El turbio escándalo sexual que cerca a García Urbano, el "alcalde milagro" del PP con poder absoluto en Estepona

A finales de la pasada década José María García Urbano era una brillante estrella en el firmamento político. Alcalde desde 2011 en Estepona (Málaga, 76.975 habitantes), en mayo de 2019 se convirtió en el más votado de España en municipios de más de 50.000 vecinos: casi el 70% de los votos, 21 de 25 concejales.

Fue su cima. Formado (es notario y registrador de la propiedad), de origen humilde, capaz de dar un barniz amable (paseos peatonales, flores, murales, limpieza, cultura) a un municipio asediado por la deuda y deprimido por una macroperación policial contra la corrupción que lo había puesto en la liga de Marbella, a este hombre se lo rifaban. Sobre todo en su partido: el PP lo promocionó, primero llevándolo de diputado (en la legislatura efímera de 2016) y más tarde colocándolo como vicepresidente de la Federación de Municipios de España. Elías Bendodo incluso lanzó el globo sonda de su posible desembarco como candidato a alcalde de Málaga. Francisco de la Torre pinchó el globo de un manotazo.

Hoy, aquella estrella es más bien una patata caliente para el PP. García Urbano, que ahora tiene 61 años, está siendo investigado por un juzgado de instrucción que recibió una denuncia de un policía local destinado en Estepona. Allí se narran diversos encuentros sexuales entre el denunciante, su pareja y García Urbano, que habrían sido forzados por este usando su posición de poder sobre el agente, de lo que se han aportado supuestas pruebas documentales y gráficas.

También se describen pagos a la pareja, y esta semana la mujer ha desvelado al juez que fue contratada por el regidor como cargo de confianza para apenas tres meses, en los que pudo embolsarse unos 15.000 euros. La supuesta existencia de vídeos y pagos enturbia aún más el asunto.

García Urbano, que hizo todo lo posible para que la denuncia no se conociera (llegó a retirarse una publicación online previa a la admisión a trámite), asegura que lo que se cuenta ahí son falsedades sin fundamento y que solo se busca manchar su reputación, por lo que pide su archivo de plano. Pero ha pasado un mes desde que se admitió, él ya ha dado sus explicaciones al juez (sin contestar al fiscal ni a la acusación) y el juez no solo no la ha archivado sino que sigue practicando diligencias. Tanto el agente como la mujer han ratificado la denuncia, y esta última ha pasado de testigo a denunciante por decisión judicial.

Un terremoto en Estepona

Más allá de la depuración de responsabilidades penales, si las hubiera, el caso ya ha provocado un terremoto en Estepona y un alto daño reputacional al personaje público. Un escándalo de naturaleza sexual no suma votos en el espectro conservador.

El PSOE le pide que se retire mientras se aclara su situación jurídica, pero él ha respondido que ni se le pasa por la cabeza. “Solamente me apartaré cuando considere que he cumplido mi función, mi deber y mi obligación con esta ciudad o cuando los vecinos lo quieran, pero no por otras circunstancias, y menos de carácter político”, replicó en el Pleno del pasado 21 de noviembre.

Numéricamente sigue fuerte. 17 de 25 concejales, muy disciplinados, con un núcleo duro muy cercano a él no sólo en lo político. Ana Velasco, por ejemplo: ha sido administradora de sociedades suyas. O Salvador Pedraza, con quien administraba una millonaria sociedad patrimonial de raíz luxemburguesa con múltiples intereses en España, según él solo como albaceas. Otro es Blas Ruzafa, cuya área contrató como cargo de confianza a la testigo del presunto acoso sexual, pese a no tener bagaje académico o profesional para el puesto.

También hay quienes se han marchado sin que se haya explicado por qué: la última, la concejala de Cultura. También quien fue su delfín y hoy es uno de sus principales críticos, Manuel Aguilar, al frente del grupo municipal de Vox.

De los negocios con prófugos a mecenas de la Cultura

Antes de ser alcalde, García Urbano coqueteó con el Partido Andalucista y con una candidatura en su pueblo natal, Coín, hasta que Javier Arenas le ofreció Estepona, según cuenta una fuente al tanto de aquello. Fue socio de un testaferro de Juan Antonio Roca, condenado y prófugo de la Operación Malaya (Juan Hoffman, hijo de un destacado nazi reclamado por los aliados refugiado en la Costa del Sol). Y por su notaría (que cedió al ser alcalde) y su registro (que mantiene y del que obtiene sus ingresos) pasaron algunas de las principales operaciones inmobiliarias de la Costa del Sol.

Durante años, García Urbano ha orillado estos antecedentes y pulido con mimo la imagen de buen gestor, usando todas las herramientas que da el poder absoluto municipal. A saber: obras públicas (con especial apego por el ornato), buena relación con medios y esferas de poder, dinero de los presupuestos, decisiones discrecionales.

En ese sentido, la denuncia del agente, centrada en las prácticas sexuales, contiene una frase aparentemente accesoria pero muy significativa: tras contar que tuvo que acceder a las “repugnantes propuestas del alcalde” porque no le quedaba otra, el denunciante dice entre paréntesis: “Mucha gente le tiene miedo debido al poder que ejerce”. Este medio ha escuchado testimonios similares en los últimos años.

Ese temor se combina con un uso muy eficaz de las relaciones públicas. “Ha sabido engatusar a la gente con que el pueblo está muy bonito. Y hay una gran cantidad de favores e intereses creados”, cuenta una fuente del municipio. Ha entregado premios, patrocinios y subvenciones por doquier mientras embellecía el pueblo. En este tiempo ha aparecido a menudo en los medios como un gestor muy capaz, el alcalde “milagro” llegaron a titular. Ayudó un gran acierto de mercadotecnia: nada más llegar a la alcaldía instaló un contador para que todo el mundo viera al minuto y a diario cómo baja la deuda bajo su mandato.

También le gusta que le vean como un adalid de las ciudades sostenibles, bellas y amables, además de mecenas de la Cultura. En ocasiones ese ímpetu le ha llevado a proyectos disparatados. En 2019 los programas de sobremesa abrieron con una mujer que se deslizaba entre alaridos por “el tobogán más grande de España”, hasta el costalazo final. Tras comprobar que aquello era un riesgo para la integridad física, acabó instalándolo en el ayuntamiento para que lo usen sus funcionarios. Así trabajarían más contentos, razonaba. También promovió el orquidiario más grande del país, un macetón de 17 metros de altura o un géiser artificial en el mar.

Las conexiones familiares y empresariales

Su ejercicio singular del poder no se agota en los proyectos extravagantes. En los últimos dos años este medio ha desvelado una serie de episodios en varias investigaciones sucesivas que revelan una particular concepción del poder municipal.

El ayuntamiento ha vendido locales en una zona privilegiada a la constructora de un exsocio y amigo de García Urbano (Bonifacio Solís) por una cuarta parte de su valor real en un expediente lleno de irregularidades; ha pagado a esa misma constructora 16,3 millones por la fastuosa torre del Mirador del Carmen, después de que el contrato (impugnado por el Colegio de Arquitectos sin que se entrara nunca al fondo de la impugnación) se disparara 1,8 millones para hacer una sala de exposiciones que estaba prevista desde el principio; ha adjudicado por un precio irrisorio la explotación de tres plantas de restaurante y terraza en esa torre a la sociedad de la pareja de su hijo, constituida semanas antes en la gestoría de su concejal, donde el alcalde tiene domiciliadas sus propias empresas; ha colocado como edil a otro hijo, previa dimisión de dos ediles electos, y luego este se ha marchado como directivo a la misma constructora de su amigo.

Es la misma constructora que ha ejecutado las grandes obras públicas de la ciudad en la última década, de la senda litoral al estadio de atletismo, y buena parte de la privada concesionada en espacio público, como el nuevo Laguna Village.

Ninguno de estos asuntos ha llegado nunca a los tribunales. Solo el caso de una comunidad de propietarios a la que quería expropiar una calle privada. Una jueza advirtió al alcalde de que lo multaría si insistía en desobedecer la sentencia que daba la razón a los vecinos.

1,2 millones en cargos y asesores

A la poca fiscalización ayuda que la oposición (cuatro concejales el PSOE, tres Vox, uno no adscrito) esté ahogada por una asignación raquítica decidida por decreto de alcaldía: ninguno de los ocho concejales está liberado y cobran 0 euros de salario. Sólo perciben 300 euros brutos de dietas por Pleno y 30 por cada una de las tres comisiones. Para el grupo, un fijo de 300 y 50 por concejal.

Por el contrario, cinco de los concejales de García Urbano perciben 74.900 euros anuales cada uno y otros cinco cobran 49.174. Tiene además 12 cargos de confianza nombrados a dedo con emolumentos entre los 41.150 y los 63.900 euros al año. Todos los asesores suman casi 600.000 euros. García Urbano no cobra del consistorio, pero en total Estepona paga a concejales de gobierno y asesores de confianza algo más de 1,2 millones anuales. A los dos grupos y ocho concejales que deben hacer oposición destina unos 40.000 a repartir entre todos.

De ahí que Emma Molina, la portavoz socialista, lamente: “Así es difícil hasta fiscalizar el día a día. No tenemos dinero para una asesoría jurídica que nos permita investigar asuntos de corrupción o arquitectos y técnicos para asesorarnos”.

El alcalde también incumple la ley con su declaración de bienes: a pesar de tratarse de una información obligatoria de publicidad activa (es decir, debe constar en la web municipal), él ha decidido que no la entrega ni aunque se la pida la oposición. Al PSOE, que la ha reclamado más de 40 veces en la última década, solo le ha dejado verla con el secretario delante para evitar fotos y previa firma de un acta de comparecencia.

Ahora hay ediles que lo ven débil y a la defensiva, y entrevén detalles inusuales. “Es raro que no haya salido al ataque, que es su estilo”. Un turbio escándalo sexual ha venido a alterar el territorio que García Urbano se construyó a medida.