El duro periplo de Juan José y su familia para que se le reconozca la discapacidad: “No podemos esperar cuatro años”

Juan José de León vive en Santa Cruz de Tenerife y es una de las personas que ponen rostro a la larga espera que existe en Canarias para que se reconozca o se revise el grado de discapacidad. La Ley recoge que debe resolverse en un plazo de seis meses, pero la realidad es que se tarda hasta cuatro años. “No puede esperar cuatro años; le va la vida en ello”, explica su hija Amanda, que no ha parado de moverse para darle una mejor calidad de vida a su padre. 

Este hombre de 69 años sufre una enfermedad “progresiva y degenerativa por diferentes problemas que tiene”, explica Amanda, que añade que “eso hace que tenga una dificultad de movilidad muy importante y vive confinado en una silla de ruedas”. Todo le viene por una insuficiencia renal y una cardiopatía severa. “Su salud es bastante mala y esto ha sido progresivo”, insiste su hija, que cuenta que el año pasado casi muere y se le amputó una pierna. 

La madre de Amanda es la cuidadora de Juan José, que pese a su enfermedad “hace mucho por luchar”, cuenta su hija. Explica que para cuidar su salud mental su padre pinta cuadros para distraerse. “Hemos sufrido mucho y hemos sentido abandono por parte del Gobierno”, apunta. Remarca que cuando empezó con este proceso fue tocando puertas, pero cree que la información es “bastante escasa”. 

Para Juan José y su familia, el hecho de que se le reconozca y revise su situación de discapacidad le permitiría contar con la tarjeta de aparcamiento y así facilitarles el acceso al médico, por ejemplo, ya que acude constantemente a consultas y a la diálisis cada dos días. “Si lo llevamos nosotros, pues tenemos que dejarlo allí, buscar aparcamiento y demás, pero si tuviéramos la tarjeta, sería mucho más fácil”. Amanda cuenta que le han adaptado un coche a su padre y que podría ser utilizado de forma más fácil si tuvieran esa acreditación.  Puntualiza que ahora la ambulancia lo lleva a esas citas médicas, pero muchas veces para regresar a casa tienen que esperar entre tres y cuatro horas. “La última vez salió a las 15.00 y lo recogieron a las 20.00 horas”, agrega. 

El contar con el reconocimiento del grado de discapacidad que tiene Juan José actualmente le permitiría además una reducción en el precio de los productos de ortopedia, por ejemplo, ya que requiere de silla de baño adaptada, barras, asideros, material antiescaras… Asimismo, explica que con ese reconocimiento podrían haberse acogido a una subvención para adaptar el coche o para adaptar la vivienda.  

Juan José vive en un tercer piso sin ascensor y la pensión que cobra es bastante justa, afirma Amanda, que añade que la familia ha tenido que comprar una grúa de su bolsillo. “Las sillas de una grúa para que subiera y bajara las escaleras porque si no, ahora estaría en una cárcel”, remarca. 

Este hombre está reconocido por la Ley de Dependencia con este derecho, pero ahora necesita una revisión de grado. Amanda ha solicitado tanto esta revisión como la discapacidad en febrero y ve cómo camina el año y no se le dan respuestas. Señala que ya le han dicho que los tiempos de espera están en cuatro años y es “inviable”. “¿Crees que una persona puede esperar cuatro años? Es que se puede morir antes …”, se cuestiona. Subraya además, que en su caso, su padre no está solo, pero se pregunta qué pasa con aquellas personas que no tienen familia. 

La familia presentó en noviembre una queja ante la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias. “Reclamo que he presentado una solicitud de Revisión y reconocimiento del grado de discapacidad el día 27 de febrero de 2024 y que después de 8 meses y 20 días aún no he recibido ningún tipo de contestación, ni citación alguna, teniendo en cuenta que el plazo máximo de contestación de dicha solicitud es de 6 meses”, expone Juan José. “Ruego que, por favor, sea atendida y contestada lo antes posible dicha solicitud, mi estado de salud es bastante malo y mis circunstancias son muy difíciles. Necesito que me atiendan para poder facilitar un poco más mi vida diaria, tengo una movilidad muy reducida por el hecho de ir en silla de ruedas y por la debilidad que sufro”, subrayó. 

Asimismo, ha presentado una queja ante el Defensor del Pueblo. “Me siento obligado a reclamar porque no puedo esperar cuatro años como me han dicho que está la lista de espera. Me urge debido a mi estado de salud que es bastante malo, además de movilidad reducida debido a que me han amputado el miembro inferior derecha por encima de la rodilla, hace aproximadamente un año, como consecuencia de mis enfermedades; insuficiencia renal terminal en diálisis, cardiopatía isquémica severa intervenida, disfunción ventricular residual y muchas más afecciones y patologías que hacen que mi día a día sea bastante difícil. Sobra decir que todo esto me hace una persona vulnerable no solo por la dependencia que tengo para desarrollar cualquier tarea de mi vida diaria, sino que también tengo una movilidad reducida, dependo de una silla de ruedas porque no pueden ponerme prótesis debido a las patologías cardíacas que sufro”, remarca en la queja enviada.  

“Necesito resolverlo cuánto antes para poder aliviar y disminuir todas las dificultades que afronto en mi día a día, como por ejemplo, que me aprueben la tarjeta de estacionamiento, una subvención para instalar un salvaescaleras en mi edificio, ya que vivo en un tercero, sin ascensor, para poder adaptar mi vivienda a mi discapacidad, etc. Ruego que se me escuche y que me ayuden a agilizar este trámite. Es fácil de entender la urgencia y la necesidad que tengo por las circunstancias en las que me encuentro y resolverlo me supondría ganar un poco más de calidad de vida”, recalcó en esa carta. 

La Diputada del común investiga estos retrasos 

Esta misma semana, la diputada del Común, Lola Padrón, anunciaba que había abierto una investigación de oficio ante la larga espera de las personas con discapacidad para el reconocimiento y revisión. Las quejas que se reciben desde la Diputación del Común por estos retrasos suelen centrarse en la burocracia excesiva, la falta de personal especializado, la demora en la valoración de las solicitudes y la falta de transparencia en el proceso. De hecho, discapacidad es el área que más quejas tramita, con un número que va en aumento año tras año. 

El motivo principal de queja es la demora en la resolución del grado y revisión del grado de discapacidad, “que supone la puerta de entrada para ejercitar otros derechos y beneficios inherentes”. Lola Padrón pidió esta semana dotar de mayores recursos humanos, así como revisar y simplificar los procedimientos administrativos, promover la coordinación entre los diferentes servicios implicados e informar a las personas sobre el estado de sus solicitudes. 

La directora general de Discapacidad del Gobierno de Canarias, Dulce María Gutiérrez González, señaló el mes pasado a este periódico que a fecha 29 de octubre se han sacado “en total 6.800 resoluciones”, pero aclara que son de distintos tipos: grado de reconocimiento de la discapacidad, solicitudes para vivienda, adaptación de puestos… También explicó que “estamos con un proyecto y varias licitaciones relacionadas con temas tecnológicos, de inteligencia artificial o automatización de datos, para conseguir definir muy bien, limpiar los expedientes que están duplicados, a lo mejor personas fallecidas que siguen apareciendo… Cosas que al final entorpecen porque no te hacen tener una visión clara de cuál es la realidad en nuestro mapa y que no nos deja centrar la atención en lo que hay que hacerlo”. 

Asimismo, insistió en que se está trabajando en la simplificación del gestor de expedientes, en un aumento del personal en trece médicos o en impulsar la tarjeta acreditativa de la discapacidad, con la que espera contar “pronto”.