El juez niega al empresario que pagó a Alvise el destino que pedía para sus sociedades: "Mero fraude"
El despacho Aránguez Abogados, que representa a la Asociación de Usuarios de Criptomonedas y a más de 700 de los mil denunciantes que habrían perdido casi 60 millones de euros en inversiones realizadas en Madeira Invest Club (MIC) y el propio líder de la compañía, Álvaro Romillo, han coincidido en una misma solicitud por la que están batallando en la Audiencia Nacional.
Quieren que el magistrado José Luis Calama que investiga la supuesta macroestafa que cometieron Romillo y sus socios a través de MIC nombre un administrador judicial que se encargue de gestionar las empresas vinculadas al presunto entramado. A este empresario se le investiga, paralelamente, en una pieza separada de este procedimiento por la entrega de 110.000 euros en efectivo a Alvise Pérez para su campaña electoral de las últimas europeas, lo que podría coincidir con un delito de financiación ilegal de partidos políticos.
El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 ya negó en un en un primer momento colocar por orden judicial a un administrador al frente de las compañías, pero ambos, esta acusación y la defensa de Romillo, presentaron sendos recursos de reforma para tratar de que lo reconsiderase.
En el auto al que ha tenido acceso LA RAZÓN en el que los resuelve el juez Calama señala que la defensa de Romillo aduce como argumentos para la aprobación de un administrador "de manera anárquica alegaciones contradictorias", particularmente sobre que no se hubiese pronunciado sobre el embargo -desde el pasado 29 de agosto, antes de que se iniciase este caso- de una cuenta bancaria registrada en Portugal de la que es titular una de sus sociedades en el país luso (Sabrosso LDA) ni sobre la posibilidad de ordenar su desbloqueo.
El instructor considera que estas "contradictorias manifestaciones" hacen imposible entender si "está interesando la adopción o el alzamiento de la medida cautelar" que mantiene congelados estos depósitos, y, por tanto, le impiden ofrecerle una "respuesta coherente al respecto".
En el recurso se esgrimen como motivos para que revoque su 'no' la "falta de valoración" por parte del juez de la predisposición del empresario imputado para colaborar con la Justicia y ponderación de las "repercusiones que pueden tener para los perjudicados" que no se nombre un administración judicial.
El magistrado le señala a Romillo que "es evidente que confunde de forma palmaria las funciones" del Juzgado de la Audiencia al que se dirige y que le investiga con las de uno de lo Mercantil. Que le recuerda que es "ante el que una empresa, cuando se enfrenta a dificultades financieras y se encuentra en situación de insolvencia, solicita la declaración de concursos, que se presenta como una tabla de salvación", como considera que es el trasfondo de lo que le está reclamando.
El líder de MIC, aprovecha para recordar el juez, "ofrecía una serie de inversiones en los productos y servicios que gestionaban sus sociedades", un día su "estructura societaria se desmoronó", "quedando desatendidos todos sus inversores sin explicación alguna". "Igual forma opaca de proceder pretende seguir ante este Juzgado, limitándose a solicitar de manera genérica la administración judicial de una serie de mercantiles sin aportar dato alguno".
"Evidentemente, nos encontramos ante un 'brindis al sol'" y le reprocha que la petición no se haya fundamentado con "una mínima seriedad", lo que implicaría -para el instructor- la entrega de una memoria de "la situación económica y jurídica de las mercantiles, de la actividad o actividades a que se haya dedicado e los últimos años", así como los "establecimientos, oficinas y bienes de que sea titular, y las causas del estado de insolvencia en que parece encontrarse".
Calama llega, incluso, a tachar esta petición de que nombre un administrador judicial como "un mero fraude" que trata de sostener una "fingida afirmación" de su disposición a colaborar con la Justicia y, advierte, que, más aún, cuando Romillo es quien tiene a su disposición toda la documentación sobre las mercantiles que interesa la medida. "Presenta una mera solicitud huérfana de documento adjunto alguno, carece de toda seriedad, credibilidad y sostenibilidad".
Esta posición la comparte también la Fiscalía Anticorrupción al señalar que cuando la representación legal del empresario reclama un administrador para el supuesto entramado no refiere qué extremo de los hechos en los que se investiga si hubo una estafa piramidal -como denuncian antiguos clientes- ha provocado una situación de "crisis" y tampoco quiénes son "sus gestores, qué les impide seguir con su cometido ni qué traba les impide funcionar con normalidad si es que su fuente de ingresos es lícita y no depende de los fondos de los inversores" que le han llevado a los tribunales tras desaparecer alrededor de 60 millones de euros que habían aportado.
Por otro lado, la Audiencia Nacional niega que el argumento que ofreció Aránguez de que era una consideración "precipitada, simplista y parcial" que las compañías vinculadas a Madeira Invest Club funcionaran como empresas instrumentales.
Para el juez constituyen "un vehículo de reinversión de las ganancias ilícitamente obtenidas por la trama", como entiende que también reveló el propio Romillo en la denuncia que presentó ante la Fiscalía General del Estado. Literalmente, recupera Calama, afirmó que "con los fondos obtenidos, tal y como se expuso en la alegación precedente, se creó una estructura societaria compuesta por distintos negocios".
Que tengan una actividad mercantil para este tribunal no elimina la pátina de ilicitud que tras ella se atisba y, recogiendo una circular del Ministerio Fiscal, expone que hay que tener en cuenta que en las sociedades utilizadas habitualmente en esquemas para el blanqueo de capitales como instrumento para colocar fondos aparte de la actividad se mezclan fondos de origen lícito e irregular.
No podemos ignorar, insiste el instructor del ya conocido como "caso Madeira Invest Club", que existen indicios de que este conglomerado de mercantiles "se formó u adquirió con la finalidad de servir tanto de instrumento para la comisión de una estafa, pues eran utilizadas de anzuelo para la captación de inversores, como para canalizar los beneficios obtenidos".
Vuelve a rechazar así Calama la aplicación de esta medida cautelar de nombrar un administrador porque hacerlo significaría "la instrumentalización del órgano judicial para blanquear cantidades con origen en el delito".