Moncloa hace frente común con Ábalos contra Aldama
Víctor de Aldama sigue marcando la agenda política y judicial del Gobierno. En la Moncloa asisten con frustración al goteo de informaciones y revelaciones que surgen del «nexo corruptor» de la trama y asumen que tendrán que trazar una estrategia alternativa a la mera negativa que han sostenido hasta ahora. El discurso de que «no hay nada», que llevan meses transmitiendo, muestra ya síntomas de desgaste y en el Gobierno han decidido pasar a la ofensiva. En este sentido, desde el Ministerio de Transportes –que dirige actualmente Óscar Puente y sobre el que pesan las principales sospechas– se ha decidido iniciar su propia investigación interna para dilucidar qué base tienen las acusaciones del comisionista. Esto supone, en suma, un giro en la reacción a las acusaciones: de negar toda credibilidad a Víctor de Aldama a tratar de desmontarle con datos.
«Malas noticias para Aldama», aseguró ayer en declaraciones a «La Sexta» el titular de Transportes, anticipando que en un primer análisis de los contratos públicos que, según el comisionista, se adjudicaron a cambio de «mordidas», no se aprecia ninguna irregularidad aparente. El ministro desvela que habría indicios y pruebas de las falsedades que el presunto comisionista del «caso Koldo», Víctor de Aldama, ha presentado contra el exministro José Luis Ábalos. «Lo que estamos viendo, al menos en el estudio inicial, es que lo que ha dicho no tiene ningún sentido, ni pies ni cabeza», señaló. La idea de Transportes es emitir un informe, una vez revisen toda la documentación, y enviar las principales conclusiones al juez, al que consideran en Moncloa que Aldama le está «tomando el pelo».
En concreto, dentro de los contratos que señala Aldama habría dos de la etapa anterior, del ministro de Fomento de la época del PP, de Íñigo de la Serna; dos contratos de la ministra socialista Raquel Sánchez y tan solo un contrato firmado en la época de José Luis Ábalos. «Tendrá que demostrar si hay algún tipo de amaño en el contrato», apuntan fuentes gubernamentales, que señalan que el cobro de comisiones a empresas por interceder en negocios no reviste ninguna irregularidad. En Moncloa sostienen que Aldama «no ha aportado ninguna prueba contundente» hasta ahora para demostrar las irregularidades que denuncia. «Es ciencia ficción», resuelven fuentes del Ejecutivo, que siguen demandando «papeles» que sustenten las graves acusaciones. «Más que preocuparnos, nos indigna», sostienen desde el Consejo de Ministros, evidenciando la frustración que les genera no poder defenderse ante el goteo incesante de informaciones que surgen del «nexo corruptor».
En este sentido, en Moncloa dicen ahora estar tranquilos ante la futura declaración de Ábalos, que ha pedido in extremis aplazarla para tener tiempo de estudiar y preparar en profundidad su defensa por lo «extenso» de la causa. Fuentes gubernamentales muestran su convencimiento de que «Ábalos se va a proteger y no va a disparar contra el Gobierno». Los contactos con el exministro son mínimos. «Hemos hablado poco», reconocen, porque el que fuera todopoderoso secretario de Organización del PSOE «se enfadó» por el cortafuegos que el PSOE y Moncloa levantaron para cortocircuitar cualquier réplica que pudiera producirse fuera del Ministerio de Transportes. No le gustó la manera en que el partido le abrió un expediente de expulsión del PSOE y forzó su salida del grupo parlamentario al Mixto, así como la auditoría interna que Puente impulsó a su llegada a la cartera, tras conocerse el escándalo. Dos movimientos que interpretó como una «traición» y una caza de brujas.
En el Ejecutivo han soltado amarras con Ábalos. Mientras que hay algunos ministros, como Puente, que siguen manteniendo que «no es una persona deshonesta» –«yo he dicho muchas veces que lo tendría que ver para creérmelo, y aún viéndolo, me costaría creerlo»–, hay otros dirigentes que prefieren no poner la mano en el fuego por él. Sin embargo, tanto Ábalos como Moncloa han trazado un frente común de defensa que consiste en «desmontar» a Aldama. El propio exministro de Transportes ha revelado que su estrategia en sede judicial será desmentir todo lo que dice la UCO, el fiscal y Aldama en la Audiencia Nacional. Esto es, una estrategia de autodefensa sin necesidad de salir al ataque contra el Gobierno. De momento, Ábalos se aferra a que ni está formalmente expulsado del PSOE –todavía no se ha resuelto el expediente– ni imputado de manera oficial –al menos hasta que se tramite el suplicatorio–. De hecho, ha querido demostrar una actitud proactiva y de colaboración con la Justicia, pidiendo declarar voluntariamente para poder responder a las acusaciones que pesan sobre él y dar una versión alternativa de los hechos que se le imputan.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señala a Ábalos como uno de los actores principales de esta trama, concediéndole un «papel relevante y de responsabilidad» en toda la red de presunta corrupción que giraba en torno a su mano derecha, Koldo García. Los investigadores trazan una línea entre un Víctor de Aldama, que ejercía de enlace con el Ministerio que dirigía el propio Ábalos, y la creación de «estructuras societarias que operan bajo su control y dirección». Sociedades que, en todo caso, no solo le reportaban beneficios directos en el apartado económico derivados de la «penetración en el Ministerio», sino que también los destinaban al «pago ilícito o de dádivas en aras de asegurar la complicidad con ciertos trabajadores públicos». Sin embargo, en los últimos meses, Ábalos ha pugnado por ofrecer su versión alternativa ante el juez, siendo denegada su personación como perjudicado en la causa el pasado mes de septiembre, tras la auditoría efectuada por Óscar Puente. También lo intentó en noviembre, como paso previo a solicitar una declaración voluntaria que está cada vez más cerca.