La UCM ratifica una plaga «irregularidades» en la contratación del software de Begoña Gómez

La interventora de la Universidad Complutense de Madrid (UCM) María Elvira Gutiérrez-Vierna de Molina ratificó en un informe que el primero de los tres contratos que entraron en juego para el desarrolló del software por el que se investiga a Begoña Gómez se firmó «irregularmente» y es «nulo» porque tanto su preparación como adjudicación se hizo con «inobservación absoluta de los procedimientos establecido».

A través de este expediente de contratación se encargó a la empresa Making Sciencie Group SA la prestación, por un importe de 24.200 euros de dinero público, de los servicios de desarrollo e implementación del software plataforma Transforma TSC para la medición del impacto social y medioambiental en pequeñas y medianas empresas. Su creación se urdió en la cátedra extraordinaria de Transformación Social Competitiva que codirigía la mujer de Pedro Sánchez en la UCM.

Este servicio, relata la interventora, fue solicitado por la directora de la cátedra, que no es otra que la propia Gómez, y fue efectivamente realizado para esta «ya que acreditó su conformidad con la ejecución de la prestación pactada».

Pero el problema es que esta prestación fue «concertada irregularmente» por no haberse cumplido con lo que establece la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP) y la normativa interna de esta Universidad para las contrataciones administrativas que rigen contratos como este.

Primero, se deja claro en esta auditoría que la esposa de Pedro Sánchez no podía ser quien estuviese al frente de la contratación. La funcionaria recuerda que la legislación estatal establece que la competencia para contratar en representación de una entidad del sector público, como es la UCM, corresponde al órgano de contratación, que, en este caso y según los estatutos del centro universitario, es el rector, Joaquín Goyache, otro de los imputados en el «caso Begoña Gómez». Él solo puede delegar –según habilita un decreto rectoral del 28 de junio de 2023– en la Gerencia de la Universidad.

Más allá de uno y otra, se explícita en este documento, «nadie puede contratar nada en nombre y para esta Universidad», tal y como establecen las normas internas de ejecución de presupuestos. Estas dejan meridianamente claro que «ningún otro órgano o miembro de la UCM puede suscribir contratos», como hizo Gómez. Y, si así ocurre, advierte, serán «nulos de pleno derecho».

Por tanto, la conclusión a la que llega la interventora, para empezar, es que al menos el primero de los contratos del software que se desarrolló por petición de la mujer del presidente en el seno de su cátedra extraordinaria es nulo porque la forma en que se concretó se aparta con creces de la legalidad.

Asimismo, sentencia el informe que no cabe aplicar ninguna excepción a la que pudiera agarrarse la esposa de Sánchez por las propias características del acuerdo y el precio que se pagó. Ni, por un lado, se trata de un contrato de emergencia, con lo que queda prohibido expresamente que la contratación se efectúe verbalmente. Tampoco, por el otro, puede ser considerada una contratación menos ya que el gasto que supone (más de 20.000 euros) supera el umbral establecido para estos.

Para la UCM se realizó, de forma evidente, «una inobservancia absoluta de los procedimientos establecidos tanto para la preparación del contrato como para su adjudicación». Ambas partes del proceso se efectuaron «prescindiendo» de lo que fija en su artículo 130 la LCSP. El destino del contrato, ante estas inevitables causas de nulidad, recuerda la interventora, no puede ser otro que su entrada en fase de liquidación, lo que obliga a cesar su ejecución.

[[H3:Intramuros dan al rector Goyache por «chamuscado»]]

Al aún rector, Joaquín Goyache, al que se investiga por si creó ad hoc la cátedra para Gómez, se le da en el corazón de la Complutense por «chamuscado». El sector que le apoyaba, muchos miembros de su propio equipo en el Rectorado, no ha pedido su cabeza hasta ahora por una sola razón: no hay en la actualidad una persona que se presente como alternativa para ejercer de máxima autoridad, según trasladan a LA RAZÓN fuentes de este centro universitario público madrileño.

Internamente es una opinión común que cometió el error insalvable de, tras acudir a Moncloa, haber aceptado, teniendo delante al presidente del Gobierno, la petición de Gómez de poner en marcha una cátedra extraordinaria en la que pudiese ejercer la dirección, explican estas mismas fuentes.

Este informe de la interventora se lee como una «denuncia interna» que advierte a las «muchas irregularidades» que habría en los gastos de la mujer de Sánchez cuando estaba al frente de la cátedra. Entienden que evidencia que se permitió a Gómez desde las más altas instancias de la UCM a no someterse a los trámites administrativos de contratación.

Otro punto que es conocido intramuros y se considera «gravísimo» es que consiguiese los alumnos a través de las empresas patrocinadoras a las que habría pedido –aseguran estas fuentes–aportaciones superiores a los 7.000 euros por cada alumno de los másteres. No descartan que este hecho sea coincidente con un delito de tráfico de influencias porque el que, de hecho, ya la investiga el juez Juan Carlos Peinado.