Poder Judicial lamenta decisión de presidente sobre plan de Ejecución de la Pena y rechaza el populismo punitivo

El Poder Judicial lamentó la decisión del presidente Rodrigo Chaves de desconvocar el proyecto de Ley de Ejecución de la Pena de la agenda legislativa, al considerar que se trata de una iniciativa urgente para ordenar el sistema penitenciario. La Corte llamó a que el tema se trate con altura y responsabilidad, rechazando “los ataques, el populismo punitivo y las narrativas que buscan dividir”.

“La construcción de acuerdos en beneficio del país debe prevalecer. Exhortamos a que se retome el análisis del proyecto con la seriedad que merece, pues está en juego la posibilidad de garantizar un sistema penitenciario que responda a los desafíos actuales y futuros de nuestra sociedad”, manifestó el Poder Judicial.

Chaves retiró el proyecto el 26 de noviembre, pese a que el texto surgió de un consenso entre los poderes de la República y a que ya está en etapas avanzadas. La diputada independiente Gloria Navas advirtió de que el mandatario lo sacó de la agenda después de que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dijo que encargaría un diagnóstico del sistema penintenciario costarricense.

El proyecto de Ejecución de la Pena tiene como objetivo garantizar el cumplimiento de las sentencias penales. Gloria Navas enfatizó que el plan saldaría una deuda con el país, porque existen pocos artículos en el Código Penal al respecto, lo que ha causado un esquema fragmentado, manejado a través de circulares.

“Eso permite que se otorguen o se restrinjan beneficios por decisión administrativa y no con base en la ley. Durante la visita de Nayib Bukele a La Reforma, junto con Chaves, el salvadoreño, con ínfulas de dictador, le dijo que él podía ayudar. Chaves ha dicho que quiere mantenerse en el poder. Él solo piensa atacar al Estado de Derecho. Esto permite concluir que su pretensión será implantar un régimen de excepción. Debemos concientizar sobre este peligro”, dijo.

Por otra parte, el socialcristiano Horacio Alvarado justificó la decisión de desconvocar la iniciativa, pues dijo que se está trabajando en mesas para hacer un nuevo texto sustitutivo.

El expediente 24019 fue dictaminado positivamente el 24 de octubre en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico del Congreso, con lo que ya está listo para su discusión en el plenario, pero el Poder Ejecutivo lo retiró de la convocatoria el 26 de noviembre. El gobierno controla la agenda de la Asamblea Legislativa entre noviembre y enero.

El martes, se consultó a la ministra de la Presidencia, Laura Fernández, y a la jefa de la fracción oficialista, Pilar Cisneros, la razón para haber sacado el proyecto, pero ninguna de las dos respondió.

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De acuerdo con el Poder Judicial, el proyecto propone un marco legal que sustituiría la actual dispersión normativa entre circulares e interpretaciones, a fin de asegurar decisiones claras, “tanto judiciales como administrativas”, respecto a la ejecución de las sentencias penales.

“Establece plazos para resoluciones judiciales, regula funciones de autoridades penitenciarias y define deberes para las personas privadas de libertad, respondiendo a las demandas actuales de nuestra sociedad”, puntualizó la Corte a través de un comunicado, el 29 de noviembre.

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El Poder Judicial recordó que la Sala Constitucional ha señalado la necesidad de que exista una ley que ordene la política penitenciaria, que actualmente está sujeta a cambios según los gobiernos de turno.

Al igual que el Poder Judicial, varios diputados lamentaron la decisión del gobierno, particularmente los integrantes de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.

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El presidente de ese órgano, el liberacionista Gilberth Jiménez, dijo que se ha trabajado mucho en este texto, con la colaboración del Ministerio de Justicia, la Sala Tercera, instituciones de salud y los asesores legislativos.

“Creo que lo que ha faltado es un poquito de información de parte de los representantes del oficialismo, en particular las asesorías de doña Pilar, que no se han podido empapar a fondo, y terminan haciendo un retiro indebido, cuando el tema urge regularlo con esta ley pionera. Esto duele mucho porque estamos haciendo un esfuerzo muy grande”, indicó el verdiblanco.