Funcas advierte de que la falta de control del gasto público disparará la deuda al 117% en 10 años
El peligro de la falta de control del gasto público disparará la deuda pública en una proyección de diez años, lo que imposibilitaría cumplir con las exigencias de la Comisión Europea de rebajar el agujero público al 60% del PIB en un horizonte de 20 años. Funcas calcula que los nuevos gastos derivados del envejecimiento, la transición ecológica y las tensiones geopolíticas dispararán la deuda española hasta el 117 % del PIB en 2034 -casi el doble del máximo que debería alcanzar en 2044- si no se adoptan medidas para contenerla.
Lo advierten los investigadores de Fedea y el Banco de España en un artículo incluido en la revista 'Papeles de la economía española' editada por Funcas, que cifran el incremento del gasto público en la próxima década en 3,8 puntos del PIB. Un gasto propiciado por el impacto del aumento del gasto de3 las pensiones (1,7% del PIB) por el aumento del número de jubilaciones por la generación "babyboomer", la salud (0,5%) y los servicios sociales (0,1%), del coste de las transiciones ecológica (0,4%) y digital (0,4&) y del mayor gasto en Defensa para afrontar las tensiones geopolíticas (0,7%).
Este gasto público adicional, si no se toman medidas para compensarlo, dispararía el déficit público hasta el 7,4% del PIB en 2034, un año en el que la deuda pública alcanzaría el 117% del PIB. Los analistas apuntan dos escenarios de ajuste. En un primer caso, si se retrasara la asunción de este incremento del gasto por el envejecimiento poblacional cinco años -hasta 2029-, su impacto sobre el déficit en 2034 sería algo menor, ya que este indicador se situaría en el 6,8% del PIB y la deuda, en el 108,9% del PIB. En un segundo escenario, con un ajuste estructural de las administraciones públicas de 0,5 puntos del PIB, el déficit público cerraría 2034 en el 2,6 % del PIB y la deuda pública, en el 96,8 % del PIB.
Aunque los articulistas no valoran las medidas que deberían ponerse en marcha para paliar este deterioro de las cuentas públicas, sí que apuestan por "un proceso de consolidación fiscal creíble y coherente", que pasaría por una combinación de reformas fiscales y cooperación europea.
Por su parte, Desiderio Romero-Jordán, en otro artículo publicado en el mismo número, recuerda que en las dos próximas décadas el envejecimiento ejercerá una presión creciente sobre el gasto público en España, alcanzándose alrededor del 48% en 2035 y del 52% a partir de 2050, en especial por las pensiones. El autor defiende realizar una reforma fiscal en los principales impuestos en España (IRPF, impuesto de sociedades, IVA e impuestos especiales), que favorezca el crecimiento económico para asegurar la sostenibilidad del gasto y avanzar hacia un sistema tributario "más eficiente y equitativo".
En el mismo sentido, el monográfico, titulado ‘Retos pendientes del sector público español’ -firmado por José Emilio Boscá, Rafael Doménech, Javier Ferri, David Sarasa y Camilo Ulloa-, deja claro que la agenda de reformas pendientes en este ámbito es extensa en la estructura del gasto y los ingresos públicos. El artículo señala que España tiene un mayor peso del gasto social con relación al productivo que en la UE. Por el contrario, desde hace años, el peso de la inversión pública en el PIB de la economía española se sitúa entre los niveles más bajos de los países de la UE, "lo que condiciona el potencial de crecimiento económico a largo plazo". Además, la estructura de los ingresos públicos también es diferente. Con una imposición sobre el capital similar a la de la UE, la indirecta y las del trabajo en el impuesto de la renta son inferiores, mientras las cotizaciones sociales son superiores, "por la mayor imposición que recae sobre las empresas".
Los autores concluyen que la economía española tiene "un amplio margen para mejorar la eficiencia de su sector público", que se encuentra significativamente por detrás de los países con sectores públicos más eficientes, aprovechando las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías digitales y la evaluación de las políticas públicas, y apostando por una estructura de ingresos y gastos que maximice el crecimiento potencial de su renta per cápita. estos economistas apuntan que "esta mejora de la eficiencia es una condición necesaria para afrontar con éxito la sostenibilidad del Estado de bienestar sobre todo por el hecho de que España tiene unos niveles de deuda y déficit públicos más elevados, lo que aumenta su vulnerabilidad frente a posibles choques económicos; máxime en un entorno de mayores exigencias por los procesos de envejecimiento poblacional y descarbonización". Por ello, creen que es urgente adoptar reformas que fortalezcan la sostenibilidad de las cuentas públicas a largo plazo.
Por su parte, Desiderio Romero-Jordán, en otro artículo publicado en el mismo número, recuerda que en las dos próximas décadas el envejecimiento ejercerá una presión creciente sobre el gasto público en España, alcanzándose alrededor del 48% en 2035 y del 52% a partir de 2050, en especial por las pensiones. El autor defiende realizar una reforma fiscal en los principales impuestos en España (IRPF, impuesto de sociedades, IVA e impuestos especiales), que favorezca el crecimiento económico para asegurar la sostenibilidad del gasto y avanzar hacia un sistema tributario "más eficiente y equitativo".