Sánchez cierra su año más duro: cerco político y judicial
Pedro Sánchez cierra hoy el año político, antes del descanso navideño, con la celebración del que será el último Consejo de Ministros de 2024 y su tradicional balance de la legislatura. Con la habitual rueda de prensa en la que presenta "Cumpliendo", el análisis de cumplimiento de los compromisos asumidos por el Ejecutivo, se espera un análisis de la situación política, con ataques a la oposición; económica, sacando pecho por la buena marcha de la economía y de expectativas de futuro, con el horizonte fijado en aguantar hasta 2027 y aguantar el mandato.
El balance llega en un momento complejo, que proyecta lo que ha sido este año para el Gobierno y específicamente para Pedro Sánchez. En lo político y en lo judicial. Un curso en el que se ha hecho evidente que existe una mayoría conservadora en el Congreso de los Diputados y que la aritmética de la investidura no es tan monolítica como se pudiera pensar. Se prevé que, no obstante, se reste trascendencia a las últimas votaciones perdidas y se presuma de que, pese a este contexto adverso, el Gobierno ha sido capaz de sacar adelante 25 leyes que demuestran su capacidad de acuerdo.
En el Ejecutivo existe frustración porque, en un contexto europeo de profunda inestabilidad política y económica, no está siendo capaz de capitalizar que España sea un oasis en este sentido y esté recibiendo el reconocimiento internacional por la buena marcha de la economía. Sin embargo, Sánchez todavía no ha sido capaz de aprobar unos Presupuestos en esta legislatura y está inmerso en las negociaciones para ello. Tras la últimas derrotas parlamentarias, el Gobierno vuelve a dejar volar la expectativa de que una prórroga presupuestaria no sería perjudicial. Sánchez necesita para desbloquear las cuentas públicas el apoyo de Carles Puigdemont, que pide cumplir los compromisos pendientes y que el presidente se someta a una cuestión de confianza. Esta iniciativa sigue parada en la Mesa del Congreso hasta que se reactive el calendario en las Cortes.
Prueba de la debilidad política del Gobierno es que el Consejo de Ministros aprobará hoy un real decreto ley (junto a otro que aumentará el gravamen al diésel) para extender el impuesto a las energéticas, aunque se asuma que es improbable que prospere al no tener apoyos suficientes en el Congreso. Podemos, que reclama también ese impuesto, logró esta semana otro compromiso del Ejecutivo, aprobar este lunes un real decreto para prorrogar durante un año medidas del escudo social como la suspensión de los desahucios a colectivos vulnerables y extender seis meses más las actuales ayudas al transporte. A cambio, Podemos apoyó la ley de eficiencia de la Justicia y el PSOE pudo salvar el veto del Senado.
Al complejo plano político se ha sumado en 2024 los frentes judiciales. En las últimas semanas han desfilado por los tribunales desde la propia esposa de Sánchez, Begoña Gómez, hasta el que fuera ministro de Transportes y secretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos. En paralelo, el Tribunal Supremo ha pedido al Congreso el suplicatorio para investigar a este último ante los indicios de que haya cometido los delitos de integración en organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación en ese caso.
El miércoles declaró la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, ante el juez que la investiga y negó cualquier irregularidad en la cátedra que codirigió en la Universidad Complutense de Madrid. Ante el mismo juez, Juan Carlos Peinado, declaró dos días más tarde por este mismo caso Cristina Álvarez, asesora de Moncloa que explicó que fue contratada para asistir a Gómez para gestionar su agenda pública. Sánchez, otros miembros del Gobierno y el PSOE repiten que no hay nada irregular y que el tiempo les dará la razón, y el ministro de Transformación Digital, Óscar López, ha llegado a acusar a Peinado de prevaricar. Para el próximo mes de enero también está prevista la declaración como investigado del hermano del presidente, David Sánchez.
En este clima, Sánchez ha elevado su ataque a los jueces y si desde su entorno se hablaba de "persecución" y "cacería humana", el jefe del Ejecutivo llegó a señalar, en una conversación informal con periodistas, que el PP jugaba con las "cartas marcadas", deslizando que tendría información privilegiada del desarrollo de las causas judiciales de su entorno para hacer oposición política. Una información que le trasladarían desde los juzgados. En este plano también se encuadra la investigación al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, cuya defensa ha asumido el propio Sánchez, exigiendo disculpas públicas a todos aquellos que han pedido su dimisión, después de que un informe de la UCO (Unidad Central Operativa) no encontrara ningún mensaje en aplicaciones de mensajería instantánea del móvil del fiscal entre el 8 y el 14 de marzo, periodo en el que se filtró presuntamente información del novio de Ayuso.