El juez que encarceló a Juana Rivas pide al Poder Judicial que le indemnice con 100.000 euros por “daños y perjuicios”

Manuel Piñar Díaz, el juez de Granada que dictó la primera sentencia contra Juana Rivas, reclama al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que le indemnice con 100.000 euros por supuestos “daños y perjuicios” y como compensación por las cantidades económicas que va a dejar de percibir por su decisión de jubilarse de forma anticipada. Así consta en la reclamación de responsabilidad patrimonial que ha promovido contra el órgano de gobierno de los jueces y que el pleno de la institución analizará este miércoles.  

El magistrado, que reclamó su jubilación “voluntaria” con efectos del 30 de junio de 2024, tiene abiertas dos causas penales en los tribunales y fue sancionado por el CGPJ por difundir datos privados de uno de los hijos de Rivas. Además, fue objeto de otra investigación disciplinaria por los comentarios machistas e insultos contra miembros del Gobierno de coalición que vertió en su Facebook, pero el órgano rechazó sancionarle porque consideró que fue una intervención “a título particular como mero ciudadano”. 

Piñar considera que estas actuaciones han perjudicado tanto su “salud física y emocional”, como su “honor y consideración pública”. Y, en consecuencia, formula la citada reclamación de 100.000 euros. Fuentes del CGPJ consultadas por elDiario.es sostienen que en su escrito alega que la jubilación anticipada le impide percibir cantidades económicas que sí le corresponderían en caso de haber accedido a la jubilación forzosa, que está fijada a los 72 años para jueces y magistrados, y que esa actuación del CGPJ le ha generado “daños y perjuicios”. 

Multa de 1.500 euros

La Comisión Disciplinaria del CGPJ acordó el pasado 12 de junio imponerle una sanción de 1.500 euros al considerarlo autor de una infracción grave de la ley del Poder Judicial por haber revelado “fuera de los cauces de información judicial establecidos, hechos o datos de los que conozcan en el ejercicio de su función”. El órgano consideró probado que el magistrado envió un comunicado al diario ABC en el que revelaba datos sobre unos presuntos abusos sexuales que habría sufrido uno de los hijos menores de Rivas. 

El magistrado decidió emitir ese comunicado después de que su decisión de rechazar que Rivas saliera de la cárcel después de que el Gobierno le concediera el indulto parcial fuera objeto de críticas por determinados sectores. Según el CGPJ, el “deber de reserva” del magistrado “no desaparece” aunque los hechos ya se hubiera divulgado por otras vías, tal y como intentó alegar sin éxito ante la autoridad disciplinaria del CGPJ. “Era sabedor de determinadas circunstancias —que afectaban a un menor—, por ser el encargado de conocer del procedimiento donde tales datos o hechos obraban; pese a ello, los trasladó a un medio de comunicación con el fin de justificar el sentido de un pronunciamiento judicial”, recoge la resolución sancionadora del órgano de gobierno de los jueces.

Sin embargo, un año antes, el CGPJ acordó archivar el expediente sancionador que le había abierto por los comentarios machistas y ofensivos contra diferentes líderes políticos que había publicado en su cuenta de Facebook, donde se autodenominaba como “jefe en Magistratura”. En esas publicaciones mostraba sin tapujos su oposición al Gobierno de coalición, con descalificativos personales hacia varios miembros del Ejecutivo, como Pedro Sánchez o Fernando Grande-Marlaska, pero también hacia exministros como Irene Montero, José Luis Ábalos o el exvicepresidente Pablo Iglesias.

Por ejemplo, utilizó el término “bazofia feminazi” o ilustró con el comentario “comunismo feminazi” una información sobre un viaje de trabajo que la exministra de Igualdad Irene Montero realizó a Nueva York. En otro momento aseguró que existen “cientos de casos de falsas denuncias [de mujeres migrantes] buscando regularización”. O escribió “ladrones, corruptos y encima con orgullo. Herederos de José María el Tempranito [sic]” acompañado de una foto del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero. 

Sin embargo, el órgano de gobierno de los jueces rechazó sancionarle al entender que no encajaba en ninguna de las faltas sancionables en la ley del Poder Judicial, pues no hizo una “invocación expresa de su condición profesional” y era “factible” entender que había vertido esos comentarios “a título particular, como mero ciudadano”. El CGPJ ha pedido al legislador que revise los tipos disciplinarios contemplados en la ley del Poder Judicial para poder sancionar este tipo de conductas. 

El abogado de Rivas, Carlos Aránguez, llevó esos mensajes a los tribunales como un posible delito de odio, lo que motiva su condición de investigado en una de las dos causas que tiene abiertas. En su declaración en el juzgado, el pasado febrero, Piñar negó haberlos publicado y se declaró víctima de una “persecución”. “No tengo nada que ver con esos comentarios que me atribuyen. No soy el autor. Denuncio en este acto una vulneración de importantes derechos fundamentales y una persecución marcada a nivel político. Esto recuerda a épocas pasadas”, afirmó, según los vídeos de esa declaración publicados por laSexta. Aránguez afirma que la instrucción de esta causa está cerca de finalizar. Y recuerda que tiene además otra investigación abierta por un posible delito de falso testimonio en la que está citado a declarar el próximo 14 de enero.

El nombre de Piñar saltó a la primera plana de los periódicos tras llevar a prisión a Rivas por huir con sus hijos para no entregarlos a su padre, denunciado por maltrato. La decisión de la Fiscalía italiana de acusar a Francesco Arcuri, expareja de Rivas, de maltratar a los hijos de ambos ha devuelto a la actualidad el nombre de un juez que acumula en su haber un historial de resoluciones polémicas, especialmente en casos relacionados con mujeres y violencia machista.