Mandatario deberá resolver cuando todos los regidores de una municipalidad sean recusados
El presidente de la República en ejercicio es el responsable de resolver cuando se solicite recusar a todos los regidores que integren un concejo municipal, debido a que dicho órgano no tiene un superior jerárquico que pueda decidir en esos casos.
Así lo señaló la Procuraduría General de la República (PGR) ante una consulta del secretario de la Municipalidad de Santa Ana, Roberto Meléndez.
Una recusación se solicita cuando un empleado público debe resolver una situación que afecta su imparcialidad. Para esos casos, la ley ofrece la posibilidad de “recusar” al implicado, de manera que se aparte del conocimiento de ese asunto y se garantice la objetividad de las actuaciones públicas.
En un concejo municipal, cuando se solicita recusar a un regidor, los otros ediles pueden conformar el cuórum necesario para sesionar y resolver el asunto, sea aceptando o rechazando la solicitud.
Sin embargo, Meléndez le preguntó a la Procuraduría qué ocurre cuando la solicitud de recusación se presenta contra todos los regidores, tanto titulares como suplentes, y resulta imposible conformar el cuórum para sesionar.
La consulta fue presentada en mayo del 2023, luego de que el entonces alcalde de Santa Ana, Gerardo Oviedo Espinoza, pidiera recusar a todos los ediles para evitar que conocieran un procedimiento administrativo sancionatorio que se realizó en su contra.
En un pronunciamiento emitido el 26 de noviembre, la PGR explicó que, como el Código Municipal no establece quién decide una recusación cuando todos los regidores están implicados, lo que procede es aplicar la Ley General de la Administración Pública.
“Concretamente, se aplica el artículo 234.2, porque encuadra en el supuesto al prever que, no habiendo miembros suficientes para conformar cuórum, debe resolver el superior. Y no habiendo superior, debe resolver el presidente de la República”, determinó el órgano procurador.
Alcalde pidió recusaciones debido a publicación de La Nación
El exalcalde de Santa Ana, Gerardo Oviedo, reconoció en una entrevista con La Nación que solicitó la recusación de todo el Concejo Municipal de su cantón como consecuencia de una publicación realizada por este medio en setiembre del 2022.
En esa ocasión, La Nación reveló que un informe de la Procuraduría de la Ética Pública (PEP) señaló a Oviedo por presunto incumplimiento de deberes y posibles faltas al deber de probidad, en las que habría incurrido al aprobar alzas salariales, capacitaciones, nombramientos y recargas a favor de su esposa, Marilú Sánchez Venegas, quien era funcionaria de ese ayuntamiento desde 1985.
Oviedo indicó que este caso está judicializado. Sin embargo, confirmó que pidió la recusación debido a que alguno de los regidores de ese momento violentó la confidencialidad, al compartirle a un periodista de La Nación el informe de la PEP que se publicó.
“Los regidores tenían que mantener la confidencialidad del tema, y antes de que a mí se me notificara ya había salido en todos los medios. Solamente la Procuraduría y los regidores lo sabían, no se saben quién fue exactamente el que rompió la confidencialidad, pero ese es el motivo de la solicitud de recusación”, declaró.
Como el exjerarca municipal no tenía claro cuál edil compartió la información con la prensa, solicitó recusar a todos.
Oviedo dejó de ser alcalde de Santa Ana desde el pasado 1.° mayo, por lo tanto, la investigación administrativo sancionatoria se archivó y la solicitud de recusación quedó sin efecto.
A esto se suma que la integración del Concejo Municipal santaneño ya no es la misma, debido a que el 1.° de mayo dejaron su cargo algunos regidores e ingresaron nuevos representantes.
Pese a esto, el pronunciamiento emitido por la PGR deja claro el procedimiento que aplica para futuras solicitudes en cualquiera de las 84 municipalidades del país. La Procuraduría aclaró que la intervención del presidente de la República para resolver la solicitud de recusación es una medida excepcional.
“La intervención presidencial no puede entrar a analizar el fondo del asunto, ni ir más allá del estudio y resolución de la recusación”, detalló la PGR.
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