División en el Gobierno: prorrogar los Presupuestos o seguir negociando con Junts
- Puerta abierta a ambas opciones
- Estrategia de comunicación para preparar el terreno
- Desgaste por las negociaciones con Junts
- Impulsar normas aunque no salgan
No hay consenso en el Gobierno sobre cómo actuar en las próximas semanas. El proyecto más importante, los presupuestos generales del Estado, están generando discrepancias entre ministros.
Según confirman a Confidencial Digital fuentes gubernamentales, una parte aboga por continuar con las negociaciones con Junts y el resto de formaciones, que ya han retrasado casi medio año la presentación de las cuentas de 2025. Pero hay quienes prefieren dar un paso a atrás, renunciar a las peticiones de los independentistas y prorrogar las cuentas actuales, que ya son expansivas.
Puerta abierta a ambas opciones
El Gobierno mantiene ambas opciones encima de la mesa. Desde hace meses, el Ejecutivo ha decidido continuar las negociaciones pese a los malos resultados. El Congreso de los Diputados tumbó la senda de déficit —el paso previo a las cuentas del Estado— en julio. Volvió a tramitarla en septiembre, pero, a tres días del pleno, retiraron la senda porque seguían sin los apoyos suficientes.
Y así ha sido toda la negociación de los Presupuestos. Un tira y afloja que no ha permitido avanzar al Ejecutivo desde verano: ni la senda está aprobada ni las cuentas presentadas en la Cámara Baja, y el tiempo se agota.
Estrategia de comunicación para preparar el terreno
Conscientes de la situación, desde que los socios parlamentarios habituales tumbaron el techo de gasto en verano, el Gobierno puso en marcha una estrategia de comunicación para relativizar la gravedad de no conseguir unas nuevas cuentas.
A pesar de que se trata del proyecto de ley más importante de cada año, el Ejecutivo repitió una consigna: “Son Presupuestos nuestros, progresistas y expansivos”, comenzaron a repetir los ministros socialistas.
Esta premisa tenía un único objetivo: allanar el terreno a una posible prórroga. Incluso, en privado, distintos altos cargos de Moncloa daban por hecho que el Gobierno alargaría las cuentas de 2023, las últimas que presentó y aprobó.
El año pasado, el presidente Pedro Sánchez decidió no tramitar tampoco el proyecto de ley tras el adelanto electoral en Cataluña. Una negociación en plena víspera de los comicios donde ERC y Junts se jugaban el liderazgo del independentismo, habría elevado las peticiones de ambas formaciones para votar ‘sí’ a las cuentas.
Pero casi un año después, ya sin campaña de por medio, la situación no es muy distinta. El Gobierno, precisamente, considera que las formaciones separatistas no han relajado sus peticiones y las conversaciones están suponiendo un desgaste difícil de asumir.
Desgaste por las negociaciones con Junts
Una parte del Consejo de Ministros apuesta por dar un portazo a las negociaciones con Junts. La formación de Carles Puigdemont no afloja, y en Moncloa pensaba que sí lo haría. Pero la aprobación de la amnistía —que no beneficia al expresident— no ha servido para amarrar los votos de los independentistas.
Las encuestas reflejan un desgaste cada vez más acelerado del PSOE y de Sumar, que directamente cae en picado. La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, lleva meses advirtiendo a Sánchez de que esta caída, motivada por las causas judiciales que rodean al Gobierno, se acelerará si no la contrarrestan con medidas progresistas.
Y es ahí donde Junts está impidiendo que el Ejecutivo remonte: sin leyes que convenzan al electorado, no hay posibilidad de mantenerse en el poder, concluyen fuentes gubernamentales.
Impulsar normas aunque no salgan
Hasta ahora, el ala socialista del Gobierno había apostado por resistir, tratando de minimizar daños y evitando derrotas parlamentarias.
Ahora, en el equipo de Sánchez consideran que es ineludible moverse porque quieren evitar una imagen de pasividad en plena retahíla de causas judiciales que harán complicados los próximos meses. El ‘caso Koldo’ y la investigación a Begoña Gómez avanzarán, y en Ferraz se niegan a permanecer inmóviles.
Los dos partidos del Ejecutivo han decidido poner el foco en dos problemas: la inflación que atraviesa el alquiler de la vivienda y cerrar un acuerdo para distribuir por el resto de autonomías los menores no acompañados que llegan a Canarias.