Ábalos, ante el reto de desmentir a Aldama en el Tribunal Supremo

Tres semanas después de la declaración judicial de Víctor de Aldama en la Audiencia Nacional, el exministro José Luis Ábalos –a quien el empresario señaló por el supuesto cobro de comisiones– declara hoy como investigado en el Tribunal Supremo (TS). Quien fuera secretario de Organización del PSOE llegará al alto tribunal imputado por delitos de pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias, cohecho y malversación y con el objetivo de disipar el «papel principal» que la investigación le atribuye. Lo hace de forma voluntaria, pero tras intentar sin éxito que el magistrado Leopoldo Puente, instructor de la causa, retrasara su comparecencia para tener más tiempo para estudiar el procedimiento (el «caso Koldo» arrancó hace meses en la Audiencia Nacional, donde el juez Ismael Moreno continúa instruyéndolo salvo en lo relativo a Ábalos, por su condición de aforado y Aldama y el propio Koldo García porque el instructor considera inescindible los hechos que se imputan a uno y otros). El exministro, que ayer en los pasillos del Congreso rompió su silencio y dijo estar «tranquilo» y con «muchas ganas de hablar» para desmontar lo que considera mentiras del comisionista de la supuesta trama.

Si, como parece, está dispuesto a contestar a todas las preguntas que se le formulen –habrá que ver si también al PP, que estrena su condición de representante de las siete acusaciones populares–, Ábalos puede superar con creces las dos horas de Aldama ante el juez en la Audiencia Nacional. Tiempo suficiente para defenderse del supuesto cobro de comisiones (dos millones de euros afirma Aldama que le reclamó solo por su presunta intervención en las adjudicaciones investigadas para la compra de mascarillas en pandemia, aunque según el empresario solo le pagó 250.000 euros) y para intentar convencer al juez de que no tuvo intervención alguna para decantar las adjudicaciones a Soluciones de Gestión, la empresa de la supuesta trama, que obtuvo contratos de los ministerios de Transportes e Interior y de los gobiernos autonómicos balear y canario por más de 53 millones de euros.

Ábalos –que no ha conseguido, como pretendía, declarar después que Aldama, que será interrogado en el Tribunal Supremo el próximo lunes, 24 horas antes que Koldo García, el exasesor del ministro de Transportes– está convencido de que «no hay nada» en su contra y minimiza la documentación aportada al Supremo con la que el comisionista intenta acreditar el cobro de supuestas mordidas por parte del ex «número tres» del PSOE y otrora hombre de confianza de Pedro Sánchez. Unas pruebas que reduce a «dos carpetas, unas fotocopias de los Presupuestos y un contrato de compraventa». Se refiere así, en este último caso, al contrato de alquiler con opción de compra de un piso en La Castellana valorado en 1,9 millones de euros que Aldama le habría ofrecido como garantía del pago de futuras comisiones, aunque nunca llegó a ocuparlo, según reconoció el propio comisionista.

El exministro tendrá que intentar desmontar la acusación del empresario –respaldada por los informes de la Unidad Central Operativa (UCO)– de que aparte de las supuestas comisiones recibió pagos en especie, como el uso y disfrute para él y su familia de una chalet en una urbanización, La Alcaidesa, de La Línea de la Concepción (Cádiz) (lo que, en caso de acreditarse, constituiría un delito de cohecho).

El que fuera dirigente socialista también tendrá que explicar si, como mantiene Aldama, este le gratificó por sus supuestas gestiones haciéndose cargo del alquiler de un piso para su pareja en el Edificio Torre de Madrid, por el que el comisionista habría desembolsado casi 90.000 euros. O, también, si hizo gestiones para enchufar a su pareja como administrativa en dos empresas públicas, Ineco y Tragsatec.

Está por ver, no obstante, hasta dónde llega la intención de Ábalos de dar su versión de los hechos. Es decir, si se limitará a replicar a las acusaciones de Aldama o irá más allá y entrará también a desmentir otros imputaciones relevantes del empresario, a quien la UCO considera el «nexo corruptor» entre la trama y la entonces cúpula del Ministerio de Transportes, al margen de los contratos de mascarillas, una adjudicaciones a las que por ahora el Supremo ciñe el objeto del procedimiento. Por ejemplo, respecto a su papel en la visita a España de la vicepresidenta Delcy Rodríguez obviando las sanciones de la UE al Gobierno de Maduro. O respecto a su participación en el rescate de Air Europa, ya que según el juez Ismael Moreno se valió de su relación con Ábalos «para influir en la concesión final del rescate» a la compañía aérea bandera de Air Europa.

Sobre la mesa, también (aunque no se le relaciona con esos pagos), las supuestas mordidas que según Aldama pagó la trama al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y al jefe de Gabinete de la ministra María Jesús Montero y los 50.000 euros que, mantiene el comisionista, reclamó el expresidente canario Ángel Víctor Torres. Y la relación (foto en un mitin mediante) de Aldama con Pedro Sánchez, a quien el supuesto conseguidor se refería como «el 1».