El Gobierno prorroga el impuesto temporal a las energéticas por decreto pero sin apoyo parlamentario

El Gobierno ha decidido prorrogar el gravamen temporal a las energéticas por real decreto-ley al no tener los apoyos parlamentarios suficientes para convertirlo en un impuesto permanente. El Ejecutivo de coalición ha dado una patada hacia adelante en el Consejo de Ministros de este lunes, pero no ha logrado convencer ni a sus socios a la izquierda ni a la derecha. PNV y Junts siguen alineados con los intereses de Repsol, Cepsa, Iberdrola, Endesa o Naturgy y vienen avisando de que no apoyaran un nuevo tributo a los beneficios de este sector oligopolístico. Podemos ha asegurado que tampoco respaldará el decreto porque incumple el pacto que alcanzaron con el PSOE para hacer permanente el gravamen.

“Este Gobierno cumple con sus compromisos con las distintas formaciones políticas, en la medida que se mantiene el tributo en 2025 e incorporamos deducciones vinculadas a la descarbonización y a la transición energética”, ha aseguro el presidente Pedro Sánchez, en la rueda de prensa en la que ha hecho balance del año. Este mismo lunes, el portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Aitor Esteban, ha señalado que la aprobación del decreto para la prórroga del gravamen a las energéticas es “purito paripé de Podemos” para “hablar otra vez sobre lo mismo”, ya que el Gobierno de Pedro Sánchez “sabe que no va a salir”. Por su parte, la coportavoz de la formación 'morada', Isa Serra, ha negado igualmente su apoyo a la nueva prórroga temporal.

El impuesto a las energéticas ha sido la gran batalla fiscal entre los socios a izquierda y derecha del Gobierno de coalición desde que el Congreso lograra en noviembre una mayoría para sacar adelante un “paquete fiscal” que sí incluía el tributo a la banca, junto a otras medidas tributarias como el suelo del 15% al impuesto de Sociedades de las multinacionales. Este paquete quedó ligado al compromiso del Ejecutivo con Podemos, ERC, Bildu y BNG para prorrogar también el de las energéticas antes de que acabara el año, cuando caduca el gravamen temporal que se diseñó en 2022.

En estas últimas semanas, el Gobierno ha sido incapaz de arrancar el diseño un proyecto de ley y finalmente da una patada hace delante con el real decreto-ley de este lunes. Esta prórroga incorpora bonificaciones por inversiones 'verdes' de las empresas energéticas, según pedían PNV y Junts. Con esta condición, recientemente, el Banco de España calculó que tendría una recaudación significativamente menor que la anticipada en septiembre [en 2023 fue de cerca de 1.000 millones].

Serra ha trasladado también su rechazo a la subida del impuesto al diésel, otra medida que se cayó del “paquete” fiscal de noviembre y que el Ejecutivo ha estado negociando hasta el último minuto, según ha podido saber elDiario.es, pero que ha vuelto a ser pospuesta. La portavoz de Podemos considera que esta medida no tiene una lógica progresiva y carga a las clases trabajadoras las consecuencias del cambio climático cuando debería recaer en las grandes multinacionales. “Es ridículo quitarle los impuestos a las grandes empresas energéticas, que son las que venden el diésel y las que más contaminan y hacerle pagar a las familias trabajadoras más impuestos”, ha criticado.

Respecto a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025, el Consejo de Ministros ha aprobado los criterios de aplicación de la prórroga de los Presupuestos vigentes en 2024, en cumplimiento de la Constitución Española. “Este Gobierno sigue trabajando para elaborar y preparar unas nuevas cuentas públcias, cuya aprobación sigue siendo una prioridad. Hasta que eso se produzca, es necesario adoptar los criterios esta prórroga”, explica el Ministerio de Hacienda.

Descuentos en el transporte público

Tras el último Consejo de Ministros del año, Sánchez también ha anunciado la prórroga de los descuentos para los usuarios del transporte público. En este caso, se trata de una medida pactada por Podemos, que permitirá mantener los descuentos, tal y como están, durante seis meses más, hasta que finalice el mes de junio. El Gobierno había barajado la opción de dar continuidad a estos descuentos, que se pusieron en marcha hace dos años con el despegue de la inflación, pero solo para algunos colectivos, como usuarios habituales, jóvenes o personas en situación de vulnerabilidad.

El presidente del Gobierno ha destacado la positiva evolución del transporte público, con repuntes del 13%, y confirmado esa prórroga de los descuentos hasta junio. Después, van a ser seguidos “de un amplio paquete de descuentos para viajeros y viajeras”. Hasta entonces, se mantienen como están. Es decir, seguirá seis meses más la gratuidad, para viajeros recurrentes, de los abonos de Renfe para Cercanías, Rodalies y Media Distancia y de las líneas de autobús competencia del Estado, así como las ayudas directas para promover la rebaja de, al menos, el 50% del precio de los abonos y títulos multiviaje del transporte colectivo urbano e interurbano. Hay que recordar que el Gobierno subvenciona, en este caso, una rebaja del 30%, siempre que comunidades autónomas y ayuntamientos se comprometan a complementar los descuentos para que, como mínimo, se reduzca a la mitad el precio de esos servicios de transporte.

A partir de julio, el Ministerio de Transportes apunta que habrá un abono único de Cercanías y Rodalies por hasta 20 euros al mes para todas las zonas y los núcleos de España, transporte gratuito para menores de 15 años, descuentos de entre el 50% y el 70% en abonos para jóvenes y rebajas del 40% en títulos multiviaje. Además, para el conjunto de 2025, Transportes recoge un descuento del 50% en los abonos Avant, abonos gratuitos para los Cercanías de Asturias y Cantabria, transporte público gratis en Baleares y Canarias y una rebaja del 50% en los abonos recurrentes de los sistemas de préstamo de bicicletas públicas.

Al igual que los descuentos del transporte, también se pactó con Podemos la prórroga de un año a la suspensión de los desahucios de personas en situación de vulnerabilidad que, en este caso, se activó en el escudo social activado con la pandemia. Por otro lado, Sánchez ha reconocido que la vivienda es una prioridad para el Ejecutivo de cara a 2025.

Prórroga a la prohibición de cortar luz, gas y agua

También, respecto a las personas en situación de vulnerabilidad, el Consejo de Ministros también ha dado continuidad a la prohibición de interrumpir sus suministros básicos de agua luz y gas, que estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2025. Asimismo, se prolonga la situación de excepcionalidad del bono social de electricidad. En concreto, a partir del 1 de enero, los consumidores vulnerables tendrán un descuento del 50%. A partir del 1 de julio, será del 42,5% y el 1 de enero de 2026 se estabilizará en el 35%. Mientras, los consumidores vulnerables severos tendrán un descuento del 65% a partir del 1 de enero, del 57,5% desde el 1 de julio y se estabilizará en el reforzado 50% en enero de 2026. Del mismo modo, se mantiene hasta el 31 de diciembre de 2025 el descuento del 80% de los peajes eléctricos para la industria electrointensiva y se prolonga el programa Moves III, de apoyo para la compra de vehículos eléctricos, pilas de combustible y puntos de recarga, hasta el próximo 30 de junio.

Más medidas fiscales

Este lunes, el Consejo de Ministros ha aprobado, por real decreto, medidas para ampliar la vigencia temporal de las deducciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) por obras de mejora de la eficiencia energéticas en viviendas de uso habitual. “Se trata de una medida vinculada al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) que permite a los contribuyentes una deducción en el IRPF de un 20%, 40% e incluso 60% de dichas obras”, defiende el Ministerio de Hacienda.

También se prorroga hasta el 31 de diciembre de 2025 la deducción por la adquisición de vehículos eléctricos enchufables y de pila de combustible y puntos de recarga. En este caso, la deducción alcanza el 15% del valor de adquisición del vehículo o de la instalación de los puntos de recarga.

En el impuesto sobre Sociedades, el decreto prorroga al ejercicio 2025 la libertad de amortización para aquellas inversiones que utilicen energía procedente de fuentes renovables. El objetivo de esta medida es promover el desplazamiento de los combustibles fósiles por energías renovables producidas de forma autóctona para contribuir a la mejora de la competitividad de las empresas españolas, la lucha contra el cambio climático y la mejora de la seguridad energética del país.

Por otra parte, el “decreto fiscal” también incluye la prórroga un año más, durante 2025, de los límites cuantitativos que delimitan en el IRPF el ámbito de aplicación del método de estimación objetiva, con excepción de las actividades agrícolas, ganaderas y forestales, que tienen su propio límite cuantitativo por volumen de ingresos. “Con esta medida se muestra el compromiso del Gobierno con los autónomos”, dicen desde Hacienda. Asimismo, también se prorrogan para el período impositivo 2025 los límites para la aplicación del régimen simplificado y el régimen especial de la agricultura, ganadería y pesca, en el IVA.

De nuevo en materia de IRPF, “y para beneficiar a las rentas más bajas”, el Gobierno eleva de 1.500 a 2.500 euros la cuantía total de los rendimientos íntegros del trabajo procedentes del segundo y restantes pagadores que obligan a presentar la declaración de la renta. Es decir, que no estarán obligados a presentar la declaración de Renta aquellos contribuyentes con ingresos de hasta 22.000 euros que tengan más de un pagador siempre que la suma de las rentas del segundo o restantes pagadores no superen los 2.500 euros (hasta ahora eran 1.500 euros).

La norma aprobada también contempla retrasar hasta el 1 de abril de 2025 la entrada en vigor del nuevo impuesto sobre los líquidos para cigarrillos electrónicos y otros productos relacionados con el tabaco. “De esta manera se concede un mayor margen temporal para que los sujetos afectados puedan adaptarse a la nueva figura impositiva”, prosiguen desde Hacienda.

Crecimiento económico

En su discurso, tras el Consejo de Ministros de este lunes, Pedro Sánchez ha destacado que “España triplica el crecimiento económico de la UE, y superando sistemáticamente las previsiones de todos los organismos”. El presidente del Gobierno ha recordado que 'The Economist' ha elegido a nuestro país como la mejor economía del mundo en 2024, “en un contexto geopolítico incierto”.

“Es muy relevante poner en valor la constatación del semanario 'The Economist”, ha añadido, porque, según opina, se está consiguiendo “modernizando el tejido productivo, creando empleo y siendo fiscalmente responsables”. De hecho, Sánchez ha adelantado que España reducirá el déficit (el desequilibrio entre ingresos y gastos públicos) al objetivo del 3% en 2025.

Entre las razones que explican la fortaleza de la economía, el presidente del Gobierno ha enumerado que España se ha convertido en la principal economía exportadora de la UE y es el primer Estado miembro en la ejecución del Plan de Recuperación. “El buen desempeño de la macroeconomía está ayudando a mejorar la vida de la gente, lo que se ve en la recuperación del poder adquisitivo y en el incremento del consumo”, según ha continuado.

“Otro factor es el incremento de la actividad exportadora, siempre hemos sido más importadores que exportadores, pero ha aumentado un 40%. En 2024 vamos a ser la primera economía exportadora de Europa, por encima de Alemania, es un cambio productivo y de modelo de crecimiento. Las empresas tienen cada vez más negocio y prestigio en el extranjero”, ha comentado.

“También lo está la confianza de los inversores. Hoy recibimos inversión extranjera directa 16% mayor que la previa a la pandemia, destino de apuestas estrategias para el sector del automóvil, más de 4.000 millones de Stellantis junto a CATL para la construcción de una fábrica de baterías en Zaragoza, donde la industria del automóvil no tenía la presencia que merecía”, ha proseguido.

“España ha sabido crear en el último año 400.000 puestos de trabajo en el último, hasta alcanzar el mayor número de personas trabajando en nuestro país. Estamos creando más empleo que Italia y Alemania juntos, para ponerlo en perspectiva”, ha explicado Sánchez. “Con todas las dificultades que tenemos aún, pensamos especialmente en la vivienda, en una tasa de paro demasiado alta y en la productividad, los jóvenes y las mujeres se están beneficiando del crecimiento económico”, ha detallado.

El presidente ha hecho hincapié también en la reducción de la brecha de género y la tasa de paro femenina a sus mínimos históricos. Sánchez ha asegurado que España ha alcanzado los diez millones de mujeres afiliadas a la seguridad social, con una mayor presencia de mujeres en sectores históricamente masculinos y en puestos de responsabilidad. “La brecha de género en nuestro país es tres veces menor que cuando los progresistas llegamos al gobierno en el año 2018”, ha expresado. La tasa de desempleo masculina también se ha reducido en un 3,1% desde la llegada del PSOE al Gobierno, según los datos que ha comunicado el presidente durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Subida de las pensiones

El Gobierno ha aprovechado el Consejo de Ministros para confirmar también la subida general de las pensiones del 2,8% en 2025, según la inflación media del año anterior. Mientras, las pensiones mínimas subirán alrededor del 6% en 2025. No obstante, este porcentaje es mayor para pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares que aumentarán un 9,1%. Por su parte, las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV) se revalorizarán un 9%.

La pensión mínima de jubilación para los hogares unipersonales se fija en 12.241,6 euros anuales (frente a los 11.552,8 euros de 2024) y de 15.786,4 euros en los casos con cónyuge a cargo (en 2024 ha sido de 14.466,2 euros). 

Las pensiones SOVI (Seguro obligatorio de vejez e invalidez) se revalorizarán también en un 6% para 2025, lo que supone alcanzar los 560 euros mensuales en el caso de las no concurrentes, y los 543,60 euros mensuales para las concurrentes. La asignación por hijo a cargo o menor con discapacidad reconocida igual o superior al 65% alcanza en 2025 los 5.805,6 euros al año, mientras que la asignación por hijo a cargo o menor con discapacidad reconocida igual o superior al 75% se sitúa en 8.707,2 euros anuales, es decir, un incremento interanual del 2,8%.

Ayudas al sector del motor

Otra confirmación de este último Consejo de Ministros del año ha sido el acuerdo por el que se declara la activación del Mecanismo RED de flexibilidad y estabilización del empleo para el sector de la fabricación de vehículos de motor, según se explica en esta información y a propuesta de los ministerios de Trabajo y Economía Social, de Economía, Comercio y Empresa y de Inclusión, Seguridad Social y Pensiones.

Protección de sectores estratégicos

El Consejo de Ministros ha aprobado este mismo lunes “la prórroga del régimen transitorio de suspensión de liberalización de determinadas inversiones extranjeras directas en España”. Esta medida se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2026, “manteniendo así la protección de sectores estratégicos y de interés nacional, que afecten a la seguridad, salud y orden público”.

Se trata de una decisión complementaria “al real decreto de Inversiones extranjeras en España de julio de 2023 que regula el procedimiento de control de inversiones”, ha aclarado el Ministerio de Economía. “Con esta prórroga, el Gobierno reafirma su compromiso de garantizar la seguridad y estabilidad de sectores estratégicos de la economía nacional en el actual contexto geopolítico. Esta medida busca también asegurar un entorno competitivo y equilibrado que favorezca el desarrollo económico sostenible”, concluye.

Renovación de cargos en la CNMC

Además, el Consejo de Ministros ha propuesto la designación de cinco consejeros de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) cuyo mandato estaba vencido. A propuesta del ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, se remitirá al Congreso de los Diputados la designación como vicepresidente a Ángel García Castillejo, y de María Vidales Picazo, Enrique Monasterio Beñarán, Pere Soler Campins y Rafael Iturriaga Nieva, como consejeros.

Además, el Ejecutivo ha aprobado un real decreto-ley por el que se reforma el reglamento de la CNMC para ampliar sus competencias tras ser el organismo designado como coordinador de servicios digitales en el “Plan de acción por la democracia”.