Congreso socialista y crítica a la gestión

Acaba de clausurarse el 41 Congreso del PSOE, una convención que empezó con el objetivo de resistencia frente al acoso judicial y terminó con un importante discurso del Secretario General con un llamamiento a la movilización y al futuro, presentando un proyecto de país con cuatro grandes retos a abordar y destacando el papel del socialismo español en Europa.  

Hubo, además, junto a otras varias intervenciones, otros dos grandes discursos precisamente de los líderes de UGT y de CCOO, Pepe Álvarez y Unai Sordo respectivamente. Este último llevó a cabo un espléndido análisis ideológico de la situación de España y de Europa, con el avance del autoritarismo y la necesidad de que los socialistas seamos los que lideremos la resistencia y el avance en derechos civiles y sociales, mientras que Pepe Álvarez recordó los logros de la legislatura debidos al diálogo social y sobre todo a la relación entre Gobierno y sindicatos de clase. Ambos coincidieron en señalar que el acoso al Gobierno por tantos frentes viene porque lo que está haciendo es mejorar intensamente la vida de las personas, a la vez que grava a las grandes fortunas y sobre todo a la banca y energéticas. Que nadie piense, señalaron, que cuando se hace política de izquierdas los poderes reales, el capital, va a estarse quieto ante tales políticas.

Pero el Congreso tuvo un punto débil: la ausencia de debate. Y aunque el Art.21.1.b) de los Estatutos establece con claridad que una de las “principales” funciones del Congreso es que “debate y juzga la gestión de la Comisión Ejecutiva Federal”, como históricamente se ha hecho en todos los Congresos del PSOE -salvo en el anterior Congreso de Valencia-,   se ha incumplido manifiestamente. Más aún como fue público y notorio, cuando Isabel Andaluz, una de las actuales portavoces a nivel federal de Izquierda Socialista, solicitó intervenir en ese punto, el presidente del Congreso la cortó y dijo que tomaba nota, pero no le dio la palabra, impidiendo su intervención y proclamando la aprobación por consenso de la gestión. Sin debate alguno.

Por eso quisiera exponer aquí como delegado al Congreso cuál hubiera sido mi intervención en este punto del debate sobre la gestión de la Comisión Ejecutiva Federal, la valoración global de la política del partido de estos años, con sus luces y sus sombras, alguna importante y que es necesario resaltar.

Las luces, los activos han sido muchos, que me llevan a compartir las líneas y actuaciones más importantes de esa gestión. Quiero señalar al menos los siguientes puntos.

El primero, la orientación del Gobierno, la decisión de pactar con otras fuerzas de la izquierda política, con el apoyo de otras fuerzas nacionalistas o incluso independentistas, y con fuerte vinculación con los sindicatos de clase. Desde Izquierda Socialista siempre hemos defendido, ante la posibilidad de que el PSOE no tuviera mayoría suficiente para gobernar solo, una estrategia orientada principalmente a la unidad de acción con la izquierda. No se olvide que hubo una parte del PSOE, significativa aunque minoritaria y encabezada por Felipe González, que proponía una gran coalición, bien de gobierno bien parlamentaria. Lo que ya hizo él en 1993 cuando pactó con CiU para no hacerlo con IU. Ahora Pedro Sánchez ha optado por pactar con la izquierda un Gobierno de progreso, que apoyo con convicción.

Un segundo  punto es el de las políticas laborales y al servicio de los trabajadores que este Gobierno ha venido desarrollando. Desde la reforma laboral para incrementar la estabilidad en el empleo y reducir la temporalidad, tan exitosa; la subida del SMI, que desmiente el bulo liberal de que afectaría negativamente al empleo; la creación del Ingreso Mínimo Vital; hasta la subida de las pensiones con el IPC. Esta línea debe continuarse esta legislatura con otras mejoras, entre ellas seguir subiendo el SMI, la indemnización del despido y la participación de los trabajadores en la empresa –la cogestión– y en sus beneficios. Y hay que insistir en que los socialistas no podemos dejarnos arrebatar por otras fuerzas estas políticas, como si nos las hubieran tenido que arrancar casi a la fuerza. 

Junto a ello, la política de lucha contra el cambio climático y por una transición justa, que ha liderado en España y en la UE Teresa Ribera, junto a la reindustrialización sobre la base de fondos europeos, 

Y la política de memoria democrática, tan importante para hacer frente a la batalla cultural de la derecha franquista y recuperar los valores republicanos.

Hay que resaltar por su enorme trascendencia la política sobre Cataluña, una estrategia de desjudicialización y de diálogo político, con indultos, modificaciones en el Código Penal, amnistía a los intervinientes en el procès y la búsqueda de acuerdos con ERC y Junts, que está dando ya resultados muy positivos, no sólo por el gran triunfo del PSC con la investidura de Salvador Illa,  sino porque el conflicto ha empezado a apaciguarse con una disminución muy significativa del sentimiento independentista y el incremento de los que sienten la doble identidad de catalanes y españoles. Debemos seguir defendiendo el federalismo como proyecto de pais.

Y finalmente, hay que poner también en valor el liderazgo del socialismo español de Europa, así como el de Pedro Sánchez en su posición a favor de la paz y del del pueblo palestino frente a lo que cada día parece más claro un genocidio israelí.

Pero junto a estas luces, las sombras de la gestión. En primer lugar en materia de vivienda. Los precios de compra y de alquiler son hoy inasumibles para una parte importante de la población, sobre todo para los jóvenes y su proyecto de emancipación, de ahí que el Gobierno se haya comprometido en una política de vivienda que haga frente a este grave problema, hasta ahora con escasos resultados. En el año 2023 se aprobó la primera Ley de Vivienda en España, con dos objetivos centrales: la limitación del incremento de las rentas de alquiler mediante la técnica de las zonas tensionadas, y la promoción de un amplio parque de viviendas públicas para alquiler, en la línea de las ciudades más equilibradas de Europa. Sin embargo, al pivotar sobre las Comunidades Autónomas, la mayoría de éstas gobernadas por el PP se han negado a aplicarla, defendiendo como siempre la libertad de especulación en perjuicio de la mayoría social. Únicamente en Cataluña, con ERC y el PSC, y en el País Vasco por la acción del PSE, se viene aplicando y aún limitadamente.

Parece necesario dar más competencias en ambas materias a los Ayuntamientos, al menos a los medianos y grandes, para que en ciertas condiciones puedan declarar zonas tensionadas y constituir parques públicos de viviendas para alquiler.  En este sentido el anuncio hecho por Pedro Sánchez en el propio Congreso sobre la creación de una empresa pública de vivienda, para promover miles de ellas para el alquiler, es una importante noticia para empezar a desbloquear la situación actual y dar un verdadero empuje a esta política de la izquierda, clave en los próximos años.

Una segunda cuestión tiene que ver con el Sahara y el giro dado por el Gobierno, renunciando a la posición histórica de defensa del derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Y lo mismo la reciente entrega de saharauis a Marruecos. Lo peor es que se ha hecho sin explicación plausible alguna, salvo la interpretación de que es una concesión al chantaje permanente del rey de Marruecos.

Por último, habría hablado y criticado las limitaciones a la democracia interna y a la participación de los militantes. Buena prueba de ello es esta negativa a debatir la gestión en el Congreso, vulnerando un principio democrático básico y un artículo clave de nuestros Estatutos. ¿Por qué se rechaza el debate? No sé si es una posición generalizada en la dirección del Partido o sólo de unos pocos que quieren cubrir al líder no sé exactamente de qué. La forma en que se aplica el sistema de primarias, por el que con un único candidato/a no se vota, nadie vota, lleva a un proceso de concentración de poder en el líder, por cuanto su legitimación lo sitúa en un plano superior a los Congresos, sin que se generen los contrapesos necesarios, fundamentalmente el debate, y minimizando el papel de las corrientes de opinión, a las que apenas se deja hablar. 

En este Congreso defendí enmiendas para que aún con un candidato se votara. No prosperó, con el argumento de que podría ir poca gente a votar y se interpretaría como de poco apoyo al candidato/a. Pero si no hay voto, no hace falta campaña, ni explicación de posiciones. Miedo a la democracia. 

Y lo mismo en cuanto a la relación entre partido y Gobierno. Tengo muy claro que el partido tiene que apoyar al Gobierno y defender sus políticas, pero también controlarle. Sin embargo, como vemos en la práctica, ocurre lo contrario. Incluso en este Congreso se ha elegido para secretarías de muchas áreas importantes a los propios ministros y ministras del ramo, lo que implica que la posición del Partido la fija el Gobierno y no al contrario, ni siquiera con posibilidad de que haya una influencia mutua.

La valoración final de mi intervención en la crítica a la gestión hubiera sido positiva, pero sin ocultar lo que considero sombras que deben ser alumbradas.