Regularización acotada de migrantes: Gobierno acusa intento de confundir por líderes de opinión y organizaciones rebaten “efecto llamado”

Una confusión impulsada por “líderes de opinión”, fue la causa que para el subsecretario del Interior, Luis Cordero, explicó la aglomeración de migrantes que este lunes llegaron hasta las afueras del Estadio Víctor Jara, que -en el marco del lanzamiento del Nuevo Sistema de Identificación- funcionó como sede externa del Registro Civil para procesos de enrolamiento.

El hecho se produjo luego de las declaraciones que entregó el subsecretario en el Evento Ministerial del Proceso de Cartagena+40 de la CEPAL, donde deslizó la posibilidad de que el Ejecutivo estudie una “regularización acotada” pensando en la seguridad y economía del país. Idea que rápidamente generó cuestionamientos en la oposición ante el riesgo de un “efecto llamado” en la región.

Éste proceso correspondería a la segunda etapa del empadronamiento biométrico (huellas dactilares e imagen) masivo que implementó el Servicio Nacional de Migrantes y la PDI entre junio 2023 – febrero 2024, y al que, de manera voluntaria, se inscribieron más de 180 mil personas que ingresaron por pasos no habilitados o eludiendo el control migratorio.

Fue a solo cuatro días desde ese anuncio que se registró la llegada de más de 3 mil personas en Estación Central, un hecho inusual considerando que el Registro Civil solo destina cientos de cupos por día. Desde el Ejecutivo atribuyeron esto a un malentendido y fue el ministro de Justicia, Jaime Gajardo, quién tuvo que salir a explicar que tanto el enrolamiento, que funciona para unificar datos en sistemas previsionales o de salud, principalmente por motivos laborales, como el empadronamiento, corresponden a procesos distintos.

“Como se generó esta confusión llegaron más personas que las que se preveía el día de hoy a la sede del Estadio Víctor Jara”, afirmó Gajardo.

Mientras, el subsecretario del Interior apuntó a factores externos, ya que, a su juicio, “hay personas que deliberadamente han llamado a la confusión (…) Es cosa de ver a algunas personas que, atizando el miedo y el temor, están confundiendo el análisis del estudio de la regularización con la obtención de los rol únicos nacionales que se realizan ante el Registro Civil”.

“Hay algunos lideres de opinión que no son partidarios de ningún proceso de regularización, sino que por el contrario, asumen que en este país es posible expulsar a todo el mundo, y que lo que han hecho es atizar el temor y el miedo confundiendo a la ciudadanía sobre lo que es un proceso, versus la gestión de trámite ante el Registro Civil”, añadió.

En la oposición advirtieron que esto podría funcionar como un incentivo para activar los flujos por pasos migratorios no habilitados. Es por ello, que los diputados de RN, Andrés Longton y José Miguel Castro, acudieron hasta la Contraloría General de la República para pedir un dictamen que precise la legalidad de las condiciones o requisitos que -preliminarmente- son planteados por el Gobierno, es decir, arraigo laboral o familiar y no existencia de antecedentes penales, y que estarían vulnerando la legislación vigente.

“En primer lugar la Ley de Migración establece claramente que el ingresar por pasos clandestino es una ilegalidad que tiene sanciones establecida en la ley. Por lo tanto, eso no puede ser pasado por alto por el Gobierno. En segundo lugar, piden arraigo laboral y resulta que quién ingresa de manera ilegal a nuestro país no puede trabajar porque eso tiene una sanción específica para los empleadores, por ello, lo que está pidiendo el Gobierno es que se incumpla la ley para efectos de regularizar. Por último lugar, los antecedentes penales, ¿cómo podemos confiar en una dictadura como la de (Nicolás) Maduro respecto a la transparencia de sus antecedentes? Considerando lo que pasó con el exteniente (Ronald) Ojeda”, cuestionó Longton.

En una vocería posterior, la ministra Camila Vallejo, emplazó a los parlamentarios señalando que “no puede ser ilegal algo que no se ha efectuado y que solamente está en etapa de estudio”.

En paralelo, la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara Baja confirmó la citación para este martes de los directores de la Policía de Investigaciones y del Registro Civil, además de las autoridades de Interior, para que expliquen los alcances del procedimiento.

El presidente de la instancia, el diputado independiente Rubén Oyarzo, comentó que “lo que ocurre este lunes en el Estadio Víctor Jara de la comuna de Estación Central es la prueba evidente que el proceso de regularización abierto por el Gobierno para migrantes irregulares ha generado efectivamente un efecto llamada”.

En conversación con Radio Universidad de Chile, la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, sostuvo que “nosotros consideramos que se ha exacerbado una crítica sobre un procedimiento que entendemos es absolutamente normal, pero por sobre todas las cosas con un tema que es de fondo, y es que finalmente se requiere si o si igual regularizar. Más allá de que esto no tenga un proceso de regularización inmediato, es a todas luces evidente que cualquier persona que esté en territorio nacional debemos saber quienes son y eso evidentemente va a requerir, en su minuto, el debate de fondo sobre la regularización”.

En #RadioAnálisis, @Barbara_Figue sobre la regulación migratoria: “Tiene que haber más alementos, el arraigo familiar, laboral, cuestiones que en procesos de empadronamiento anterior, cuando se empadronaron en el Gobierno de Sebastián Piñera 352 mil extranjeros, no existieron… pic.twitter.com/g8uwCCIaUL

— Diario-Radio UChile (@uchileradio) December 16, 2024

Rodrigo Bustos: El efecto llamado “es una especulación no basada en evidencia”

El abogado y director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile, Rodrigo Bustos, sostuvo que desde la organización ven con buenos ojos la propuesta, porque “es el cumplimiento de la normativa legal, ya que la propia Ley de Migración establece en este momento que tienen que haber políticas para avanzar en un alto índice de regularidad de la población migrante”.

Por otra parte, indicó que “además de temas de seguridad o por razones económicas, es fundamental que las personas migrantes puedan estar regularizadas para poder ejercer el conjunto de sus derechos sociales u otros derechos como cualquier persona que se encuentra en nuestro país”.

Respecto a un eventual “efecto llamado”, Bustos respondió que: “Eso es una especulación que no está basada en evidencia, hay estudios internacionales que muestran que no necesariamente los procesos de regularización migratoria generan este denominado efecto llamado y, por otra parte, los procesos de regularización migratoria, además de ser recomendado por órganos internacionales de derechos humanos se han producido en los últimos años en distintos países de América Latina o en otras latitudes y en general tienen efecto positivo para la población migrante y en general para la población del país donde se han producido”.

En conversación con la primera edición de Radioanálisis, la directora del Servicio Jesuita de Migrantes (SJM), Waleska Ureta, argumentó que esta idea no tiene un asidero real porque los procesos de regularización lo que hacen es definir una fecha de ingreso de las personas, que es previo al anuncio.

“No tiene ningún sustento en temas de efectos de llamada porque las personas que vayan a entrar después de esa fecha no van a ser parte de este proceso de regularización. Porque probablemente si yo anuncio hoy el proceso, va a ser para las personas que ingresaron, por ejemplo, en enero, el año pasado, que llevan un tiempo residiendo, y que, en el fondo, uno asume que están ya trabajando, los niños en el colegio, es decir, que tienen un arraigo en Chile”, dijo.