El 'búnker' reaccionario de la Curia frena decisiones vitales contra el Opus Dei y el Sodalicio en el Vaticano

“Están engañando al Papa. O, lo que es peor, están actuando en su contra”. Este es el lamento de una víctima del Sodalicio de Vida Cristiana, una de las instituciones más vinculadas a la extrema derecha eclesiástica en América Latina, que pone en tela de juicio la política de tolerancia cero auspiciada por Francisco contra los abusos y las instituciones que los instigaron y encubrieron.

La reflexión llega porque, en las últimas semanas, comienza a cundir el pesar entre los máximos responsables de la lucha contra la pederastia en el seno de la Iglesia que ven cómo determinados sectores de la curia vaticana –vinculados a movimientos conservadores como el propio Sodalicio o el Opus Dei– están volviendo a ejercer toda su influencia para retrasar, frenar o poner en suspenso algunas de las decisiones más esperadas por los supervivientes de abusos.

Ataques contra Bertomeu

El caso más relevante es el del Sodalicio. Cuando el pasado 16 de agosto, el Papa decretó la expulsión del movimiento de su fundador, Luis Fernando Figari, acusado de abusos sexuales y corrupción financiera, todos daban por hecho que la supresión de la organización fundada por él en Perú llegaría en pocas semanas.

Sin embargo, y pese a que la investigación llevada a cabo por los investigadores del Papa, Charles J. Scicluna y el español Jordi Bertomeu destapó las evidencias de la corrupción de sus máximos responsables, lo cierto es que, en los últimos tiempos, se han constatado maniobras que hacen pensar que el Vaticano podría dar marcha atrás o, al menos, congelar cualquier decisión. Esto coloca a los llamados ‘Van Helsing’ antipederastia en una difícil situación.

El último capítulo se vivió hace unas pocas semanas, cuando dos destacados miembros del Sodalicio, a quienes la Santa Sede había dado un plazo de 48 horas para pedir perdón e indemnizar a las víctimas bajo pena de excomunión, lograban reunirse en un encuentro privado (no incluido en la agenda vaticana) con Francisco.

Ambos, Giuliana Caccia y Sebastián Blanco, acusaron ante el Papa al cura Bertomeu de desvelar datos secretos de la investigación a los periodistas Paola Ugaz y Pedro Salinas, para conseguir la condena de los ex miembros del Sodalicio. Sorprendentemente, según su versión –no desmentida por la Santa Sede–, Caccia y Blanco aseguraron que el Papa firmó la revocación (o suspensión, según las versiones) de su decreto de excomunión, aunque Roma les pedía mantener el encuentro en secreto. Un secreto que no mantuvieron al explicar hasta en dos vídeos el contenido de su charla con Bergoglio. Los dos han llevado a Bertomeu (como antes hicieron responsables del Sodalicio con los periodistas que destaparon el escándalo) a los tribunales peruanos por revelación de secretos.

Torreciudad y Gaztelueta: Opus Dei, caso abierto

La otra gran institución en problemas en los últimos años, el Opus Dei, también ha visto cómo se han movido convenientemente los hilos de la burocracia vaticana para retrasar, en lo posible, tanto la reforma de sus estatutos como en dos de los escándalos que han sacudido sus cimientos en los últimos tiempos: la titularidad del santuario de Torreciudad, y la resolución canónica del ‘caso Gaztelueta’.

En el primero de los casos, el Papa nombró un comisario pontificio plenipotenciario para el complejo creado por Escrivá de Balaguer, el español Alejandro Arellano. El emisario tenía prevista su llegada a Barbastro a mediados de noviembre, pero su entrada en el santuario se ha retrasado sin más explicación. El retraso deja en el aire el primer paso que debía tomar: el nombramiento de un nuevo rector para Torreciudad. Fuentes internas, no obstante, apuntan que Arellano pasará todo este fin de semana en el complejo.

En el segundo, la sentencia canónica contra el pederasta se ha ido retrasando con distintas excusas. Y eso que la investigación canónica se terminó en verano. La indagación fue encargada por el Papa al obispo de Teruel, José Antonio Satué, contra la actuación de la Obra y del pederasta condenado en sentencia civil por abusos a un menor.

Hasta la fecha ni la familia ni sus abogados han tenido noticia de cuándo podrán cerrar, en el ámbito canónico, lo que el Tribunal Supremo sentenció hace años. Esa resolución debería proporcionar una reparación integral por parte del Opus Dei, así como una condena eclesiástica para el abusador.

El padre de la víctima, Juan Cuatrecasas, cuenta a elDiario.es que “nos sentimos impotentes, revictimizados y profundamente decepcionados”. Y añade: “Lo que debería ser algo grande para las víctimas se ha convertido en una demostración más de que las víctimas no tienen oxígeno ni lo tendrán por parte de la Iglesia”. Cuatrecasas –hoy convertido en uno de los impulsores en el ámbito europeo de la lucha contra los abusos a menores– recalca que “la justicia, cuando es tan lenta, no es justicia”.

En el trasfondo de estas tramas, junto a los movimientos de los sectores ultraconservadores ante lo que consideran un tiempo de “fin de pontificado”, se encuentran las dificultades sobrevenidas por el déficit en las cuentas vaticanas. La situación económica ha llevado a la Santa Sede a cortar el grifo de todos los dicasterios y a invitar a los responsables de la Curia a buscar financiación externa.

Una financiación que, en el caso de la Iglesia católica, proviene en su mayor parte de instituciones netamente conservadoras y, en algunos casos, abiertamente contrarias al papado de Francisco. La mayoría de ellas proceden de Estados Unidos. El dinero llega, afirman algunas fuentes, de los mismos grupos que financiaron en parte la campaña del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.

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