El frente judicial contra el Gobierno escala a choque institucional

Cuando el ruido es atronador y el zumbido es constante, conviene recurrir al dato para descubrir que más allá de la política no hay pensamiento único, ni marco ya instalado. Que la opinión publicada, por muy machacona que sea, no se impone por decreto. Y que la distancia entre percepción y realidad puede ser abismal en estos tiempos. Un ejemplo: los medios de comunicación abren cada día con diferentes capítulos del caso Koldo/Ábalos, la investigación sobre Begoña Gómez o las acusaciones del empresario corrupto Víctor Aldama y el PP habla de una corrupción estructural en el Gobierno y en el entorno personal de Pedro Sánchez, mientras la realidad social circula por un carril muy diferente. 

La corrupción no es un asunto que hoy preocupe especialmente a los españoles. No estamos ni de lejos en los registros de los años 90 del siglo pasado y mucho menos en los del 2014, cuando el malestar social por los escándalos políticos alcanzó cotas históricas al calor del caso Púnica, las 'tarjetas black', la concesión del tercer grado al exministro Jaume Matas o la polémica surgida al destaparse los viajes privados que el expresidente extremeño Juan Antonio Monago realizó a Canarias con cargo al Senado.

El CIS de noviembre de aquel año reflejó un crecimiento de 21,5 puntos en la inquietud ciudadana en un solo mes, hasta el punto de que la corrupción era considerada como principal problema por el 63,9% de los encuestados, solo superada por el paro. Atrás quedaba incluso el registro del 44,5% anotado en marzo de 2013, en plena cascada de los 'papeles de Bárcenas'. Es más, el hastío de aquella época duplicó incluso los índices registrados en la década de los 90, años de los casos 'Roldán' o 'Rubio' de los gobiernos de Felipe González. 

Hoy, en noviembre de 2024, según el último barómetro del CIS, los problemas políticos, seguidos del comportamiento de los representantes públicos y la vivienda son los problemas que más preocupan entre los ciudadanos, mientras que la corrupción aparece en el decimosexto lugar. Decimosexto. Y, aun así, el marco de la conversación pública, en los medios y en el Parlamento es el que es: las actuaciones del juez Peinado en el caso Begoña Gómez, el acoso judicial del que se cree víctima el Gobierno, Aldama y la ristra de incriminaciones sin prueba alguna que ha lanzado el presunto cabecilla de la trama de comisiones y mordidas que operó en el Ministerio de Transportes durante el mandato de José Luis Ábalos.

El asunto no es menor. Tanto por el recorrido incierto que puedan arrojar las investigaciones como porque ya ha derivado en lo que algunos presentan como “un choque institucional sin precedentes en democracia”. Así lo creen los dirigentes del PP mientras el Gobierno niega la mayor. Y todo porque Pedro Sánchez ha dicho esta semana que la “oposición juega con las cartas marcadas”, en alusión velada a una presunta connivencia con determinados jueces de la que el jefe de Gabinete de Isabel Díaz Ayuso, sin ir más lejos, deja constancia cada tarde al anunciar decisiones de los tribunales que se pronuncian al día siguiente. 

La denuncia del presidente es un paso más en la estrategia de los socialistas de presentarse como damnificados de una campaña de “acoso de las derechas” mediática, política y judicial, que su secretario de Organización, Santos Cerdán, ha llegado a calificar de “cacería humana” contra Pedro Sánchez. Nada que no hubieran denunciado antes los dirigentes de Podemos por la treintena de investigaciones abiertas en los tribunales contra su dirigencia y que acabó, una tras otra, con el archivo de todas las causas. Y nada que no hubiera practicado antes M. Rajoy cuando los tribunales investigaban el caso Gürtel. La diferencia es que aquella trama corrupta del PP acabó en una condena por financiación ilegal del partido que habita en la calle Génova en una sede cuyas obras fueron pagadas con dinero negro, según acreditaron también los tribunales.

Pero las palabras del actual presidente del Gobierno, ya se sabe, son las únicas que buscan acabar con la separación de poderes, el Estado de Derecho y hasta con la democracia. Tanto es así que a la ristra de improperios que le regalaron los dirigentes de la derecha y sus voceros habituales se sumó este viernes un comunicado de la presidenta del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Isabel Perelló, en el que criticaba que se cuestione “de forma generalizada y permanente” la labor de los jueces, atribuyéndoles “sesgos políticos”. Su lectura es que esa actitud “menoscaba la confianza de los ciudadanos en la Justicia, causando con ello un grave daño institucional”. 

Perelló lanzó esta advertencia para negar que los jueces estén confabulados contra el Ejecutivo, después de que Sánchez deslizara que el PP tiene información privilegiada y, aunque no citó expresamente a nadie, sí dijo que acusar de partidistas a los integrantes del Poder Judicial pone en riesgo el Estado de Derecho. En realidad, el Gobierno nunca ha hablado de los jueces en general o del Poder Judicial, sino de “algunos juzgados”, de “varios togados” o de una “cúpula judicial”. Por eso, fuentes del Ejecutivo calificaron la nota de Perelló como “una sucesión de lugares comunes con lenguaje de madera” porque el Ejecutivo comparte la preocupación por el “buen nombre” del sistema judicial y “no se da por aludido” sobre los ataques generalizados a los que hace referencia el comunicado. Eso sí, se declara preocupado por el “clamor de que los jueces tomen partido” en la política.  

La nota del órgano de gobierno de los jueces, que no fiscaliza el trabajo de los togados ni abre expedientes de oficio si no hay denuncia previa ante su Comisión Deontológica, escala en un choque institucional que, por otra parte, ha sido la constante desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa. El presidente ha explicitado en ocasiones que la oposición a su gobierno “no es política, sino mediática y judicial”. Y esto es algo que el Consejo de Ministros asumió desde que negociaba con Junts la ley de amnistía que hizo posible la investidura de Sánchez.

Hay ministros que ya hablan sin ambages de una estrategia de la derecha y la ultraderecha para “judicializar la vida política”. Lo ha hecho Óscar López, para quien “no puede ser que la única línea de oposición la marque Manos Limpias” con las querellas presentadas por el pseudo sindicato durante los últimos meses. Y todo, añaden desde el Gobierno, en un momento en el que la de España es la economía que mejor se comporta de toda la OCDE, crece cuatro veces más que la media de la Unión Europea y bate récords de empleo con 21,4 millones de afiliados a la Seguridad Social.

No es la economía el eje de la estrategia de oposición en un PP que ya prepara una nueva ofensiva contra los socialistas para la última sesión de control al Gobierno del año con lo que entiende es un “acoso a los jueces” por parte de Sánchez. Así, Feijóo preguntará al presidente si los ataques a las instituciones, entre ellas las del Poder Judicial, son comportamientos “dignos” de un jefe de Gobierno. Y la diputada popular Ester Muñoz hará lo propio con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, a quien Miguel Tellado pedirá una “valoración del calendario judicial del Gobierno”. Y es que entre el lunes y el viernes próximos pasarán por los juzgados a declarar el presunto conseguidor del caso Koldo, el empresario Víctor de Aldama, el exasesor socialista Koldo García y la esposa del presidente, Begoña Gómez. 

El año acabará, por tanto, tal y como empezó, con un ruido insoportable y con la conversación pública y publicada muy lejos de los problemas que realmente preocupan a los ciudadanos.