Desafíos para los derechos humanos el 2025
Agenda Derechos Humanos
“Agenda Derechos Humanos” es un espacio creado para dar seguimiento a temas relativos a derechos humanos que sean relevantes para Chile. Este proyecto de la Cátedra de Derechos Humanos de la VEXCOM y Radio Universidad de Chile intercala sesiones mensuales a través de la radio (último lunes de cada mes a las 09:30 hrs) y columnas de opinión como la que usted tiene a la vista en estos momentos, publicadas en la página web de Radio Universidad de Chile https://radio.uchile.cl/ y que cuenta con su propio micrositio.
En esta columna de “Agenda Derechos Humanos”, haremos una reseña de la última sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en contra del Estado de Chile y también dejaremos planteados algunos de los temas que debieran estar en la agenda de derechos humanos para el 2025.
Una nueva condena a Chile por violar el derecho humano a la protección judicial
El 03 de octubre de 2024 la Corte Interamericana dictó una sentencia en contra del Estado de Chile por la violación del derecho a las garantías judiciales y la protección judicial efectiva en el marco de procesos de reparación por violaciones de derechos humanos ocurridas en dictadura (1973-1990): Corte IDH. Caso Galetovic Sapunar y otros Vs. Chile. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de octubre de 2024. Serie C No. 538.
Los hechos del caso dicen relación con la violación de los derechos de los propietarios de radio “La Voz del Sur” (Magallanes, Chile). En efecto, el mismo 11 de septiembre de 1973 la radio fue intervenida por funcionarios del Ministerio de Defensa y sus propietarios y funcionarios fueron detenidos y luego exiliados. El mismo año 1973 y luego en 1974 se dictaron sendos Decretos a través de los cuales se disolvió la sociedad dueña de la radio y esta pasó a propiedad del Estado.
Fue en septiembre de 1995 cuando los propietarios interpusieron una acción civil a fin de solicitar la nulidad de los referidos decretos y obtener una reparación. Es así como el 21 de enero de 2004, la Corte Suprema resolvió un recurso de casación que confirmó las decisiones judiciales que declararon la invalidez de pleno derecho de los decretos, pero se determinó que la acción civil de reparación había prescrito a los 5 años desde su promulgación.
En su sentencia la Corte Interamericana resolvió algunas cuestiones interesantes en materia de prescripción y exilio; así como en relación a la reparación integral por violaciones de derechos humanos. En relación con la figura de la prescripción, la Corte señala que no siendo este un caso relativo a crímenes graves de derechos humanos, esto es, aquellos que pueden configurar un crimen de lesa humanidad, la figura de la prescripción de las acciones es legítima, pero la cuestión relevante en el caso era establecer cuándo terminó la interrupción del plazo para interponer las acciones civiles de reparación. En este sentido, la Corte es clara que bajo la dictadura no era posible exigir a las víctimas interponer ninguna acción (párr. 76); además, la Corte consideró que las víctimas sufrieron el exilio y que una vez que estas pudieron retornar a Chile, debieron adaptarse a la situación de retorno y que esta fue una consideración no fue tomada en cuenta por la Corte Suprema chilena y tampoco se consideró el hecho de que las víctimas sólo en febrero de 1995 pudieron conocer el destinado de sus bienes (párrs. 77-80). Concluye la Corte Interamericana que considerar que las acciones prescribieron en dictadura constituye una violación del derecho a una acción de protección judicial efectiva (art. 25.1 Convención Americana sobre Derechos Humanos) y agregó que el plazo de prescripción debía contarse desde el retorno de los dueños y el inicio de las actuaciones para reclamar sus derechos vulnerados (1991), por lo que la acción interpuesta en 1995 fue interpuesta en tiempo (párr. 82).
En relación con la existencia de programas administrativos de reparación, la Corte los valora, pero mantiene su jurisprudencia constante en el sentido de que estos no sustituyen el derecho a una protección judicial efectiva de derechos en relación con la obligación de reparación por violaciones de derechos humanos (párrs. 84-87).
Atendida la responsabilidad internacional del Estado, la Corte Interamericana ordenó una serie de medidas de reparación. Así, la Corte ha ordenado al Estado de Chile: (i) publicar la Sentencia y su resumen; (ii) realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional; (iii) la obligación de ejercer ex officio control de convencionalidad entre las normas internas y la Convención Americana en la aplicación de las normas sobre prescripción de acciones reparatorias en casos de violaciones a los derechos humanos; y (iv) pagar las cantidades fijadas en la Sentencia por concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales, así como por costas y gastos.
En definitiva, estamos ante una nueva sentencia que condena al Estado de Chile por problemas con la reparación integral por graves violaciones de derechos humanos; asimismo, nuevamente Chile es condenado por una resolución dictada por la Corte Suprema que no garantiza el derecho a una protección judicial efectiva de los derechos humanos. Esto debiera ser un llamado de atención a las autoridades estatales para adoptar medidas legislativas y adecuar sus prácticas judiciales a estándares de derechos humanos.
Algunas materias a las cuales prestar atención este 2025
Este 2025 será un año complejo para los derechos humanos en tres niveles que son los propios de los campos de relevancia para la plena vigencia de estos a nivel internacional y local.
A nivel global, son tiempos difíciles para los derechos humanos y esta tendencia, lamentablemente, debiera profundizarse. Es así como los últimos años hemos sido testigos de avances de fuerzas conservadoras a nivel global, lo que ha implicado graves retrocesos en materia de derechos humanos. Sin duda que la situación más compleja ha sido el genocidio sobre el pueblo palestino en Gaza, pero este no ha sido el único hecho que marca un retroceso de décadas en la materia. La situación de las mujeres en Afganistán, el problema migratorio en Europa, el resurgimiento de las ideas autoritarias a nivel global son retrocesos evidentes en materia de derechos humanos. En este sentido, un nuevo gobierno de Trump en Estado Unidos a partir de enero marcará un fortalecimiento de estas tendencias y particularmente una profundización en el discurso anti-derechos humanos.
En el ámbito regional latinoamericano la situación no es mejor. Se ha ido consolidando una tendencia autoritaria en la región con gobiernos de distinto signo político, pero que tienen en común las ideas anti-derechos humanos. Asimismo, la crisis migratoria y el fortalecimiento del crimen organizado transnacional ha alentado medidas de “mano dura” en toda la región, fortaleciendo las respuestas autoritarias a problemas sociales. En este sentido, el movimiento de derechos humanos está en evidente riesgo y la captura de los órganos de protección de derechos humanos por fuerzas conservadoras es una realidad y ya no solo un escenario posible.
A nivel nacional tendremos un año electoral, lo que profundizará algunas de las tendencias autoritarias desplegadas desde el gobierno de Sebastián Piñera a partir de 2019 y que el gobierno de Gabriel Boric no desarticuló, sino que profundizó. La discusión sobre seguridad pública, migración y crimen organizado ha abierto la puerta ancha a ideas punitivistas que hoy parecen parte del “sentido común”, pese a que sabemos que esta no es la vía para solucionar los problemas de fondo y sólo generará mayor violencia y violaciones de derechos humanos.
En este contexto, surgen varias cuestiones pendientes en materia de derechos humanos que no están en el debate político ni social y esto es preocupante. Algunos temas:
- En materia de memoria sigue pendiente una ley sobre Sitios de Memoria y Archivos. Esto en un contexto de creciente negacionismo es imprescindible.
- En cuanto a las reparaciones, es urgente avanzar en una ley general sobre reparación por violación de derechos humanos y en una política de reparación integral por las violaciones de 2019 y 2020 (promesa aún incumplida del actual gobierno).
- En cuanto a una medida correcta, como es el Plan Nacional de Búsqueda, se deben adoptar medidas legislativas o de otro carácter para avanzar en su consolidación e institucionalización. Ahora, basta un mero decreto presidencial para dejar este esfuerzo en nada.
- Otra cuestión relevante es avanzar en un mecanismo de cumplimiento de resoluciones internacionales en materia de derechos humanos.
- Asimismo, se deben avanzar en una política de protección de defensores de derechos humanos y medioambientalistas; de igual forma, en la protección de denunciantes de corrupción.
- Se debe reenfocar la política de lucha contra la corrupción y el crimen organizado con un enfoque de derechos humanos.
- Finalmente, es fundamental que los tribunales de justicia realicen un efectivo control de convencionalidad y adecuen sus decisiones a fin de dar cumplimiento a las obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos humanos.
Son tiempos difíciles para los derechos humanos y eso nos obliga a redoblar esfuerzos y es de esperar que la Universidad de Chile esté a la altura de este desafío.
A qué estar atentos este mes
Durante el mes de diciembre hay una serie de actividades vinculadas con derechos humanos. Destacamos una en la Universidad de Chile:
- Viernes 10 de enero, en el marco de la Escuela de Temporada 2025 de la U. de Chile, se realizará el Taller de mapeo colectivo y ruta patrimonial por la memoria.
- La actividad organizada por la Cátedra de Derechos Humanos, en colaboración con el Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho, y la Red de Sitios de Memoria, tiene una primera parte en formato taller, y una segunda parte, consistente en una ruta patrimonial por la memoria.
- El taller dice relación con el ejercicio de mapeo colectivo, es decir, herramientas para construir una narrativa común en torno a la relación con el territorio y el espacio público, desde la mirada de la memoria, la historia reciente y los derechos humanos. La segunda parte de la actividad, de tipo práctica, es una ruta por la memoria, donde se recorrerán hitos urbanos, haciendo una breve parada en cada uno de ellos, vinculando el espacio a sus características memoria-históricas, y reflexionando en torno a algunos ejes temáticos. Los hitos son:
- De Derecho (Mapeo colectivo)
- Irene Morales con Alameda (Debate actual sobre Negacionismos)
- Plaza Baquedano (Responsabilidad del Estado por violaciones de derechos humanos)
- Casa FECH (Marcas de memoria y la U. de Chile)
- Inscripciones en el siguiente link