El Gobierno ordena cerrar otra vez los pozos ilegales de la Casa de Alba tras descartar el juez hacerlo por la vía penal
El magistrado abrió a la Confederación del Guadalquivir la puerta a clausurar las instalaciones por la vía administrativa, concediéndole por adelantado una autorización para entrar en la finca y sellarlos
El juez deniega la petición del fiscal para sellar de nuevo los pozos ilegales de los Alba, cazados otra vez sacando agua
Los pozos ilegales de la Casa de Alba se van a volver a cerrar cautelarmente mientras continúa la investigación por si, con su utilización, se ha cometido un delito ambiental, tal y como sostiene la Fiscalía de Medio Ambiente. Aunque el juez apunta que no ve indicios suficientes para sellarlos por la vía penal, en un auto de finales de noviembre abría la puerta a hacerlo por la vía administrativa si la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir –que tiene las competencias de Comisaría de Aguas– consideraba que se ha cometido alguna infracción. Y este organismo estatal, dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco), ha decidido proceder en este sentido y clausurarlos de nuevo.
En total son ocho los pozos sin licencia los que la Casa de Alba tiene junto a Doñana en su finca de Aljóbar, en el municipio sevillano de Aznalcázar. Tras una denuncia de antiguos trabajadores, el año pasado la Guardia Civil y la Comisaría de Aguas certificaron que se habían estado usando pese a carecer de permiso, por lo que se procedió a cerrarlos en el marco del proceso judicial por el que está citada a declarar como investigada Eugenia Martínez de Irujo, duquesa de Montoro.
En plena investigación, el juez ordenó el pasado mes de mayo levantar el bloqueo de estas instalaciones pese a la oposición del fiscal, conminándose a la propiedad a no utilizarlos hasta que no tuviera la correspondiente licencia. Eurotécnica Agraria (la empresa de la casa ducal que gestiona estas tierras) tiene autorización para usar sólo un pozo y está tramitando los permisos para utilizar los otros ocho. Pese a no tener autorización todavía, el pasado noviembre la Guardia Civil y la Comisaría de Agua certificaron que otra vez estaban bombeando agua.
No hay “indicios suficientes del tipo penal”
La Fiscalía de Medio Ambiente procedió entonces a solicitar de nuevo el precinto cautelar de estas captaciones, pero el juez apuntó en su auto que las pruebas actuales no aportan “indicios suficientes del tipo penal” para hacerlo. Por ello, apuntaba que “no es razonable acordar medidas cautelares por la vía penal”, pero “dejando a salvo la posibilidad de adoptar esas medidas por la autoridad administrativa”, la Confederación del Guadalquivir, “si se considera que se ha cometido una infracción”.
En previsión de ello, el magistrado libraba oficio autorizando al personal de la Confederación a entrar en la finca, para allanar el camino “para el caso de que se acordaran medidas cautelares de precinto de esos pozos y por la propiedad se le denegase la entrada”. En este sentido, en la causa se investiga no sólo un posible delito ambiental, sino también otro de desobediencia por no permitir los responsables de la finca en un primer momento la entrada para una inspección.
En cuanto a la causa que se instruye desde el Juzgado 1 de Sanlúcar la Mayor, la empresa de la Casa de Alba alega que nunca ha utilizado los pozos sin licencia y que, en todo caso, no ha extraído más agua de la que tiene autorizada. Pese a ello, el fiscal calcula que sólo en una campaña agrícola y en plena sequía habría bombeado para “riegos ilegítimos” 305.851,73 metros cúbicos (305 millones de litros), un 50% más de lo que tiene concedido. Esta cantidad de más la cuantifica económicamente en 36.702,16 euros.
Agua extraída “ilícitamente”
La investigación intenta determinar el total de la superficie regada y de los cultivos existentes en los últimos diez años, así como la cantidad mínima de agua que pueda haberse detraído “ilícitamente”. La hacienda de Aznalcázar tiene permiso para una captación con la que regar 200 hectáreas en las que cultiva naranjas gourmet, y tiene asimismo autorizado otro pozo para uso doméstico, además de una balsa para acumular agua con capacidad para 305.000 metros cúbicos.
El motivo de que el instructor considere que no tiene indicios suficientes para actuar por la vía penal es un informe de la propia Confederación del Guadalquivir: en él apunta que “no es posible concretar” que Aljóbar sea “el único causante” de la “explotación intensiva” que ha sufrido el acuífero del que extrae los recursos. Estas aguas subterráneas (de la masa Aljarafe Sur, que linda con Doñana) está oficialmente declaradas en buen estado, aunque el estudio alertó de que se encuentra en los niveles más bajos desde que existen registros.
El magistrado, asimismo, está a la espera de un informe solicitado por la Fiscalía para determinar los posibles daños provocados por estos pozos, un análisis que está realizando la Unidad Central Operativa Medioambiental del Seprona de la Guardia Civil y que se encuentra “bastante avanzado”. Precisamente, a la espera de este estudio técnico el juez decidía recientemente prorrogar seis meses más la investigación.