Ábalos declara en el Supremo bajo sospecha de usar el Ministerio para enriquecerse

José Luis Ábalos, ministro de Transportes entre 2018 y 2021, cargo que compaginó con el de número tres o secretario de Organización del PSOE, acude este jueves a declarar voluntariamente ante el Tribunal Supremo, que le investiga por presuntos delitos de pertenencia a organización ilícita, malversación, cohecho y tráfico de influencias en el contexto de la causa conocida como caso Koldo, unos hechos que se podrían ver ampliados por las graves acusaciones que ha vertido en su contra el comisionista Víctor de Aldama. «Tengo ganas de declarar», comentaba a la prensa este miércoles. Fuentes de su defensa avanzan, de hecho, que contestará tanto a su abogado como a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones agrupadas bajo la representación del Partido Popular. El Alto Tribunal aprecia indicios de que el político pudo beneficiarse económicamente de los contratos públicos para traer material sanitario a España durante la pandemia concedidos a la empresa instrumental Soluciones de Gestión por 53 millones de euros, en los que intermediaron tanto el propio Aldama como quien fue asesor de Ábalos, Koldo García. La causa en el Supremo es el resultado de la instruida previamente en el Juzgado Central de Instrucción 2, que abrió diligencias en 2023 por una querella de la Fiscalía Anticorrupción fruto, a su vez, de un año de investigaciones. El resultado fue la denominada operación Delorme, a cargo de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil que, en febrero de 2024, detuvo entre otros a Koldo García. En la Audiencia Nacional las diligencias se han desarrollado en dos sentidos. Por un lado, con la UCO de la Guardia Civil volcando, procesando y analizando las decenas de dispositivos electrónicos incautados a los distintos investigados. Por otro lado, mediante la toma de declaración de imputados y testigos de interés y, en particular, de los cargos públicos que tuvieron alguna relación con la adquisición de mascarillas a Soluciones de Gestión. La clave estaba en averiguar de quién partió la orden de contratar con esa empresa y no con otra. Y fue así como el cerco se estrechó en torno a Ábalos, porque la conclusión más repetida en la sala de interrogatorios fue que la decisión partía del ministro y/o de su gabinete. Cuando parecía ya consolidada esta tesis, llegó el salto cualitativo en forma de oficio de la UCO. Cruzando correos electrónicos, mensajes de texto, anotaciones y otra documentación intervenida apuntalaron el origen de la decisión y expusieron una hipótesis que la explicaba: el ministro habría obtenido un beneficio personal a cambio de aquello que los investigadores traducen en dos supuestos cohechos concretos: el piso de la novia de Ábalos y el chalet de La Alcaidesa, los dos por intermediación de Aldama. En cuanto al primero, fueron 88.000 euros los que asumió un socio de Aldama para costear el alquiler del piso de Jessica, la amiga del ministro, en el centro de Madrid. En cuanto al segundo, es la casa de 250.000 euros que una empresaria próxima al comisionista adquirió y puso al servicio de Ábalos, para «su disfrute». Los investigadores señalan que la casa obedece tanto a su relación con los negocios del comisionista como a la gestión que éste estaba intentando conseguir para un tercero, Claudio Rivas, que buscaba en el Ministerio de Industria una licencia de hidrocarburos. De hecho, el ya exministro fue desahuciado del chalet cuando esa licencia se desestimó. Con estas premisas, el instructor de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, elevó exposición razonada al Tribunal Supremo para que investigara al aforado Ábalos al concluir que existen «indicios fundados y serios» de que tuvo un «papel principal» en la supuesta organización criminal montada a su alrededor para enriquecerse a través de una operativa corrupta en el Ministerio de Transportes, aprovechándose precisamente de éste. El juez expuso, basándose en los informes de la Guardia Civil, que el empresario y comisionista a sueldo de la compañía Soluciones de Gestión, Víctor de Aldama, realizó presuntamente pagos «ordinarios» a Koldo García de unos 10.000 euros mensuales para tenerle a su favor que se vieron «acompañados de otros de carácter extraordinario cuyo beneficiario sería Ábalos». «Estas contraprestaciones tendrían como principal razón de ser mantener el acceso de Aldama tanto a Koldo como a Ábalos en beneficio propio y de terceros directamente relacionados con él», razonaba, e incidió en que la «acción corruptora» del comisionista «le permitía asegurarse la consecución de un lucro económico, asentado en la estructura societaria criminal de sus socios, presuntos partícipes también de la organización criminal objeto de investigación». El Tribunal Supremo vio indicios de que «los hechos descritos (en la exposición razonada de la Audiencia Nacional), sin perjuicio de lo que pudiera resultar de la investigación, pudieran ser constitutivos, de acuerdo con la exposición razonada, de un delito de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, de cohecho y de malversación». La causa recayó en el magistrado Leopoldo Puente, quien abrió diligencias sobre «la adjudicación de contratos entre la Administración o entidades vinculadas a ella a empresas privadas o conductas equivalentes» con Ábalos, Aldama y Koldo García como trío inescindible. Pero para entonces, habían cambiado ya muchas cosas: El comisionista, en una declaración voluntaria en la Audiencia Nacional, cargó contra los otros dos (entre otras personas del Gobierno y el PSOE) y subrayó que al exministro le había entregado más de 600.000 euros en mordidas y al que era su asesor, más de 250.000. Pese a ello, Ábalos manifestó su voluntad de declarar voluntariamente. El 4 de diciembre confirmó al juez que aceptaba hacerlo una semana más tarde, como se había previsto y justo ese mismo día, Aldama presentó un escrito de alegaciones ante el Alto Tribunal ampliando sus acusaciones: implica al exministro en comisiones ilegales por adjudicaciones de obra pública que se habrían preconcedido y fiado a la ejecución de un contrato para la compra de un inmueble de casi dos millones de euros. Asegura que Ábalos se lo quedaría si las adjudicatarias no cumplían con la mordida pactada. Este asunto no forma así parte del núcleo duro de la causa y de hecho, ese contrato es anterior a los hechos que se investigan. No obstante, será objeto de interrogatorio, como todas las aristas afloradas en la Audiencia Nacional (el posible papel que jugase Ábalos para facilitar el rescate de Air Europa, por ejemplo) que van más allá de las mascarillas. La declaración de Ábalos será así, no obstante, sólo el principio hacia su esclarecimiento: será su palabra contra los indicios del sumario y las nuevas acusaciones de Aldama. La comparecencia responde a la prerrogativa que tienen los aforados de poder acudir voluntariamente a declarar sin necesidad de que el juez recabe del Congreso de los Diputados el suplicatorio para poder imputarle formalmente y practicar diligencias que afecten a su persona. La cuestión es que mientras no se curse ese trámite, los investigadores están de manos atadas: no pueden hacer averiguaciones esenciales sobre asuntos como, por ejemplo, el patrimonio de Ábalos, sus movimientos bancarios o la incautación de su correo o de su teléfono móvil. El miércoles, el Supremo determinó que las acusaciones populares estarán aglutinadas bajo representación de la que ejerce el Partido Popular, pues fue la primera en personarse en la causa. Ante la posibilidad de que esto implique que las otras siete que figuran empujando la causa se queden fuera del interrogatorio, Iustitia Europa y Hazte Oír remitieron sendos escritos al Tribunal para garantizar que estarán presentes, aunque deban intervenir a través del letrado del PP. Ábalos, ajeno a las idas y venidas de las acusaciones populares, sí comentaba a la prensa el miércoles que tenía ya «ganas» para ir «desmontando las mentiras» que, asegura, ha vertido Aldama contra él.