España expulsa a la industria
Entre 2013 a 2023, en España sólo se han invertido 5.300 millones de euros en la red que transporta la electricidad, un 38% menos (3.200 millones de euros) de los 8.500 millones que habría permitido el límite de inversión.
Esto se ha traducido en un embudo en las conexiones de nueva demanda en una economía cada día más electrificada y la pérdida de inversiones que buscan el abrigo de la energía para prosperar, como los centros de datos y otras actividades industriales que requieren un alto consumo eléctrico o buscan descarbonizarse.
De hecho, el pasado 2023 se rechazaron posibles conexiones a la red por más megavatios de los que se «enchufaron», una situación que, sin ser inédita, se ha agravado ante el despliegue renovable requerido. Así, mientras se autorizaron solicitudes por 10.760 MW para engancharse a la red en 2023, se rechazaron 10.773 MW de nuevas conexiones, un 35% del total, ya que otros 9.168 MW quedaron pendientes de tramitación.
Este decenio «perdido» está generando la huida de inversiones cruciales para la reindustrialización pese a que España cuenta con el potencial para atraerlas.
La revisión del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) prevé un incremento del 35% de la electricidad en la demanda final y señala que son necesarios 50.000 millones de inversión en redes a 2030. ¿Por qué? Porque las estimaciones apuntan a que el 90% de las renovables que se instalen de acuerdo con el PNIEC se van a conectar a las redes de distribución.
La red de distribución ha facilitado la conexión de más 65.000 instalaciones y la integración de 40 GW de renovables. España acumula peticiones de potencia por 30,7 gigavatios (GW) más del doble de las que hubo entre 2020 y 2022.
Marina Serrano, presidenta de la Asociación de Empresas de Energía Eléctrica (Aelec) –de la que forman parte Iberdrola, Endesa, EDP, IBM, NetOn Power, Atlántica y Schneider Electric– ha advertido en numerosas ocasiones de que el rechazo al acceso a la red de los nuevos megavatios de capacidad de conexión que requiere la industria «pone freno a la reindustrialización».
A finales de 2013, en plena crisis financiera y con España al borde del rescate, el Gobierno de Mariano Rajoy afrontó la quinta reforma eléctrica en un año ante el insostenible agujero en el que había entrado el sistema eléctrico. A la rebaja de las primas a las renovables se sumó un límite anual a la inversión en redes de distribución, responsabilidad de las eléctricas, del 0,13% del PIB –unos 2.000 millones–; y del 0,065% en transporte, responsabilidad de Red Eléctrica, unos 1.000 millones.
Sin embargo, REE ha invertido sistemáticamente muy por debajo de este límite, provocando un embudo que deriva la pérdida de inversiones.
El PIB de España crecerá en el entorno del 3%, muy por encima del resto de las grandes economías de la UE y avanzará por encima del 2% en 2025. De este modo, la positiva evolución del PIB no se traduce en la atracción de inversión. Según el servicio de estudios del BBVA, en 2023 la inversión por persona en edad de trabajar fue en España de 2.217 euros, un 5,3% menos que en 2001 y muy por debajo de los de 3.282 euros de media de la UE, donde este factor ha crecido un 35,6% desde 2001.
El colapso de las redes por la escasa inversión, 3.200 millones menos del ya escaso tope que se la ley permitía a Redeia en un contexto restrictivo frente a la actual expansión de la demanda, choca con los dividendos que el gestor eléctrico ha estado entregando.
En el mismo periodo en el que la inversión ha estado por debajo de los límites legales (en algunos años a la mitad del límite fijado por ley) el dividendo de Redeia no ha dejado de crecer hasta duplicarse, llenando los bolsillos del Estado.
El pasado mes de julio Redeia, que tiene como principal compañía a Red Eléctrica, abonó un dividendo por acción complementario de 0,7273 euros por título. Como la SEPI tiene un 20% de la compañía, esto se tradujo en unos ingresos de 78,7 millones de euros.
En enero, la SEPI ya se había embolsado 29 millones del dividendo de 0,2727 euros brutos por acción, con lo que en total el Estado recibió más de 107 millones de euros del gestor de las redes mientras la inversión de REE en el sistema quedaba muy por debajo de lo requerido. Un contrasentido que choca con todos los planes de reindustrialización anunciados por el Gobierno.
La nueva ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Sara Aagesen, que se estrenó en su cargo con un discurso en favor de la reindustrialización «sostenible», reconoció el pasado miércoles en el Congreso de los Diputados que el actual límite para la inversión en redes eléctricas en relación al PIB no da respuesta a las necesidades, pero avisó de que en su revisión debe haber un equilibrio porque «esas redes las pagamos todos y cada uno de los consumidores».
En respuesta a una interpelación del PNV sobre las medidas para garantizar el acceso a la red y atender los nuevos suministros de la industria –cuyos planes se elaboran por un periodo de 6 años, en este caso hasta 2030– la ministra recordó que su departamento lanzó una consulta pública en junio para modificar el límite de inversiones en redes y reconoció que el fuerte desarrollo de las renovables en España y el interés de los inversores por desarrollar proyectos superó lo previsto en la planificación 2021-2026, que se lanzó en 2022.
Aagesen, avanzó que el Ministerio ya analiza las propuestas de Red Eléctrica para la nueva planificación 2025-2030 para sacarla a audiencia pública.
En este sentido, se dará prioridad por primera vez a las necesidades de demanda, junto a la seguridad energética y a la integración de las renovables, también se incluirá la descarbonización como principio rector de la planificación. Un aspecto que la industria, en pleno proceso de electrificación, aguarda con cautela tras los problemas que encuentra para descarbonizarse.