Los policías denuncian que las aseguradoras de Muface les están bloqueando las consultas
- Cancelaciones de operaciones quirúrgicas
- Denuncia de CSIF al Defensor del Pueblo
- Asisa asegura que siguen prestando atención médica
- DKV pide una subida del 40%
- Los sindicatos anuncian movilizaciones
- Se acerca la fecha de vencimiento del contrato
- Prórroga hasta octubre de 2025
La Unión Federal de Policía (UFP) ha denunciado que las aseguradoras que gestionan la atención médica de los mutualistas de Muface –Adeslas, Asisa y DKV– están bloqueando consultas y cancelando operaciones quirúrgicas ante la falta de acuerdo con el Gobierno por la subida de las primas.
El sindicato asegura que ya existen “cancelaciones, retrasos y ceses en tratamientos de mutualistas, con contrato en vigor”, lo que ha generado preocupación entre los funcionarios que dependen de este sistema sanitario concertado.
Cancelaciones de operaciones quirúrgicas
La Asociación de Jubilados de la Policía Nacional (AJPNE) también ha mostrado su descontento por esa situación. En declaraciones a Confidencial Digital, aseguran que están detectando irregularidades en la gestión de las citas médicas.
"En algunos casos, las administrativas negaban las citas, pero, tras hablar con los responsables, sí se concedían. Sin embargo, es cierto que Adeslas está cancelando intervenciones quirúrgicas previstas para después del 31 de enero [fecha en la que caduca el concierto]”, han explicado.
De hecho, Adeslas envió el pasado lunes un correo a los mutualistas de Muface, al que tuvo acceso ECD, en el que directamente se ‘despedía’ de ellos, lo que provocó que se encendieran las alarmas entre los funcionarios. Confidencial Digital contó, que a pesar del mensaje, Adeslas no descartaba participar en la nueva convocatoria del Gobierno.
Denuncia de CSIF al Defensor del Pueblo
CESIF, Central Sindical Independiente y de Funcionarios , ha decidido trasladar el asunto al Defensor del Pueblo.
El sindicato denuncia que se están acumulando centenares de quejas por parte de empleados públicos, que reportan anulaciones de citas médicas, de pruebas diagnósticas y consultas con especialistas en áreas como neurología pediátrica, cardiología, psiquiatría y ginecología.
Asisa asegura que siguen prestando atención médica
Mientras las quejas se multiplican, las aseguradoras involucradas han respondido de manera desigual.
Desde Asisa aseguran a ECD que están cumpliendo con sus obligaciones de atención a mutualistas, “como lo hemos hecho siempre”.
Por el contrario, Adeslas ha declinado realizar comentarios al respecto, y DKV no ha ofrecido ninguna respuesta.
El problema radica en el vencimiento del actual concierto entre Muface y las aseguradoras, que, expira el próximo 31 de diciembre. Este acuerdo permite a más de 1,5 millones de empleados públicos y sus familiares elegir entre atención sanitaria pública o privada.
Sin embargo, el futuro del sistema está en el aire, tras el fracaso en la licitación de un nuevo convenio para el periodo 2025-2026. Pese a la oferta del Gobierno de incrementar un 17% las primas en dos años, ninguna aseguradora aceptó las condiciones iniciales, por considerarlas insuficientes.
DKV pide una subida del 40%
Ante esa negativa, el Ministerio de Función Pública, liderado por Óscar López, ha iniciado una consulta preliminar con el fin de evaluar las propuestas económicas de las aseguradoras.
Tanto Adeslas como Asisa y DKV han participado en este proceso, aunque solo esta última ha revelado públicamente sus condiciones: un aumento del 40,6% en las primas. Adeslas y Asisa, por su parte, han optado por mantener la discreción respecto a las cifras presentadas, aunque ambas han manifestado su disposición a negociar.
Desde Adeslas aseguran que han enviado al Ministerio una carta con anexos en los que justifican su posición y aportan datos para respaldar sus demandas. Asisa, por otro lado, ha confirmado su participación en la consulta, aunque sigue sin detallar cuál sería su prima ideal.
Los sindicatos anuncian movilizaciones
El malestar generado por esta situación ha unido a colectivos de empleados públicos en una acción conjunta sin precedentes.
Nueve sindicatos y asociaciones han convocado movilizaciones para el próximo 11 de diciembre, con el objetivo de exigir al Gobierno una solución inmediata. Entre los convocantes se encuentran sindicatos de profesores, policías, funcionarios de prisiones y empleados de la Agencia Tributaria.
Francisco García, secretario general de la Federación de Enseñanza de CCOO, ha calificado esta unión como “histórica”. Según él, los convocantes representan a “la inmensa mayoría de funcionarios de la Administración General del Estado, colegios, universidades, prisiones y otros sectores”.
Su intención es presionar al Ejecutivo para que cierre cuanto antes un nuevo acuerdo con las aseguradoras, evitando así que el sistema sanitario de Muface quede en el limbo.
Se acerca la fecha de vencimiento del contrato
Las denuncias de los mutualistas insisten en que las aseguradoras están tomando medidas que afectan directamente a los usuarios. Los sindicatos, además, subrayan que la anulación de citas y tratamientos está aumentando conforme se acerca la fecha de vencimiento del actual contrato.
El Ministerio de Función Pública trabaja a contrarreloj para evitar un colapso del sistema. Las consultas preliminares con las aseguradoras han sido un primer paso, pero todavía queda por definir si el Gobierno está dispuesto a aceptar las nuevas condiciones económicas que estas plantean.
Prórroga hasta octubre de 2025
En un reciente comunicado, la Secretaría de Estado de Función Pública subrayaba que “la continuidad de las prestaciones sanitarias está garantizada para todo el colectivo mutualista con arreglo a los mecanismos previstos en la Ley de Contratos del Sector Público”.
La citada normativa especifica que, si, al vencimiento de un convenio, aún no se ha formalizado uno nuevo que garantice la continuidad del servicio, “se podrá prorrogar el contrato originario(...) por un periodo máximo de nueve meses” al existir "razones de interés público para no interrumpir la prestación".
Esto daría margen al Ejecutivo hasta finales de octubre del próximo año.