC, EH Bildu y BNG ven con buenos ojos la reforma, pero se emplazan a «estudiar el texto en profundidad» sobre todo en lo que respecta al precepto más conflictivo, el que impone la retroactividad de la norma, que podría aplicarse a investigaciones que ya se encuentren en curso, lo que, además de a los citados casos, afectaría a decenas de ellos en los que hay partidos personados, en especial el PP, el PSOE y Vox, entre ellos el «caso Koldo».

Desde Sumar también mostraron su malestar por la reforma que califican de «incompleta» y critican que «no corresponde a lo acordado en el seno del Gobierno» de coalición en el denominado «Plan de acción por la democracia». Se refieren a que se han quedado fuera la derogación de los delitos de injurias contra altas instituciones del Estado, como el Gobierno de la nación, así como la derogación de los delitos de injurias y calumnias a la Corona. «Consideramos que la libertad de expresión de la ciudadanía española, creadores y artistas solo podrá protegerse en España abordando esta reforma más amplia del Código Penal, tal como se acordó entre los dos socios del Gobierno», añaden.

Desde Podemos también se muestran críticos, considerando «ineficaz» la propuesta y alertando de posibles «efectos adversos». En concreto, apuntan a que excluir a las administraciones públicas de la acusación popular puede poner en riesgo su personación en casos de violencia machista y piden «delimitar el poder los jueces en la fase de instrucción» y sanciones a quienes incurran en filtraciones. Las fuentes socialistas consultadas, por su parte, avanzan que los contactos con los grupos están en una fase muy inicial, pero se muestran convencidos de que lograrán la mayoría suficiente para que salga adelante la iniciativa porque «todos los partidos», dicen, «se han mostrado de acuerdo en algún momento con reformar la acusación popular». Sin embargo, el contexto sí tiene un peso específico ahora que genera incomodidad en algunos socios ante las presiones de Sánchez para secundar su estrategia de blindaje judicial.